El fiscal jefe de Delitos Económicos puso como ejemplo que «en los listados mensuales de beneficiarios (de planes sociales) figuran 5.000 o 6.000 personas. Nosotros tuvimos que ver quiénes son las que no cobraron y estamos haciendo unas entrevistas, diarias, de aproximadamente 5 o 6 personas». Si se toman literalmente sus palabras, a ese ritmo y contando semanas de cinco días hábiles sin feriados, tardarían cuatro años en entrevistarlas a todas.
Vignaroli habló con la radio LU5 y no le preguntaron sobre lo que informó este diario el sábado pasado: la falta de recursos humanos y técnicos en la fiscalía a su cargo para hacer frente a una investigación que él mismo calificó de «muy compleja».
«A veces de afuera es fácil opinar, pero hay que estar adentro. Hay que saber cuál es la complejidad», dijo. Sobre el rol de la Fiscalía de Estado, que es querellante, indicó que «a veces necesitamos algún tipo de información, se la pedimos y la aportan; en otros casos, lo hacen de manera espontánea».
La escasez de recursos propios lo obligó a solicitar la renovación del préstamo de una contadora del Gabinete Técnico Contable del Tribunal Superior de Justicia para que colabore en el legajo de los planes sociales y «en otras 14 investigaciones» que no se sabe cuáles son. Ayer indicó que «si bien no tienen la misma relevancia, son importantes».
Lo que sí dijo el fiscal jefe es que están tratando de avanzar sobre el manejo de planes sociales en 2020 y 2021, con tarjetas y con cheques. La formulación de cargos contra los exfuncionarios Ricardo Soiza, Marcos Osuna, Néstor Sanz y un grupo de exempleados del Ministerio de Desarrollo Social realizada en noviembre del 2022 abarca hechos ocurridos entre enero y julio de ese año.
«El Código Procesal nos permite extender la investigación hasta por dos años. Nuestro objetivo es llegar a noviembre con el caso terminado y presentar la acusación. Si no se puede, se pedirá una prórroga», añadió.
Otro déficit es la falta de fiscales del caso: el viernes se jubilará Omar Marcelo Silva, el único con esa jerarquía en la unidad de Delitos Económicos. Ayer, momentos después de que hablara Vignaroli por radio, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura entrevistó a quien será su reemplazante, Juan Manuel Narváez Barraza, aunque para su jura y asunción faltan varios días.
Narváez Barraza tiene 31 años, se recibió en la Universidad Católica de Salta y ganó el respectivo concurso del Consejo de la Magistratura con 58,91 puntos sobre 100 posibles. Es asesor letrado, se desempeñó en Homicidios, Delitos Sexuales, y desde febrero del 2021 trabaja en Económicos.
El legislador Carlos Coggiola (Democracia Cristiana, adscripto a la candidatura de Rolando Figueroa) le preguntó elípticamente si el Ministerio Público Fiscal tiene la necesidad de recurrir a otros organismos para obtener dictámenes y pericias en algunos casos concretos por falta de recursos propios.
El candidato a fiscal, cuyo pliego pasará al recinto para la aprobación, respondió que «en la actualidad Delitos Económicos tiene un equipo técnico, dos contadoras, y tratamos de incorporar un perito informático».
Según pudo saber el diario RÍO NEGRO, el más idóneo en la materia que revista en el Poder Judicial está desbordado de trabajo. Se dedica a analizar teléfonos celulares secuestrados, cruces de llamadas e impactos con antenas, entre otras materias.
En la causa planes sociales se secuestró un importante número de dispositivos -celulares y computadoras– en allanamientos a dependencias oficiales y domicilios particulares en septiembre del 2022, pero hasta ahora no se sabe si pudieron acceder a su contenido ni si encontraron algo.
FUENTE DIARIO RIO NEGRO
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