La presidenta de Bolivia participó de la inauguración de las elecciones en el Tribunal Electoral nacional. Más de 7 millones de personas eligen hoy presidente luego de la anulación de los comicios el año pasado por fraude.

“Nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional garantizan la seguridad de las elecciones. Están en la calle a favor del pueblo, a diferencia de otras veces”, declaró Jeanine Áñez luego de inaugurar la jornada electoral. “Las FFAA trabajan para el pueblo, no para un partido político”, insistió.

La mandataria interina invitó a todos los bolivianos a acudir a las urnas. “Vamos a tener elecciones libres, transparentes, sin presión”, se mostró optimista. Áñez, esperará los resultados en la residencia presidencial en La Paz.

Sobre la suspensión del sistema de Difusión de Resultados Preliminares (DIREPRE) anunciada anoche por el Tribunal Supremo Electoral, lo que supondrá esperar al conteo oficial que puede demorar varios días, la mandataria afirmó que escuchó las explicaciones de Salvador Romero, el presidente del TSE, y entendió que la decisión, aunque hecha a último momento, permitirá obtener los resultados “reales”.

Los 5.134 recintos electorales dispuestos en todo el país empezaron a abrir a las 08.00 hora local (12.00 GMT) y funcionarán nueve horas ininterrumpidas hasta las 17.00 (21.00 GMT), cuando se prevé el cierre de los colegios.

A diferencia de otros comicios, en esta ocasión se abrieron más recintos electorales y se amplió una hora el tiempo de votación para evitar aglomeraciones por la pandemia de la covid-19, disponiendo además que la gente asista a sufragar en dos turnos, según la terminación de sus cédulas de identidad.

En total, 7.301.294 bolivianos han sido habilitados para votar en unas elecciones en las que concurren cinco candidaturas, entre ellas las del exministro Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, y el expresidente Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana.

Arce y Mesa parten como favoritos en estos comicios, con posibilidades de disputar una segunda vuelta que tendría que realizarse en noviembre próximo si ninguno alcanza los porcentajes suficientes para adjudicarse el triunfo en primera.

También compiten por la silla presidencial el exlíder cívico Luis Fernando Camacho, el pastor presbiteriano Chi Hyun Chung y el minero Feliciano Mamani.

LA LOGÍSTICA

Unos 35.000 policías y militares garantizarán el desarrollo normal de los comicios en una jornada con severas y tradicionales restricciones que impiden viajes por el territorio nacional, la circulación de vehículos sin autorización expresa, el consumo y venta de alcohol y los espectáculos públicos.

Los miembros del ejército se desplegaron en La Paz, el 17 de octubre de 2020, en vísperas de las elecciones generales. (AFP)

Restricciones a las que se suman nuevas medidas de bioseguridad contra la covid-19, como el uso de barbijos o mascarillas, o respetar la distancia física al hacer fila para votar.

Además, el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado a 301.631 personas residentes en cerca de una treintena de países, la mayoría en Argentina, España y Brasil.

En Chile, donde está la cuarta comunidad boliviana con más habilitados para votar, solamente podrán hacerlo los residentes en Santiago por restricciones contra la pandemia que aún rigen en el norte chileno. Tampoco podrán votar los 142 habilitados en Panamá, cuyo Gobierno no autorizó el desarrollo de los comicios bolivianos en su territorio. Las primeras mesas electorales fueron las de Japón, Corea del Sur, China e India, debido a la diferencia horaria.

El horario de votación se extendió una hora, hasta las 17

El voto es obligatorio para los residentes en Bolivia, pero no para quienes viven fuera.

Los comicios son vigilados por observadores internacionales de entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter.

También se encuentran al menos cuatro delegaciones invitadas por el MAS, según han confirmado sus propios voceros, incluidas una encabezada por el expresidente paraguayo Fernando Lugo, una del Parlamento del Mercosur (Parlasur) y grupos de parlamentarios europeos y argentinos.

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