Con una simple fotocopia del DNI de una persona, la dirección de Planes Sociales le abría una cuenta en el Banco Provincia de Neuquén y empezaba a depositarle un subsidio por 8.000 pesos. El beneficiario sólo tenía que ir a una sucursal a retirar la tarjeta de débito y pasar por el cajero para cobrar. Lo que nunca se enteraba era que a partir del mes siguiente los depósitos subían a 49.000 pesos. Para entonces, el titular del plan social ya le había entregado la tarjeta de débito y la clave de acceso a otro individuo, que se encargaba de retirar el efectivo y le daba a cambio los mismos 8.000 pesos de siempre, mes tras mes, y se quedaba con la diferencia.
Así era, en esencia, la defraudación con planes sociales y tarjetas de débito del BPN que investiga la fiscalía de Delitos Económicos por un monto estimado en 123 millones de pesos. Tu negocio es muy difícil de explicar y fácil de enseñar, diría el Indio Solari: incrementar el monto de un plan social el 512% no está al alcance de los empleados temporales que están presentando ante la opinión pública como la gran banda de estafadores. Ni siquiera de Ricardo Soiza, director del área, por ahora el funcionario de más alto rango alcanzado por la investigación.
«Es posible que haga falta la firma de alguien más arriba», admitió el fiscal jefe Pablo Vignaroli, consultado ayer por Río Negro sobre este punto.
La enorme mayoría de los 11 allanamientos del miércoles fueron en viviendas de barrios humildes, de Neuquén y Centenario. Allí viven quienes quedaron registrados por las cámaras de vigilancia de los cajeros realizando los retiros. La mitad son mujeres. Son el equivalente a las mulas del narcotráfico, piezas destinadas a caer y que por eso nunca conocen al siguiente eslabón de la cadena.
El funcionario Soiza declaró por una radio: «me cayó muy bien que me hayan hecho el allanamiento, la policía y la fiscalía me trataron muy bien». No suelen disfrutar de la misma manera tales operativos los jóvenes de barrios humildes, pero ese es otro tema.
El fiscal no le formuló cargos, y nadie se anima a apostar si alguna vez lo hará. Cierto grado de sofisticación recubre la maniobra, que data -dicen los sospechados de cobijar a los perpetradores- desde 2020.
Hay que tener muchos recursos y mucha voluntad de buscar en el lugar correcto para desmontarla. La fiscalía por ahora cuenta con el auxilio de una contadora; el lunes posiblemente reciba el apoyo de otro profesional que le prestará el Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué no recurrió al Gabinete Técnico Contable del Poder Judicial? ¿Por qué no prepara la firma de un convenio con la facultad de Economía, con la de Informática, de la Universidad Nacional del Comahue?
Según se informó, fueron secuestrados 30 dispositivos entre CPU y teléfonos. Hay que analizarlos, cruzar llamadas telefónicas, analizar mensajes de texto, audio, videos. ¿Está el Ministerio Público Fiscal a la altura de la investigación?
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