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Los integrantes de la mesa chica del Ejecutivo tomaron la decisión de no darle entidad al paro, basándose en estudios de opinión pública del Estado y de privados que indican que gran parte de los encuestados está en contra de la medida.

El Gobierno minimiza el impacto del paro de la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de la reforma laboral, las privatizaciones y la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

Según pudo saber TN, los integrantes de la mesa chica del Ejecutivo tomaron la decisión de no darle entidad al paro, basándose en informes de opinión pública del Estado y de privados que indican que gran parte de los encuestados están en contra de la medida.

Un alto funcionario le expresó a este medio que “todos los sindicalistas tienen una imagen negativa muy alta” y argumentó que “a la gente le molesta el paro porque le cortan el país y no le permiten moverse”.

En Balcarce 50 sostienen además que les “parece bien que se movilicen” y mantienen el mismo discurso respecto al paro del 24 de enero. Se respaldan en la polarización y en apuntar a la CGT como parte de la “vieja política”.

En el Gobierno aseguran que desplegarán el operativo antipiquete que lleva a cabo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en caso de que los manifestantes corten las calles.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó además que les descontarán el sueldo a los trabajadores estatales que participen de la medida y que intentarán cobrarles los gastos de los operativos a las organizaciones que se manifiesten.

El segundo paro nacional contra Javier Milei se confirmó luego de una reunión con el Gobierno, de la que participaron los integrantes del triunvirato de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña, los dirigentes Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (UPCN), Jorge Sola (seguros), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Cristian Jerónimo (vidrio), y Hugo Moyano (Camioneros).

Estuvieron por el Ejecutivo el jefe de gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Interior, Guillermo Francos; su vice, Lisandro Catalán; el secretario de Trabajo, Julio Cordero; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El Gobierno decidió no enviar una reforma laboral ampliada -tal como estaba en el DNU 70/2023- al Congreso y optó por excluir la optatividad de la cuota solidaria de los sindicatos, medida que afectaría su recaudación, junto a la limitación del derecho a huelga.

Dejó afuera también la prohibición de los bloqueos a empresas, la penalización de las asambleas de trabajadores y de las medidas de fuerza, el establecimiento de los convenios específicos por sobre los colectivos y la declaración de la educación como servicio esencial.

Unos de los puntos que se incluyeron en la reforma laboral que trata el Senado son el fondo de cese laboral por convenio y actividad al estilo de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y períodos de prueba de seis meses con posibilidad de extensión a ocho para empresas de 6 a 100 empleados.

Lo mismo aplica para la eliminación de multas al trabajo mal registrado, un agravamiento de la indemnización en casos de discriminación y la simplificación del registro.