El Gobierno oficializó este lunes la suspensión del pago del Salario Social Complementario a los titulares del programa social Potenciar Trabajo que habían sido detectados a través de diferentes irregularidades. Además, oficializó también la intervención de Enacom y la quita del proyecto de suba en el Impuesto a las Ganancias.
A través de resolución 13/2024, publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo resolvió suspender el pago del “Salario Social Complementario a los titulares del programa Potenciar Trabajo” a los beneficiarios “identificados en el listado que como anexo acompaña a la presente medida”.
Se trata de más de 27.000 planes sociales que presentaron “incompatibilidades” en la verificación de datos y cumplimiento de requisitos de ese programa social. Así lo había adelantado la semana última la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La cartera de Capital Humano había señalado en esa oportunidad que algunas de las irregularidades detectadas en los 27.208 casos dados de baja fueron que se percibían “jubilaciones o pensiones; prestación por desempleo; monotributistas categoría C o superior; trabajadores autónomos, incompatibilidad por residencia en el extranjero; fallecidos o poseer un auto con menos de 10 años de antigüedad”.
Esas incompatibilidades habían sido identificadas por el cruce de información entre Anses y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (Sinstys). La resolución lleva la firma de Pettovello.
Durante su conferencia de prensa, Manuel Adorni confirmó el retiro del proyecto de suba de Ganancias en concordancia con lo ocurrido con parte de la Ley Ómnibus.
“Había algunas dudas sobre lo que iba a pasar con la ley de ingresos personales, lo que se conoce popularmente como la nueva ley de Ganancias, también se retira del debate. Está dentro del paquete de modificaciones en el área económica”, señaló el vocero.
Vale recordar que, días atrás, el Gobierno había deslizado algunos cambios en el régimen de Ganancias que habían generado varias polémicas y declaraciones cruzadas.
En este sentido, Adorni indicó que “nuestro norte es el déficit cero, que tiene el sentido de terminar definitivamente con la inflación en la Argentina”.
El Gobierno oficializó la intervención por 180 días del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la designación como interventor del organismo de Juan Martín Ozores.
La medida fue tomada mediante el decreto 899/2024, la cual fue publicada este lunes en el Boletín Oficial en torno al ente autárquico y descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Como interventores adjuntos fueron designados Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, quien fuera interventor del organismo durante la presidencia de Mauricio Macri
Se especifica que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología podrá prorrogar el período de intervención mediante una única reunión. El decreto también ordena la elaboración de un informe de auditoría con respecto a la situación del organismo, en cuanto al aspecto judicial y de adjudicación de licencia, entre otras cuestiones.
El Gobierno confirmó la intervención de Enacom por 180 días.
Además, se prescribe “determinar y redefinir regulaciones que por su obsolescencia o por su contenido demoran y dificultan el avance tecnológico y hacia la convergencia de sistemas del sector de las TIC y de los servicios audiovisuales” e impulsar “las acciones tendientes al ordenamiento del régimen del personal del Ente en cuanto a su condición de revista”.
En los considerandos, se justifica la medida, entre otras cuestiones, al considerarse que “a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones adoptadas por el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”.
Asimismo, se señala “que dichas decisiones han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas”.
Entre otras cuestiones, se marca que “deberá informarse sobre las medidas cautelares judiciales vigentes, así como sentencias judiciales contra actos administrativos sobre materias que son competencia del” organismo.
Se apunta además a “la simplificación de los trámites administrativos” del Ente y a un relevamiento de su estructura organizativa con el fin de fomentar su “profesionalización y eficiencia”.
LMN
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