El Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas) intervino a favor de los reclamos presentados por la dirección provincial de Protección al Consumidor del Neuquén -dependiente de la secretaría de Seguridad- e intimó a la prestadora para que adecúe sus servicios a la reglamentación vigente.
La empresa deberá prestar atención personalizada a sus usuarios y toda persona que se acerque a sus dependencias en forma espontánea para realizar gestiones comerciales y consultas, teniendo en cuenta que no se produzcan demoras ni inconvenientes para quienes tengan turno asignado previamente.
El órgano de contralor señaló la improcedencia del cierre de oficinas comerciales, en contravención del marco regulatorio vigente para la protección de usuarios y público en general, sin perjuicio de todo otro canal habilitado.
En caso de poseer oficinas comerciales cerradas o con atención parcializada, éstas deberán ajustarse a toda reglamentación vigente, bajo apercibimiento de medidas o sanciones por incumplimiento.
Vale destacar que el pasado 26 de agosto Protección al Consumidor realizó la presentación ante el Enargas, organismo que tiene a cargo la regulación del servicio de gas. Lo hizo a partir de reclamos de vecinos por la falta de atención presencial de Camuzzi.
Luego del encuentro de la Red Provincial de Consumo Responsable realizado en marzo de este año, se había notificado a la firma por faltas en el acceso a la información a los usuarios, y por socavar derechos de consumidores hipervulnerables establecido en la resolución 139/20 de la secretaría de Comercio Interior.
Se considera hipervulnerables a las y los consumidores que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores.
La Red de Consumo Responsable inició sus acciones en 2014 con funcionamiento ininterrumpido. Fue creada para afrontar situaciones ordinarias y extraordinarias de carácter institucional y apunta a reforzar y propiciar una comunicación directa y fluida entre los diversos actores vinculados con la protección y la defensa de los derechos de las y los consumidores.
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