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El Gobierno interrumpe los contenidos de las redes sociales y páginas web de los medios públicos

Así lo dispuso el interventor de Radio Televisión Argentina (RTA), Diego Chaher; la medida tendrá lugar “hasta que se reorganicen los procesos y contenidos de la comunicación de la empresa”

El Gobierno decidió “pausar temporalmente todos los contenidos de redes sociales y páginas web de los medios públicos”, según afirmó en un comunicado en la medianoche de este martes. Esta medida abarca a la Televisión Pública, Radio Nacional y sus emisoras del interior, FM Clásica, FM Rock, FM Folclórica.

A través de una resolución publicada por el interventor de Radio Televisión Argentina (RTA), Diego Chaher, además, se estableció que la gestión de las redes sociales y páginas webs de los medios públicos pasen a ser administradas por la Gerencia de Medios Digitales y Relaciones Institucionales de RTA “hasta que se reorganicen los procesos y contenidos de la comunicación de la empresa”.

El Gobierno justificó la decisión al afirmar que “los medios públicos se encuentran en un proceso de reorganización que tiene como objetivo mejorar la producción, realización y difusión de los contenidos que se generan”.

El Gobierno interrumpe los contenidos de las redes sociales y páginas web de los medios públicos

En la medida, que también alcanza al Canal Encuentro y a Paka Paka, el interventor remarcó que la intención es “unificar los criterios de difusión en redes sociales” para después “reiniciar la comunicación digital luego de una reorganización interna de las empresas”.

Los medios nacionales se encuentran intervenidos desde febrero. El servicio abarca la agencia de noticias Télam, Radio y Televisión Argentina, Contenidos Públicos y la plataforma Educ.ar. Entre las últimas medidas tomadas por la intervención, las autoridades resolvieron la semana pasada anular el convenio con el canal Telesur que había sido firmado por el gobierno anterior. Casa Rosada determinó volver a apartarlo de la programación de la Televisión Digital Abierta (TDA), luego de que lo reimplantara la gestión de Alberto Fernández.

La situación en Télam

En medio del proceso de cierre de la agencia de noticias Télam, el Gobierno volvió a prorrogar por siete días más la extensión del régimen de retiros voluntarios, al igual que el pago de sueldos a los empleados dispensados y el plazo límite que se había fijado para que los trabajadores devuelvan todos los equipos que les fueron asignados para su labor.

De acuerdo a los datos que pudo acceder LA NACIONal momento alrededor de un 47% del total de los trabajadores de Télam– un universo que alberga a más de 770 empleados, algunos de más de 30 años de antigüedad-, se acogió al régimen de retiros voluntarios. En otras palabras, al menos 360 trabajadores ya negociaron su salida de la agencia estatal.

“En virtud al alto interés en la adhesión al Plan de Retiro Voluntario (PRV) vigente y, encontrándose en pleno trámite múltiples suscripciones al respectivo acuerdo, se resuelve la extensión de dicho plan por el plazo excepcional de siete días más a partir del día de la fecha en los términos y condiciones autorizados”, se aclara en el escrito rubricado por Chaher, quien en los últimos anunció el cierre de todas las corresponsalías de la agencia en el país. La semana pasada se vaciaron las oficinas de mayor dimensión, ubicadas en La Plata y Rosario.

En el escrito, luego, se agrega: “Dicha extensión de plazo también se aplica para el deber de restitución de los bienes de la empresa en poder de los empleados que se están acogiendo al régimen de retiros y/o dispensados de sus tareas”. Por medio de otra nota interna, el interventor estableció que también se “extiende la dispensa de prestación de débito laboral con goce de haberes por siete días”, hasta el 24 de mayo.

Vencida la prórroga el Gobierno podrá continuar con el procedimiento preventivo de crisis que le permite avanzar con desvinculaciones del personal, que podrían alcanzar al 82% de la planta y suspensiones de cláusulas convencionales vigentes. Pero, además, quedará habilitado de pagar a los trabajadores el 50% de la indemnización.

LA NACION

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