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Alrededor de 5 mil personas que fueron acusadas de violar el aislamiento obligatorio dictado por el presidente Alberto Fernández a través de decretos presidenciales en Mendoza y que aún están en proceso penal podrían lograr el cierre de sus causas. A su vez, conseguirían quedar sin antecedentes, pero a cambio de una insólita reparación por el “daño” provocado.

Claro, esa “pena” será simbólica: deberán donar dos tarros de leche en polvo. Esa medida la dispuso el procurador Alejandro Gullé y su equipo del Ministerio Público Fiscal de Mendoza luego de analizar la situación, donde hay una enorme cantidad de causas sin resolver. Pero hubo otro hecho trascendente: el acuerdo al que llegó el presidente Alberto Fernández y su pareja Fabiola Yáñez, quienes violaron la cuarentena en la “fiesta de Olivos” y quedaron exculpados luego de pagar en total 3,2 millones de pesos.

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, aceptó a fines de mayo las ofertas económicas realizadas por Alberto Fernández y Fabiola Yáñez para cerrar definitivamente la causa por la fiesta en la quinta de Olivos. Aceptó la suma de 3 millones de pesos, y cuando ese dinero se pague -en el término de diez días- firmará el sobreseimiento del presidente y de la primera dama.

El magistrado decidió “homologar” el acuerdo propuesto entre los imputados y la fiscalía a cargo de Fernando Domínguez, y ambos deberán pagar en un plazo no mayor a los diez días. El destino de los fondos será la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (A.N.L.I.S.).

jurisprudencia del arreglo judicial que logró Alberto Fernández

Con el acuerdo judicial logrado por Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, se creó una especie de jurisprudencia política con el caso del Presidente. Ahora, los miles de mendocinos que fueron acusados por violar el artículo 205 del Código Penal en base al aislamiento obligatorio que se había impuesto, podrán quedar exculpados.

El Ministerio Público Fiscal analizó formas de resolución alternativa de las causas. La justificación formal es que pasó mucho tiempo, la situación sanitaria cambió y hay muchas personas “en capilla”. No podrán acceder a la compensación quienes tienen antecedentes. Tampoco quienes ya estén condenados por ese delito.