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Los jóvenes habían protestado en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), luego de afirmar que los querían obligar a votar por Nicolás Maduro.

Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela denuncian que, desde el domingo, hay 21 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) que fueron detenidos y sus familiares no saben dónde están.

“Una estudiante me escribió para denunciar que el director de la universidad estaba quitándoles las cédulas y él mismo emitía el voto a favor de Maduro”, contó a TN Luna Perdomo, periodista del diario venezolano Tal Cual que dio a conocer la noticia el domingo.

Los videos de las protestas dentro de la UNES se difundieron en las redes sociales. En las grabaciones, se escucha a los jóvenes gritar la consigna de “libertad” y, en otros, aparece el director, José Rigoberto Betancourt, discutiendo con los que exigían votar por el candidato de su preferencia.

La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad forma a los funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del país, como la Policía Nacional Bolivariana. Por lo tanto, también se rige según las normas del chavismo.

Perdomo fue la primera periodista en llegar hasta la sede ubicada en Catia, Caracas, cuando le avisaron sobre la protesta dentro de la institución. Intentó entrar para tomar testimonios, pero no se lo permitieron. Horas después, recibió el mensaje sobre la desaparición de 25 estudiantes desde el domingo en la tarde.

El hecho se difundió en las redes y organizaciones dedicadas a los derechos humanos como Provea y Espacio Público se hicieron eco del caso. Por el momento, solo se sabe dónde están recluidos cuatro estudiantes. Se desconoce la ubicación de los otros 21.

La madre de uno de los que pudo ser localizado, quien pidió mantener su nombre y el de su hijo en anonimato, le confirmó a TN que el joven fue detenido “porque alzó su voz, porque no estaban de acuerdo” y que estaba detenido junto con los otros tres compañeros en la Dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana (DIP-PNB) en Caracas.

La mujer vive en Maracay, capital del estado Aragua, a hora y media de la capital, por lo que no pudo viajar hasta el centro de detención porque el transporte estuvo suspendido hasta este jueves. Sin embargo, por familiares que viven en Caracas se pudo enterar de que estaba bien “entre lo malo”.

Todo cambió cuando conoció que trasladaron a los cuatro jóvenes a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la parroquia El Cafetal, en Caracas. “Tienen más de 72 horas detenidos y no los han procesado”, lamentó y confesó sentir mucho temor porque su hijo iba a quedar incomunicado y las autoridades no permiten que reciba la asistencia de un abogado privado, sino que se le asignó un defensor público.

En cuanto a los 21 estudiantes restantes, Perdomo explicó que muchos viven en el interior del país, lo que impide contactar a los familiares para identificarlos. Además, la persona que hizo la denuncia no conoce a la mayoría porque son de distintos cursos. Este viernes, se cumplen cinco días de su desaparición. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón también le confirmó a TN que todavía no saben dónde están. “Suponemos que están dentro de ese número enorme anunciado por las autoridades”, aseguró Martha Tineo, abogada y cofundadora de la organización.

Nicolás Maduro anunció que hay 1200 detenidos y que 75 manifestantes fueron trasladados a Yare III, una cárcel de alta peligrosidad ubicada en el estado Miranda (a 75 kilómetros de distancia de la capital venezolana).

La mayoría de los disidentes son imputados por terrorismo

Tineo explicó que las detenciones que comenzaron desde el domingo tienen “un patrón”. “Lo estamos documentando a nivel nacional. Está pasando exactamente lo mismo con todos los casos: ocurren las detenciones arbitrarias, seguidas de desaparición forzada de corta duración”, indicó y agregó: “Las autoridades se llevan a las personas a cualquier centro de detención, no les permiten establecer contacto con sus familias o con abogados de confianza”.

“Transcurrido determinado tiempo, están realizando audiencias de imputación de cargos masivas, de forma telemática (por videollamada) porque, como se les están imputando delitos de terrorismo, solamente hay tribunales con competencia especial contra el terrorismo en Caracas. No hay tribunales contra el terrorismo a nivel nacional”, explicó la letrada. La mayoría de los detenidos están siendo imputados por cinco delitos: Terrorismo, asociación para delinquir, instigación al odio, utilización de adolescentes y obstrucción a la vía pública.

Tanto Provea, como Foro Penal y Espacio Público, también dedicadas a defender los derechos humanos, se encontraron con la misma situación. “Aparentemente, es una orden, porque está pasando lo mismo con todos, y a todos se les está decretando medida privativa de libertad por 45 días, que es el lapso que establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal, para que el fiscal del Ministerio Público realice una investigación y finalmente la concluya, bien, con un acto acusatorio para llevar a las personas a juicio o sobreseimiento o cualquiera de otras formas”, señaló Tineo.

“Es la primera vez que el Ministerio Público da cifras de detenciones. Al contrario, siempre se negaban oficialmente las detenciones por persecución política y éramos las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, las que ubicábamos esos casos y los denunciábamos. Ahora está pasando que el fiscal anuncia que están todas estas personas detenidas y nosotros lo que hemos hecho es un esfuerzo infinito por tratar de darles nombre a esas personas y ubicarlas junto con su familia”, destacó preocupada.