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El ministro de seguridad bonaerense consideró que el caso estaba “cerrado” y salió a aclarar que las dos personas a disposición de la justicia no eran adolescentes como había trascendido en principio, sino “dos mayores” con antecedentes penales.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó este míercoles que por la muerte de Morena Domínguez, la niña de 11 años arrastrada por motochorros que le quisieron robar cuando caminaba hacia la escuela en Lanús, fueron detenidos dos jóvenes mayores de edad, por lo que el caso está “cerrado“.

“Es un hecho lamentable, triste, conmovedor. Ya tenemos a los dos jóvenes detenidos y tenemos secuestrada la moto. Incluso los dos cascos que usaron al momento del hecho. Recién terminamos los procedimientos y para la fiscal, con quien hablé recién, el caso ya está cerrado”, dijo Berni en declaraciones al canal C5N.

El funcionario provincial indicó además que los detenidos no son adolescentes de 14 años, como informaron minutos antes fuentes policiales y municipales, sino “dos mayores” de edad, ambos con antecedentes penales.

“Estábamos buscando el que estaba prófugo, lo detuvimos, hablé con la fiscal y me autorizó a hablar”, señaló el funcionario bonaerense, quien agregó: “En un momento se pensaba que había un menor, pero no fue así”.

UNO DE LOS DETENIDOS SALIÓ HACE 2 MESES DE PRISIÓN Y TENÍA UNA CAPTURA

Según los investigadores, los detenidos son Miguel Àngel Madariaga (28), alias “Miguelito”, y Darío Humberto Madariaga (25), quienes fueron apresados como sospechosos del crimen de Morena y quedaron a disposición de la fiscal Silvia Bussano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 7 de Lanús.

Los investigadores judiciales explicaron que los hermanos Madariaga formaban parte de un grupo de jóvenes, varios de ellos menores de edad, que son conocidos en el barrio por cometer robos y distintos delitos.

“Es gente vinculada a la droga y a los robos en la zona”, dijo a esta agencia un pesquisa con acceso al expediente judicial.

Respecto a “Miguelito” Madariaga, los investigadores señalaron había cumplido una condena en el Complejo Federal de Marcos Paz desde diciembre hasta junio pasado, cuando recuperó su libertad.

Pero además, según sus antecedentes, tiene cinco causas penales en jurisdicción de Lanús y Lomas de Zamora por hechos ocurridos entre septiembre del 2015 y julio de 2020.

También tenía un pedido de detención vigente del 7 de agosto pasado emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 30 porteño a la Policía Federal Argentina, por una condena dictada el año pasado, señalaron las fuentes.

Los investigadores aseguraron que durante los allanamientos en los que fueron detenidos los hermanos sospechosos (“Miguelito” tenía informado a la Justicia siete domicilios distintos en Lanús y en Esteban Echeverría), fue secuestrada una moto que, se sospecha, fue la utilizada en el hecho en el que murió Morena.

Además se secuestraron dos cascos que son de colores similares a los que llevaban puestos los motochorros que cometieron el hecho.

Todos los elementos secuestrados serán ahora peritados a pedido de la fiscal Bussano, en busca de rastros.

“Lamentablemente esto es crónica de una muerte anunciada porque se empieza robando un celular y se termina matando”, indicó Berni al hacer un análisis de lo sucedido.

En ese sentido, consideró que “esto en Argentina se resuelve fácil, pero tiene que haber una voluntad de todos los actores del Estado para terminar de una vez y para siempre con esto. Siempre está la droga de por medio”.

“Esto que le pasó a esta niña, pero pudo haber sido la hija de cualquiera, pero la cara en este tipo de hechos, la cara la ponemos nosotros”, dijo Berni, quien consideró que “hay que cambiar parte de la legislación, los jueces y los fiscales tienen que trabajar. No puede ser que cuando alguien robe un celular no vaya preso”.

“Tenemos que tener una Justicia que trabaje. Cuando hay una persona que roba un celular es un futuro homicida y tiene que estar detenido, tiene que trabajar para solventar a su familia cuando esté preso, tiene que trabajar para solventar los gastos que ocasionó (a la víctima) y tiene que trabajar para tener su mecanismo de vigilancia electrónica por los próximos diez años. Además, tiene que haber una agencia del Estado que vigile a todas esas personas que robaron un celular”, explicó.

TELAM