Mauricio Macri se reunió con tres intendentes en la quinta de Los Abrojos donde debe cumplir la cuarentena obligatoria de 14 días por haber estado en otro país.

El expresidente Mauricio Macri estuvo reunido con Martín Yeza, intendente de Pinamar; Ezequiel Galli, de Olavarría; y Francisco Ratto, de San Antonio de Areco. La reunión podría terminar con una denuncia penal en su contra.

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, indicó en su cuenta de Twitter que junto con los intendentes de San Antonio de Areco y Olavarría se reunieron con Mauricio Macri, quien regresó al país hace siete días.

“Hoy junto a @ezequielgalli y @rattofranc estuvimos (al aire libre) con @mauriciomacri. Conversamos sobre el presente de nuestro país y compartimos nuestra preocupación por el futuro”, aseguró Martín Yeza.

Según explicó el intendente, el exmandatario “está preocupado y por lo tanto muy comprometido con Juntos por el cambio y los acontecimientos de nuestro país. Los acontecimientos de las últimas horas ratifican la importancia de no aflojar”.

Tras el anuncio de Yeza, muchos recordaron que el expresidente debía mantener el aislamiento de 14 días que le corresponden por la ley de emergencia sanitaria de la pandemia por coronavirus. Teniendo en cuenta que Macri, su esposa y su hija Antonia regresaron de Suiza el pasado 3 de septiembre, no podría contactarse con otras personas hasta el 17 de septiembre.

Cuando le consultaron a Yeza, el intendente se excusó diciendo que estuvieron “al aire libre”, y aclaró que no sabía que a Macri le quedaban días de aislamiento por su viaje a Europa.

Cabe recordar que cuando se anunció que el país ingresaría en una emergencia sanitaria, Alberto Fernández había asegurado que quienes regresaban desde el extranjero debían mantenerse aislados.

“La persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No es voluntario, no es una recomendación: deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”, sostuvo el mandatario a fines de marzo.

La falta de precisión sobre la suba salarial que anunció el gobierno de Axel Kicillof no calmó los ánimos. Armados y con uniformes, miles de agentes reclaman en distintos puntos del GBA y el interior bonaerense: La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Junín, Bahía Blanca, Olavarría y Tres Arroyos, entre otras localidades. Las reacciones reavivaron las pujas internas y aumenta la presión sobre Sergio Berni. 

En la Quinta de Olivos acusan a Berni de no advertir el malestar salarial. Kicillof señala a los intendentes, que vuelven a insistir con la renuncia del ministro de Seguridad de la Provincia.

Las masivas protestas de efectivos de la Policía bonaerense en el conurbano y diferentes puntos del interior de la Provincia generaron una especie de “caza de brujas” en el Gobierno nacional y en la administración de Axel Kicillof: todos quieren encontrar al responsable de esta situación que podría tener un alto costo político para el Gobernador y el presidente Alberto Fernández.

Hay acusaciones cruzadas y pases de facturas por la rebelión policial: Kicillof apunta a los intendentes; el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni también señala a los jefes comunales, que devuelven los dardos y aseguran que la política de seguridad implementada por la Provincia nunca fue la correcta. Incluso se animan a criticar la postura “garantista” que parte desde el Instituto Patria, el búnker político de Cristina Kirchner.

En este contexto, desde la Quinta de Olivos direccionan sus cañones a Berni por no advertir el malestar salarial de la fuerza bonaerense y aseguran que en las últimas semanas se trabajó en el megaplan de Seguridad para la Provincia y el funcionario nunca advirtió esta situación o puso sobre la mesa que debía otorgarse un aumento de sueldo para traer calma en los agentes. En muchos de estos encuentros no estuvieron presentes ni el titular de la cartera bonaerense ni su par de Nación, Sabina Frederic.

Los integrantes de la fuerza de seguridad bonaerense se quejan de los sueldos y de la atención del IOMA, la obra social del Estado bonaerense. Además de exigir un aumento salarial inmediato, hablan de falta de materiales como armamento, uniformes y hasta combustible para los patrulleros. Incluso advierten que tienen que comprar su propio equipamiento.

La Cámara de Casación le concedió otra vez el arresto domiciliario. El TOF 4 deberá definir si acepta que se vaya a una casa en un country de Pilar o si insiste con el pago de la fianza.

La Cámara de Casación ordenó una vez más el arresto domiciliario de Lázaro Báez pero su suerte quedó en manos del Tribunal Oral Federal 4, que viene rechazando todos los planteos de la defensa del empresario. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae, que el tribunal definirá esta tarde si se hace efectiva la resolución de Casación o insiste con el pago de la fianza de $386 millones para dejar la cárcel de Ezeiza.

Esta mañana, la Sala IV de Casación hizo lugar a un recurso de casación interpuesto por la defensa de Báez y ordenó “estar a la decisión dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7 de fecha 18 de marzo de 2020″, cuando el juez Sebastián Casanello le otorgó la domiciliaria en la causa que investiga la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay.

La interna judicial sobre la libertad de Báez arrancó el 8 de julio, con otro fallo de la Cámara de Casación en la causa conocida como M&P,donde se lo acusa de una maniobra de lavado de dinero de más de $125 millones. Desde entonces, el TOF viene rechazando sistemáticamente la libertad domiciliaria.

Hace dos semanas, el TOF ratificó que Báez debía pagar una fianza de más de $386 millones para salir de la cárcel de Ezeiza.“Estar a lo dispuesto por este Tribunal el 4 del corriente mes y año con relación al pedido de arresto domiciliario en el marco del legajo no 3017/2013/TO4/3″, dice esa resolución, donde además fijó el monto de la caución en $386.578.500, siguiendo la pauta que le impuso Casación.

Originalmente, el Tribunal Oral Federal 4 le había fijado una fianza en $635 millones, pero el fiscal Abel Córdoba determinó que se tenía que tomar en cuenta la cotización oficial del dólar y no la del dólar “blue”. La cifra establecida, unos USD 5,5 millones, surgía de la diferencia entre los USD 10.400.000 que se habían depositado en una cuenta de Bahamas a nombre de Kinski SA y el dinero que la Justicia logró congelar, algo más de USD 4,5 millones.

El Senado aprobó por unanimidad la “Ley Mica Ortega”, que apunta a concientizar sobre el ciberacoso infantil.

Este jueves el Senado de la Nación dio media sanción a la llamada “Ley Micaela Ortega”. Se trata de un proyecto que busca concientizar contra elciberacoso infantil, también conocido como “Grooming”. Tras ser apoyado por unanimidad, ahora tendrá que ser ratificado en la Cámara de Diputados.

El proyecto fue impulsado por el senador de Catamarca Dalmacio Mera, y toma el nombre de una chica que en 2016 fue asesinada tras ser engañada en las redes. La ley prevé que todos los celulares, notebooks y tablets que se vendan o distribuyan en el país tengan una advertencia para chicos y padres acerca el peligro del ciberacoso a menores.

Antes de votar, Mera leyó el mensaje que le envió a su celular la madre de la víctima: “Mi hija Micaela está mirando cada una de sus actitudes, a Mica le quitaron la inocencia y su muerte se podía haber evitado. Mica no tendría que haber muerto y el Estado es responsable, pero hoy todo cambiará. La Ley que lleva su nombre es un mimo al alma, todos tienen que saber qué es el Grooming y quién fue mi hija”.

El caso que inspiró la ley

En el año 2016 una chica de 12 años que vivía en Bahía Blanca llamada Mica Ortega fue asesinada por un pedófilo que la contactó a través de Facebook. Jonathan Luna, de 26 años, estaba preso por abusar sexualmente a una mujer embarazada pero obtuvo el permiso de salida transitoria y se creó distintos perfiles en esta red social, haciéndose pasar por una menor de edad.

Así fue como contacto a su víctima, la engañó y la llevó a un descampado donde no logró abusarla sexualmente y terminó estrangulándola con su remera.

FUENTE LA 100

"En 20 provincias se registra un aumento de la ocupación de camas en el último mes y muchas de ellas están casi al 100 por ciento como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Jujuy" con el agravante de "una merma de intensivistas" para la atención, indicó la secretaria de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, (SATI) Rosa Reina.

La secretaria de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, (SATI) Rosa Reina, aseguró hoy que en Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Jujuy la ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva "están casi al 100 por ciento" y señaló que, en la mayoría de provincias, se registra "un aumento".

"En 20 provincias se registra un aumento de la ocupación de camas en el último mes y muchas de ellas están casi al 100 por ciento como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Jujuy" con el agravante de "una merma de intensivistas" para la atención, indicó.

En declaraciones realizadas esta noche en la señal de cable A24, detalló que, antes de la pandemia, eran "1.800 intensivistas en todo el país" y que ahora son "muchos menos ya que algunos fallecieron por el mismo coronavirus" y no se puede incrementar el número porque se trata de una especialidad que requiere una formación profesional de cuatro años.

Por su parte, Célica Irrazábal, médica de terapia intensiva del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, precisó que "hace mucho" que los profesionales del área son "pocos" y remarcó que, "cuando se da este síndrome de acorralamiento de camas, lo sufrimos siempre".

"Aumentó entre cinco y seis veces la cantidad de camas pero no los intensivistas. En el Clínicas se multiplicó por siete la cantidad de camas, pero dado el aumento de contagios era un milagro tener una cama libre, aunque siempre pudimos dar respuesta a la demanda", destacó Irrazábal.

Ambas profesionales coincidieron en que la obesidad mórbida "es el primer factor para determinar el agravamiento de un caso de coronavirus".

En este sentido, Reina puntualizó que la tendencia en todo el país "parecería ser que los obesos mórbidos y los diabéticos se ubican en el primer lugar de comorbilidades" a los que le siguen los pacientes hipertensos y cardíacos.

La secretaria de la SATI reiteró que "el nivel de contagios en el AMBA en los últimos dos meses es altísimo, lo que lleva a un nivel de estrés y agotamiento importante, ya que muchos de los médicos hacen guardia en varias instituciones y hay que buscar los reemplazos, mientras que otros se contagian y deben estar aislados".

Irrazábal destacó que, en el Clínicas, "el ánimo es bueno entre los médicos" pero indicó que saben que "no" tienen "mucho más margen para crecer en cantidad de camas y recursos humanos".

FUENTE

En tanto, la cantidad de nuevos contagios fue de 9.924 casos y la cifra se eleva a 471.806 desde el inicio de la pandemia.

Otras 117 personas murieron y 9.924 resultaron contagiadas de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras desde el Gobierno nacional reclamaron a las autoridades porteñas que "hagan cumplir los protocolos con los que se comprometieron" para decidir la apertura de bares y restaurantes.

Con las cifras oficiales anunciadas esta noche, el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia ascendió a 9.739 personas, en tanto que los contagiados llegaron a 471.806 casos.

Las personas con coronavirus internadas en salas de terapia intensiva llegan a 2.456 en todo el país, lo que representa el 61,7% de las camas ocupadas a nivel nacional y el 67,7% en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En las últimas 24 horas Buenos Aires reportó 5.320 casos, Ciudad de Buenos Aires 1.084, Catamarca 10, Chaco 141, Chubut 77, Córdoba 424, Corrientes 2, Entre Ríos 88, Jujuy 326, La Pampa 9, La Rioja 58, Mendoza 483, Neuquén 171, Río Negro 169, Salta 279, San Juan 15, San Luis 35, Santa Cruz 138, Santa Fe 698, Santiago del Estero 67, Tierra del Fuego 24 y Tucumán 307.

Cafiero pidió que se cumplan los protocolos en Ciudad

En este contexto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le pidió a las autoridades porteñas que "haga cumplir los protocolos con los que se comprometieron" en relación a las aperturas que se fueron dando en la ciudad y consideró que "hay imágenes que muestran" que esos procedimientos "no se cumplen".

"Necesitamos que la ciudad cumpla con los protocolos a los que se comprometió. Hay imágenes que muestran que los protocolos no se cumplen", dijo el funcionario en declaraciones radiales, en referencia a las aglomeraciones de personas que se registraron anoche en las veredas de varios bares y restaurantes de la ciudad, actividad que fue permitida desde esta semana.

En ese marco, Cafiero dijo que cumplir los protocolos "es fundamental para que la propagación del virus no continúe ascendiendo, que es lo que sucedió esta semana con récord de casos, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires".

En respuesta, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, aseguró que en los bares y restaurantes de la ciudad "se cumplen los protocolos" sanitarios, pero admitió que siempre puede haber casos de violaciones, y anunció que hoy se van a "reforzar los controles".

Indicó que el Gobierno porteño hizo "un control exhaustivo en la ciudad para cumplir con todas las condiciones y cuidados, pero siempre hay algún lugar donde se puede incrementar ese control, por eso estamos pidiéndole a la gente mucha responsabilidad".

Los centros de Salud
En este marco de apertura, Télam habló con los trabajadores de la salud del Hospital Carlos Durand, del barrio de Caballito, quienes se mostraron agotados y apremiados por una demanda creciente de personas contagiadas.

Los trabajadores, que acaban de perder a tres de sus compañeros como consecuencia del virus, contaron que no hay personal para cubrir la demanda que requieren las 48 camas de terapia intensiva que tiene ese centro de salud.

"Estamos exhaustos, a esta altura hay una angustia permanente en los compañeros de trabajo, estamos siempre al límite", aseguró durante una recorrida realizada por Télam Gastón Kalniker, uno de los enfermeros del Durand, donde más de 300 trabajadores se infectaron con Covid-19 y murieron tres enfermeros.

"No damos más y estamos en la primera línea; sabés que no te podés permitir un error y la presión te genera un cansancio extra. Puedo entender el fastidio de todos, pero no puedo comprender cómo desde el Gobierno se fomentan ese tipo de encuentros, se abren bares, peatonales y se promueven marchas", enfatizó.

Por su parte, Marcela Anglese, coordinadora del hospital modular de Quilmes, también relató a Télam las vivencias de los trabajadores de la salud que están en la primera fila junto a los pacientes con coronavirus, quienes con su aparatoso equipo de protección sobre la ropa trabajan entre 13 y 14 horas diarias, asisten, animan, celebran y muchas veces también lloran las pérdidas,

"El trabajo es constante, pasamos mucho tiempo al lado del paciente, les hablamos, contamos chistes para animarlos, charlamos con sus familias, les damos indicaciones", dijo Anglese, quien coordina la unidad de cuidados intermedios del hospital modular asociado al Hospital de Agudos Dr Isidoro Iriarte de la ciudad bonaerense de Quilmes.

Esta psicóloga social de 50 años eligió las palabras "calidez y estímulo" para describir el trabajo que realizan a diario tanto ella, como el jefe del Área de Infectología, Gustavo Cañete, y otros 5 médicos y 12 enfermeros para atender a un promedio de 22 pacientes cada jornada.

Panorama internacional de la pandemia
En el plano internacional, la pandemia registró un récord diario de 304.626 nuevos casos en el mundo, según el recuento que realiza la Universidad Johns Hopkins, con India impulsando la suba con 86.432 infecciones en las últimas 24 horas y acercándose a Brasil como el segundo país más afectado por el virus, mientras otros estados continúan con el reinicio del ciclo lectivo.

India, el tercer país más afectado por la pandemia que se desató en diciembre en la ciudad china de Wuhan, marcó un nuevo récord y superó hoy los 4 millones de casos de coronavirus al sumar 86.432 nuevas infecciones en la víspera, informó el Ministerio de Salud, mientras que las muertes ascendieron a 69.561, tras sumar 1.089 en el último día.

El país asiático de más de 1.300 millones de habitantes registró en la última semana sus cifras más altas de contagios y la tendencia sugiere que podría sobrepasar en los próximos días a Brasil, el segundo país más afectado, después de Estados Unidos, que según el recuento de la Universidad Johns Hopkins tiene 6,2 millones de casos y más de 188.000 muertes.

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Con el avance de un sumario contra los inspectores que colaboraron con la denuncia por fraude impositivo contra Cristóbal López, esta semana se cierra la estrategia que ya había empezado con la Oficina Anticorrupción y el organismo antilavado.

Las decisiones fueron a cuentagotas, desde distintos organismos del Estado, pero todas direccionadas hacia un mismo lugar: las causas por corrupción contra el ex gabinete de Cristina Kirchner. La oposición desde distintos referentes políticos, sostiene que todo responde a un “plan de impunidad” para beneficiar la situación judicial de la vicepresidenta, procesada en ocho causas judiciales, todas ellas elevadas a juicio oral, enfrentando embargos por más de $ 12.000 millones, con las empresas familiares intervenidas hace cuatro años y con sus hijos enviados a juicio oral por lavado de dinero. De su situación frente a la Justicia “no se habla” aseguran en la Casa Rosada, desde donde se respaldaron las medidas adoptadas por la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA).

Fue la OA que dirige Felix Crous la primera en anunciar que no iba a querellar más en dos causas, Los Sauces y Hotesur SA. Se tratan de las dos empresas familiares de los Kirchner investigadas por presuntas maniobras de lavado de dinero. El organismo estatal consideró que no debían encontrarse entre los acusadores por tratarse, a grandes rasgos, de negocios entre privados. Durante la instrucción, la justicia indicó que tanto la inmobiliaria como la firma hotelera, fueron “pantallas para poner en circulación dinero ilícito con la apariencia de licitud”. Es decir, dijo el juez Julián Ercolini: simularon alquileres sólo para blanquear fondos.

En las últimas semanas, mientras comenzó el debate por la reforma judicial impulsada por el Gobierno y una marcada determinación de remover jueces en Comodoro Py que intervinieron en causas contra Cristina Kirchner, hubieron decisiones en organismos del Estado que como objetivo final, confluyen en no avanzar en casos de corrupción contra la gestión kirchnerista, 

En la UIF, el organismo que conduce Carlos Cruz: fueron desplazados más de quince personas desde directores de análisis, abogados de litigios, miembros de áreas internacionales. Todos quedaron señalados como personal que respondía a la gestión de Mariano Federici (Cambiemos). Todos tuvieron algún grado de participación en expedientes por corrupción contra figuras del kirchnerismo.

No fue lo único. Desde Juntos por el Cambio observan, además, un cambio de postura frente a las investigaciones en las que el organismo querella y que tienen como principales acusados a la vicepresidenta, sus ex socios comerciales y ex integrantes de su último gabinete. En lo que respecta a Lázaro Báez que está siendo juzgado por lavado, "en vez de requerir una condena de 16 añoscomo se había estipulado antes del cambio de gestión, se requirió una pena de 8 años", explicó una fuente del organismo .

Otro ejemplo, en un caso relacionado a los Cuadernos de las Coimas, la UIF  "no apeló el archivo de actuaciones respecto a Cristina Kirchner". Al no contar con apelación de las querellas, quedó firme la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi, que no encontró pruebas suficientes para procesar en un tramo a la vicepresidenta.

Esta suerte de “amnistía administrativa” como incluso algunos funcionarios judiciales se animaron a calificar, llegó hasta la AFIP. En el marco de la causa Cuadernos y a pedido del fallecido juez Claudio Bonadio, se investigaron 850 contribuyentes, entre ellos Cristina Kirchner. Se debía analizar el entorno familiar y el crecimiento patrimonial de todos los imputados en el caso, durante doce años, algo que se trasladó a los empresarios y sus compañías.

La AFIP macrista creó un Comité Coordinador integrado por 70 personas, entre técnicos, abogados, especialistas, que también tuvieron a su cargo otras investigaciones, como la vinculada a los posibles movimientos de fondos ilícitos en la obra del soterramiento del tren Sarmiento, que involucraba al primo del ex presidente Mauricio Macri, o la causa sobre Oil Combustibles, petrolera de Cristóbal López.

Ese Comité fue auditado en su trabajo y calificado como “correcto, sin observaciones” en las tareas de colaboración con la justicia. Pero la semana pasada, sin embargo, se conoció que la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, avanzó en el sumario administrativo para investigar a este grupo de trabajo interno. Además, disolvió la Dirección de Integridad Institucional y derogó varias resoluciones sobre transparencia adoptadas durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

Las actuales autoridades quieren saber si ese Comité, ya disuelto, “estuvo ajustado a derecho”, ya que Cristina Kirchner denunció que se trató de un “grupo de tareas”. Y se comenzó a auditar una investigación, que ya había sido auditada con resultados favorables. 

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La apoderada del organismo, María Eugenia Lachalde, inició una causa que recayó en el juez Sebastián Casanello. Fuentes del Gobierno adelantaron que no van a negociar con los delincuentes.

Un grupo de hackers ingresó en
plena pandemia del coronavirus a la base de datos de la Dirección
Nacional de Migraciones, robó información y pide un rescate millonario
para devolver los archivos, según denunció el propio organismo a través de su apoderada, María Eugenia Lachalde.

El
27 de agosto pasado los delincuentes informáticos lograron romper los
sistemas de seguridad digitales y ocasionaron una caída de los
servicios, por lo que las autoridades decidieron en aquel momento
suspender el tránsito de personas en las fronteras durante 4 horas para
evitar errores, hasta que paulatinamente los servidores volvieron a
funcionar.

“El Sistema
Integral de Captura Migratoria (SICaM) que opera en los pasos
internacionales se vio particularmente afectado, lo que ocasionó
retrasos en el ingreso y egreso al territorio nacional”, se explicó en ese momento.

Sin
embargo, Migraciones aclaró que “el ataque no afectó la infraestructura
crítica” del organismo, ni “la información sensible, personal o
corporativa” que administra, por lo que fuentes del Gobierno adelantaron
a Infobae que no van a negociar con los hackers y tampoco están demasiado preocupados por recuperar esos datos.

De todas formas, Lachalde presentó una denuncia que recayó en el juez Sebastián Casanello
y en la que se detalló que el hecho ocurrió cerca de las 7:00 de aquel
día, cuando la Dirección de Tecnología y Comunicaciones “recibió
numerosos llamados de diversos puestos de control solicitando soporte
técnico”.

“Esto dio cuenta de que
no se trataba de una situación ordinaria, por lo cual se evaluó la
situación de la infraestructura del Centro de Datos Central y Servidores
Distribuidos, constatando actividad de un virus que había afectado los
sistemas de archivos”, explicó la apoderada. Sede de la Dirección Nacional de Migraciones.

De
acuerdo con lo que precisó, esta situación impidió “el normal
funcionamiento para la atención al público, tanto en sedes
administrativas, como en puestos de control migratoria”, por lo que “en
forma preventiva se suspendieron los servicios de red a fin de impedir
la propagación en los servidores”.

El ataque vulneró en particular al Sistema Integrado de Captura Migratoria
(SICaM), el cual es utilizado en los pasos internacionales para “el
control y el registro informático” de las personas, argentinas o
extranjeras, que ingresan y egresan del territorio nacional.

En
la denuncia, el organismo reconoció que el hecho “generó per sé una
afectación en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información”, ya que los delincuentes pudieron haber accedido a los
datos de ciudadanos que, según explicaron fuentes del caso, en su mayoría se remontan al 2016.

Por
otra parte, Migraciones señaló que “desconoce la identidad de los
posibles” autores de la amenaza, pero pidió que se investigue para saber
“si fue con el objeto de manipular o dañar” los archivos que fueron
robados, o “como herramienta para lograr y/o facilitar la comisión de un
delito tradicional”.

Hasta el momento se sabe que “el virus en cuestión sería de la variedad Ransomware Netwalker”, que es un tipo de “software malintencionado que tiene como objetivo
bloquear -cifrando- el acceso a toda o parte de la información que
contiene el equipo, para después poder pedir un rescate a cambio de su
liberación”. De hecho, así lo explicaron los
propios atacantes en un correo electrónico que mandaron luego de
cometer el ilícito, en el que exigieron una suma de dinero para
desbloquear esos documentos. Según trascendió, se trataría de una suma millonaria.

Puntualmente, ese correo decía: “Do not try to recover your files without a descrypter program, you may damage them and then they will be impossible to recover (No trate de recuperar sus archivos sin el programa descifrador, podría dañarlos y entonces le sería imposible recuperarlos)”.

El hecho provocó una demora de 4 horas en los pasos fronterizos.

Por esta razón es que el organismo cree que este accionar encuadra principalmente en el delito de extorsión, el cual prevé “reclusión o prisión de cinco a diez años”, ya que el pedido del dinero “se produjo mediante intimidación”.

“El o los sujetos activos, posicionaron a la Dirección Nacional de Migraciones en el lugar de tener
que elegir entre ver afectado su patrimonio con la compra de un
programa que supuestamente haría recuperar archivos, y la pérdida de los
mismos o su publicación, en caso de no acceder a dicha compra”, remarcó Lachalde en su denuncia.

Según
el sitio ZDNet, uno de los portales especializados en seguridad
informática, el virus NetWalker apareció por primera vez en agosto de 2019 bajo el nombre de “Mailto” y es una variedad de malware
que es utilizado por distintas bandas de hackers, las cuales se calcula
que ya recaudaron 25 millones de dólares gracias a este tipo de
amenazas.

Entre otros
ciberataques, en su blog de darkweb los hackers de NetWalker se
atribuyeron la autoría de la “intrusión ilegal” a los servidores de la
Universidad de California, cuyos investigadores estaban llevando a cabo
destacados ensayos clínicos y pruebas de anticuerpos en Estados Unidos
para posibles tratamientos de coronavirus.

“La
comisión de estos delitos genera una grave afectación a la privacidad, a
la propiedad y especialmente a la información, que pese a ser un bien
intangible, posee un importante valor en nuestra sociedad actual”, señaló Migraciones.

El proyecto que fue enviado por el Ejecutivo Nacional en febrero tuvo anoche media sanción en el Senado.

El Senado de la Nación aprobó anoche el proyecto de ley para que 24 ciudades sean "capitales alternas" del país, entre ellas Bariloche y Cutral Co. Ahora deberá ser ratificado en Diputados.

La propuesta que en febrero pasado envió el Ejecutivo al Congreso, busca declarar ciudades en el interior del país como "capitales alternas" por los próximos cuatro años y pretende agilizar un esquema de reuniones en las provincias entre funcionarios locales y nacionales.

La medida fue celebrada por los parlamentarios de la región que destaca el esquema "federal" que promueve el gobierno de Alberto Fernández con este proyecto. "El interior profundo necesita volver a tener un modelo de país que genere oportunidades", dijo ayer en el Senado la rionegrinaSilvina García Larraburu que celebró la declaración de Bariloche como una de las "capitales alternas".

También el senador Alberto Weretilneck acompañó el proyecto y dijo que"todos coincidimos que aún está pendiente la construcción de un verdadero federalismo".

La declaración de estas capitales, crea además un Programa de Gabinete Federal "destinado a realizar reuniones entre funcionarios nacionales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales con el fin de identificar las demandas de la comunidad y articular las medidas necesarias para su satisfacción".

El proyecto establece que el Ministerio del Interior esté a cargo de "coordinar con las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades provinciales la elaboración del plan de trabajo de las reuniones" y fija que los encuentros sean "convocados con una periodicidad no mayor a 30 días".

Se agrega que "los funcionarios del Poder Ejecutivo que asistan deberán llevar registro y elevar un informe mensual de seguimiento a la Jefatura de Gabinete, que será puesto en conocimiento del Ministerio del Interior sobre los consensos alcanzados, las medidas adoptadas y las propuestas que se consideren de necesaria implementación".

Además de Bariloche y Cutral Co, fueron propuestos: La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Río Cuarto (Córdoba), Comodoro Rivadavia (Chubut), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego), Pico (La Pampa), Guaymallén (Mendoza), las capitales de Formosa y San Luis; Oberá (Misiones), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Goya (Corrientes), San Pedro (Jujuy), Chilecito (La Rioja), Caucete (San Juan), Caleta Olivia (Santa Cruz), La Banda (Santiago del Estero) y Monteros (Tucumán).

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El presidente Alberto Fernández volvió a advertir sobre un posible aislamiento más restrictivo por el aumento de casos por coronavirus en varias partes del país e insistió con que en el país ya "no hay cuarentena". El Presidente dijo que se tomará en cuenta la evolución de la ocupación de camas de terapia intensiva, que a nivel nacional ronda el 60% y en algunas provincias está al borde de la saturación, según los reportes del ministerio de Salud.

Ante la pregunta en una entrevista con el canal Todo Noticias de si puede haber botón rojo en la modalidad cuarentena, el mandatario dijo que es posible: "Claro que sí, porque yo no voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda. Es un esfuerzo que hicimos todos, no solo yo". Y remarcó el sacrificio que hizo el personal de salud, que también se vio muy afectado por los contagios.

"Para mí, lo más importante es que la gente pueda ser atendida en un hospital si se enferma. Yo no voy a permitir que la situación sanitaria llegue al punto de colapso", agregó.

En ese sentido, el Presidente explicó que las medidas que tome dependerán de cómo evolucione la situación de las camas de terapia en todo el país. Dijo que "el problema ha trascendido al AMBA", por lo que está en continuo contacto con los gobernadores para definir juntos qué medidas tomar en cada caso.

Además, insistió con que en el país ya no rige una cuarentena por más de que haya gente que todavía no sale a la calle: "No llevamos 160 días de cuarentena. No hay cuarentena. La cuarentena supone el encierro total de una comunidad y eso no existe, aunque hay gente que se cuida y cumple responsablemente, si no sería peor'".

Y remarcó: "Creo que no hay que confundir a la gente porque necesitamos que la gente entienda que estamos en una situación de alto riesgo. Hay gente que no sabe que está contagiada y se relaja. El riesgo existe".