El gobierno de la provincia del Neuquén trabaja en el cruce de información y aportará datos a la investigación sobre los supuestos cobros indebidos del programa nacional Potenciar Trabajo, que se extiende por el país. Rolando Figueroa fue quien impartió la orden de colaborar con la investigación que lleva adelante el fiscal federal Guillermo Marijuan.
Desde distintas áreas trabajan en la información para detectar presuntas irregularidades, como las que -de hecho- ya detectaron al dar con agentes de la administración pública provincial que cobraban planes sociales, pese a estar impedidos.
En los últimos días, el fiscal federal Guillermo Marijuan acreditó la identidad, por el momento, de 8.535 empleados de 10 provincias que son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, un hecho incompatible. En Neuquén, las auditorías iniciadas por la provincia detectaron hasta el momento que más de mil agentes cometieron irregularidades con distintas asignaciones, planes y programas.
Para el fiscal, las maniobras en las que incurrieron los agentes que cobraron planes podría encuadrar en el delito de defraudación contra la administración pública. Pero aún se habla de presunciones y así será hasta que la causa judicial avance.
Las investigaciones pueden escalar hasta los funcionarios (por acción u omisión) y, en lo administrativo, el fraude puede ser causal de cesantía. Figueroa ya ha dicho que, además de la sanción que corresponda, se iniciarán acciones para que aquellos que perpetraron las maniobras ilícitas devuelvan el dinero mal habido.
Marijuan solicitó en noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social.
Hasta la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el mayor programa del ex Ministerio de Desarrollo Social era administrado por el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico, desde la secretaría de Economía Social. Y los ministros que estuvieron a cargo de la poderosa cartera fueron Daniel Arroyo, Juan “Juanchi” Zavaleta, y Victoria Tolosa Paz. En las tres administraciones Pérsico siguió a cargo del Potenciar Trabajo.
Marijuan los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
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