El viernes 5 de marzo pasado, Andrés Villar (45 años) ingresó a la oficina del defensor jefe de Zapala Pablo Méndez, lo ató a una silla y amenazó con asesinarlo. El día anterior lo habían declarado responsable del abuso sexual de la hija de su pareja y el hombre se declaraba inocente. Exigía, entre otras medidas, una nueva Cámara Gesell a la adolescente.
Después de 11 horas y 10 minutos se entregó, y firmó un acta en la que el fiscal general José Gerez y el defensor general subrogante Raúl Caferra asumían compromisos imposibles de cumplir.
El proceso contra Villar continuó, y el 4 de mayo lo condenaron a 10 años de prisión por abuso sexual. Al mismo tiempo cumplía prisión preventiva por la privación ilegítima de la libertad del defensor jefe Méndez.
Pero hoy su situación dio un giro dramático. El Tribunal de Impugnación anuló la condena a diez años de prisión por abuso, y ordenó que se realice un nuevo juicio contra Villar.
El fallo unánime al que accedió Río Negro no dice que el hombre es inocente ni tampoco dispone su absolución. Dispone que un tribunal con distinta integración realice un nuevo juicio oral.
Esta decisión judicial tampoco borra ni justifica la acción delictiva que cometió Villar al tomar de rehén al defensor Méndez. Ese hecho seguirá su propio curso, irá a juicio en su momento y tendrá sentencia.
El fallo del Tribunal de Impugnación consta del voto de Florencia Martini al que adhieren Liliana Deiub y Federico Sommer.
Por tratarse de un delito de agresión sexual y por ser la víctima una adolescente, los detalles se mantienen en reserva.
Sólo se reproduce su parte sustancial: “la sentencia impugnada padece de vicios de motivación (fundamentación omisiva) que la invalidan como acto jurisdiccional, por lo que corresponde declarar su nulidad y consecuente reenvío ante un Tribunal con diversa integración”.
La acción de Villar de tomar de rehén al defensor causó un enorme daño en la menor víctima, quien sintió que su palabra era puesta en duda y desvalorizada.
También afectó seriamente a Méndez, quien tomó una prolongada licencia en su puesto.
Otra de las consecuencias fue que se dispuso mayor vigilancia policial en las dependencias judiciales.
Zapala tiene la peor infraestructura judicial de la provincia; alquila antiguas viviendas familiares que fueron reformadas, son antifuncionales, poco higiénicas y peligrosas para el trabajo que allí se desarrolla.
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