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Durante su presentación en el Congreso para explicar los temas de seguridad de la “Ley ómnibus”, la ministra explicó los motivos que determinaron la eliminación del cuestionado artículo y reiteró que “el objetivo es que no se corten nunca más calles” por protestas en la vía pública. Qué dijo sobre el dólar, el riesgo país y los “problemas de ansiedad” de los argentinos.

Más tarde, la ministra remarcó “el derecho a la protesta está vigente” pero “sin cortar la calle”.

“El derecho a la protesta está intacto. Ahora, no corte un puente interjurisdiccional donde pasan 10 millones de autos como el Tancredo Neves. El puente Neuquén-Cipoletti no se corta. ¿Quiere protestar al lado del puente? proteste. La entrada al aeropuerto de Ezeiza no se corta, va por el costado. Va con el megáfono. Diga lo que quiera, pero no corte la calle”, contestó Bullrich a la diputada del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, quien repudió el protocolo antipiquete establecido por el Gobierno.

En ese sentido, ironizó con la protesta que realizarán distintos movimientos sindicales y sociales al Congreso el próximo 24 de enero al afirmar que la CGT “ni siquiera usa los cuatro días que pide el Ministerio de Seguridad (para anunciar una movilización), lo hace con un mes de anticipación”.

“Deja la primera quincena de enero para seguir de vacaciones y en la segunda arma el paro. ¿Eso es un paro? ¿Esa es la desesperación? Dejarlo para el 24, parece chiste”, agregó.

En cuanto a cambios en seguridad interior, Bullrich sugirió que “pensaría dos veces si no hay que poner en marcha el mecanismo actual que permite a las Fuerzas Armadas (FFAA) brindar logística” dentro de distintas provincias, como en el caso de Santa Fe.

“Le voy a plantear al gobernador el uso de la logística de las FFAA. Primero se lo tiene que plantear el ministro de Defensa (Luis Petri). Necesitamos enfrascar a Rosario y que no salga lo que sucede allí, y mejorando Rosario vamos a mejorar todo el país”, añadió.

Bullrich también se refirió a que habrá cambios en el régimen penal juvenil que -dijo- ya fueron “enviados” a “algunas provincias” pero que aún falta “a nivel nacional”.

“Vamos a bajar la edad de imputabilidad”, aseguró. Y ratificó que “si hay un chico menor de 13 años en una manifestación se avisará y se va a pedir que la autoridad de la provincia lo venga a ubicar”.

“No queremos que haya niños en las manifestaciones”, añadió.

La ministra anunció que se plantea aumento de penas a las que establecen hoy el Código Penal, que es de 3 meses a 2 años, y “la llevamos de 1 año a 3 años y medio y que se extiende de 2 a 4 años para quienes lo hacen con armas propias o impropias, como palos o armas simuladas o morteros”.

En cuanto a los organizadores de las protestas, Bullrich dijo que se plantea una pena de 3 a 6 años de prisión para quienes ejerzan “capacidad de presión sobre muchos de los concurrentes como la pérdida de un beneficio social” y sostuvo que “de ninguna manera puede haber una conducción paralela al Estado que decida sobre la vida de la gente”.

Asimismo, la ministra ratificó que esas personas “serán responsables de los gastos que ocasionen” y recordó que esa cartera no lo aplicó con la CGT, que marchó días atrás contra las reformas del Gobierno, porque dijo que esa central “pidió permiso, pero sí lo hicimos con una rama que se escapó y arruinó una cantidad de comercios en la ciudad”.