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Con el avance de un sumario contra los inspectores que colaboraron con la denuncia por fraude impositivo contra Cristóbal López, esta semana se cierra la estrategia que ya había empezado con la Oficina Anticorrupción y el organismo antilavado.

Las decisiones fueron a cuentagotas, desde distintos organismos del Estado, pero todas direccionadas hacia un mismo lugar: las causas por corrupción contra el ex gabinete de Cristina Kirchner. La oposición desde distintos referentes políticos, sostiene que todo responde a un “plan de impunidad” para beneficiar la situación judicial de la vicepresidenta, procesada en ocho causas judiciales, todas ellas elevadas a juicio oral, enfrentando embargos por más de $ 12.000 millones, con las empresas familiares intervenidas hace cuatro años y con sus hijos enviados a juicio oral por lavado de dinero. De su situación frente a la Justicia “no se habla” aseguran en la Casa Rosada, desde donde se respaldaron las medidas adoptadas por la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA).

Fue la OA que dirige Felix Crous la primera en anunciar que no iba a querellar más en dos causas, Los Sauces y Hotesur SA. Se tratan de las dos empresas familiares de los Kirchner investigadas por presuntas maniobras de lavado de dinero. El organismo estatal consideró que no debían encontrarse entre los acusadores por tratarse, a grandes rasgos, de negocios entre privados. Durante la instrucción, la justicia indicó que tanto la inmobiliaria como la firma hotelera, fueron “pantallas para poner en circulación dinero ilícito con la apariencia de licitud”. Es decir, dijo el juez Julián Ercolini: simularon alquileres sólo para blanquear fondos.

En las últimas semanas, mientras comenzó el debate por la reforma judicial impulsada por el Gobierno y una marcada determinación de remover jueces en Comodoro Py que intervinieron en causas contra Cristina Kirchner, hubieron decisiones en organismos del Estado que como objetivo final, confluyen en no avanzar en casos de corrupción contra la gestión kirchnerista, 

En la UIF, el organismo que conduce Carlos Cruz: fueron desplazados más de quince personas desde directores de análisis, abogados de litigios, miembros de áreas internacionales. Todos quedaron señalados como personal que respondía a la gestión de Mariano Federici (Cambiemos). Todos tuvieron algún grado de participación en expedientes por corrupción contra figuras del kirchnerismo.

No fue lo único. Desde Juntos por el Cambio observan, además, un cambio de postura frente a las investigaciones en las que el organismo querella y que tienen como principales acusados a la vicepresidenta, sus ex socios comerciales y ex integrantes de su último gabinete. En lo que respecta a Lázaro Báez que está siendo juzgado por lavado, “en vez de requerir una condena de 16 añoscomo se había estipulado antes del cambio de gestión, se requirió una pena de 8 años”, explicó una fuente del organismo .

Otro ejemplo, en un caso relacionado a los Cuadernos de las Coimas, la UIF  “no apeló el archivo de actuaciones respecto a Cristina Kirchner”. Al no contar con apelación de las querellas, quedó firme la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi, que no encontró pruebas suficientes para procesar en un tramo a la vicepresidenta.

Esta suerte de “amnistía administrativa” como incluso algunos funcionarios judiciales se animaron a calificar, llegó hasta la AFIP. En el marco de la causa Cuadernos y a pedido del fallecido juez Claudio Bonadio, se investigaron 850 contribuyentes, entre ellos Cristina Kirchner. Se debía analizar el entorno familiar y el crecimiento patrimonial de todos los imputados en el caso, durante doce años, algo que se trasladó a los empresarios y sus compañías.

La AFIP macrista creó un Comité Coordinador integrado por 70 personas, entre técnicos, abogados, especialistas, que también tuvieron a su cargo otras investigaciones, como la vinculada a los posibles movimientos de fondos ilícitos en la obra del soterramiento del tren Sarmiento, que involucraba al primo del ex presidente Mauricio Macri, o la causa sobre Oil Combustibles, petrolera de Cristóbal López.

Ese Comité fue auditado en su trabajo y calificado como “correcto, sin observaciones” en las tareas de colaboración con la justicia. Pero la semana pasada, sin embargo, se conoció que la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, avanzó en el sumario administrativo para investigar a este grupo de trabajo interno. Además, disolvió la Dirección de Integridad Institucional y derogó varias resoluciones sobre transparencia adoptadas durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

Las actuales autoridades quieren saber si ese Comité, ya disuelto, “estuvo ajustado a derecho”, ya que Cristina Kirchner denunció que se trató de un “grupo de tareas”. Y se comenzó a auditar una investigación, que ya había sido auditada con resultados favorables. 

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