Así lo hizo a través del Decreto 1020/2020 publicado en el Boletín Oficial, que prolonga “por un plazo adicional de 90 días”, es decir hasta el 15 de marzo próximo, “el plazo de mantenimiento de las tarifas de energía eléctrica y gas natural establecido en el artículo 5 de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, prorrogado por el Decreto 543/20 desde su vencimiento”.
En tanto, al disponer el inicio de la renegociación tarifaria, la norma establece que “el plazo no podrá exceder los dos años, debiendo suspenderse hasta entonces, los acuerdos correspondientes a las respectivas RTI vigentes con los alcances que en cada caso determinen los entes reguladores”.
Esta revisión es la correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica, y gas natural que estén bajo jurisdicción federal.
La revisión de tarifas abarca a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica, y gas natural que estén bajo jurisdicción federal
Asimismo, el decreto define que “el proceso de renegociación culminará con la suscripción de un acta acuerdo definitiva sobre la RTI, la cual abrirá un nuevo período tarifario según los marcos regulatorios”.
También, encomienda al Enargas y al ENRE “la realización del proceso de renegociación de las respectivas revisiones tarifarias, pudiendo ampliarse el alcance de la renegociación conforme a las particularidades de cada sector regulado”.
Además, señala que “dentro del proceso de renegociación podrán preverse adecuaciones transitorias de tarifas o su segmentación, según corresponda, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados”.
En los considerandos del Decreto 1020/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Ejecutivo sostiene que “las tarifas de ambos servicios no resultaron justas, ni razonables ni transparentes, conforme los resultados de las auditorías y revisiones llevadas adelante por el ENRE y el Enargas”.
“Se inaugura una nueva etapa del servicio público de gas por redes”, aseguró a Télam el interventor del Enargas.
También remarca que “resulta conveniente establecer un régimen tarifario de transición como una adecuada solución de coyuntura en beneficio de los usuarios y las usuarias, así como para las licenciatarias y concesionarias”.
Este régimen deberá “tener como premisa la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural y electricidad, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales”.
“Se inaugura una nueva etapa del servicio público de gas por redes”, aseguró a Télam el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal.
“Alberto nos pidió trabajar sin descanso para tener tarifas justas, razonables y que se puedan pagar; tarifas promotoras del desarrollo”FEDERICO BERNAL, INTERVENTOR DEL ENARGAS
En este sentido, destacó que “el Presidente (Alberto Fernández), en función de los resultados de la revisión y auditoría realizadas por el Enargas y el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), decidió elegir el camino de la renegociación tarifaria y suspender las tarifas heredadas del gobierno anterior”.
“Alberto nos pidió trabajar sin descanso para tener tarifas justas, razonables y que se puedan pagar; tarifas promotoras del desarrollo”, remarcó Bernal.
A criterio del Gobierno, según lo indica el decreto publicado hoy, la renegociación “dará por inaugurado un nuevo período tarifario con tarifas justas y razonables, accesibles y asequibles”.
El decreto actual también prorroga la intervención de los dos entes, incluyendo mandas y designaciones, por el plazo de un año desde su vencimiento, fijado para el 31 de diciembre próximo; o hasta que se finalice la renegociación de la revisión tarifaria dispuesta por el presente, lo que ocurra primero.
Además, precisa que, durante la vigencia de la intervención, el ENRE mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía de las concesionarias Edenor y Edesur.
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