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El ente concretó el llamado que generará ingresos por un monto estimado en US$ 27,7 millones. “Potenciará el acceso a las redes para construir una sociedad más democrática y con igualdad de oportunidades”, emitió el organismo en un comunicado.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) concretó este martes la licitación de frecuencias de la telefonía móvil para el despliegue del servicio de Internet 4G en todo el país, que generarán ingresos por un monto estimado en US$ 27,7 millones, equivalentes a $ 4.018 millones, informó el organismo.

El proceso técnico y administrativo, iniciado mediante Resolución 798/22 en mayo de este año, tuvo por objetivo aumentar y mejorar la cobertura en aquellas zonas con escasa o nula calidad de servicios móviles y otorga a los prestadores la posibilidad de incrementar la cantidad de espectro asignado.

“A partir de esta asignación y reordenamiento del espectro, se otorgará a las prestadoras Claro, Movistar y Personal la posibilidad de equiparar sus tenencias tanto en las cantidades totales como en las cantidades asignadas en la banda de 2600 MHz. Esto permitirá aumentar la eficiencia en el uso de la banda, dada la nueva disposición en forma contigua de los rangos asignados”, informó el Enacom en un comunicado.

Y agregó: “Esta licitación potenciará el acceso a las redes, no solo en las grandes ciudades, sino también en las poblaciones más vulnerables, de zonas rurales o alejadas de los centros urbanos, para construir una sociedad más democrática y con igualdad de oportunidades. Del mismo modo, redundará en la ampliación de beneficios económicos y profesionales para todas las regiones del país, al promover la llegada de nuevas inversiones en los distintos sectores productivos”.

El objetivo de la licitación es impulsar la eficiencia general y la competencia entre los operadores del Servicio de Comunicaciones Móviles, lo cual producirá, en definitiva, un mayor beneficio y más calidad para las usuarias y los usuarios del servicio 4G.

La actual gestión de Enacom -dijo el organismo- considera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un derecho humano básico imprescindible para la construcción de ciudadanía y federalismo y, por ellos, “prioriza la reducción de la brecha digital a través de políticas de Estado para el despliegue de la conectividad con el fin de crear nuevas fuentes de trabajo y desarrollar mano de obra especializada para las industrias del presente y futuro”.