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INFORME MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE NEUQUÉN

Tras la declaración de responsabilidad penal diciembre pasado, la fiscal del caso Laura Pizzipaulo pidió al tribunal que un hombre condenado por abusar sexualmente de su expareja, deba cumplir 7 años de prisión efectiva.

El hecho ocurrió el 11 de marzo de 2021, a las 08:00 y en cercanías a la ciudad de Aluminé. Según la teoría que la fiscalía llevó al juicio, el imputado ingresó al domicilio en el que se encontraba viviendo la mujer y, bajo amenaza, la obligó a irse con él a otro lugar, donde la golpeó y cometió el abuso.

El 22 de diciembre, este sujeto fue declarado responsable de abuso sexual con acceso carnal en carácter de autor (artículos 119, tercer párrafo, y 45 del Código Penal).

Durante el juicio, la víctima se retractó en sus declaraciones. La fiscal Pizzipaulo explicó, durante la audiencia de cesura, que eso ocurrió porque se trata de una persona inmersa en un ciclo de violencia, con separaciones y reencuentros desde que la mujer era adolescente. Sostuvo que hubo un “aprovechamiento” del condenado  y argumentó que “todo ataque a la libertad sexual es considerado violencia de género”.

La representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que se trata de un caso en el que “la violencia de género es evidente” y que, además, se dio durante muchos años. “Es un tema que debe ser considerado como agravante por el tribunal, en relación con la naturaleza de la acción y los medios empleados para cometer el delito”, aseguró Pizzipaulo, quien solicitó al tribunal la pena de 7 años de prisión efectiva.

La defensa, por su parte, pidió que una excepción al mínimo previsto en la escala penal, que para este delito prevé penas de 6 a 15 años, y solicitó 3 años de prisión condicional.

Las tres juezas que  llevaron adelante el juicio rechazaron el planteo del representante legal del condenado y destacaron que “la fiscalía ha visto un caso en el que había un riesgo, en el que vio una situación que tenía que ser resuelta en juicio y decidió seguir adelante, aún con la complejidad de una víctima que no se reconoce como tal en este momento”.

La presidente del tribunal, la jueza de garantías Leticia Lorenzo, señaló que “el contexto de violencia de género no puede desmerecerse y es una gravante”, como así tampoco “la situación actual de vulnerabilidad de la víctima”.  “La pena que pidió la fiscalía es una pena que resulta justa”, sostuvo la jueza, e informó que el tribunal resolvió, por unanimidad, imponer los 7 años de prisión efectiva solicitados.