La Cámara de Casación le concedió otra vez el arresto domiciliario. El TOF 4 deberá definir si acepta que se vaya a una casa en un country de Pilar o si insiste con el pago de la fianza.

La Cámara de Casación ordenó una vez más el arresto domiciliario de Lázaro Báez pero su suerte quedó en manos del Tribunal Oral Federal 4, que viene rechazando todos los planteos de la defensa del empresario. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae, que el tribunal definirá esta tarde si se hace efectiva la resolución de Casación o insiste con el pago de la fianza de $386 millones para dejar la cárcel de Ezeiza.

Esta mañana, la Sala IV de Casación hizo lugar a un recurso de casación interpuesto por la defensa de Báez y ordenó “estar a la decisión dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7 de fecha 18 de marzo de 2020″, cuando el juez Sebastián Casanello le otorgó la domiciliaria en la causa que investiga la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay.

La interna judicial sobre la libertad de Báez arrancó el 8 de julio, con otro fallo de la Cámara de Casación en la causa conocida como M&P,donde se lo acusa de una maniobra de lavado de dinero de más de $125 millones. Desde entonces, el TOF viene rechazando sistemáticamente la libertad domiciliaria.

Hace dos semanas, el TOF ratificó que Báez debía pagar una fianza de más de $386 millones para salir de la cárcel de Ezeiza.“Estar a lo dispuesto por este Tribunal el 4 del corriente mes y año con relación al pedido de arresto domiciliario en el marco del legajo no 3017/2013/TO4/3″, dice esa resolución, donde además fijó el monto de la caución en $386.578.500, siguiendo la pauta que le impuso Casación.

Originalmente, el Tribunal Oral Federal 4 le había fijado una fianza en $635 millones, pero el fiscal Abel Córdoba determinó que se tenía que tomar en cuenta la cotización oficial del dólar y no la del dólar “blue”. La cifra establecida, unos USD 5,5 millones, surgía de la diferencia entre los USD 10.400.000 que se habían depositado en una cuenta de Bahamas a nombre de Kinski SA y el dinero que la Justicia logró congelar, algo más de USD 4,5 millones.