La polémica en torno a RainbowEx, la plataforma de criptomonedas sospechada de operar como una estafa piramidal en San Pedro, se amplió tras conocerse la enorme cifra que recaudó tras su anuncio de cierre y la supuesta promesa de devolver los fondos invertidos. Según registros judiciales, la empresa logró recaudar más de 230.000 dólares mediante pagos de “rescate” de más de 2.600 inversores, quienes esperaban recuperar su dinero a cambio de un pago de 88 dólares.
La situación comenzó a complicarse cuando, a través de grupos de Telegram, la figura conocida como “La China” informó a los usuarios sobre un acuerdo supuestamente alcanzado con autoridades locales. Este mensaje generó un frenesí entre los inversores, quienes temían perder sus fondos de forma definitiva. “Para asegurar un progreso fluido, todas las cuentas argentinas serán restablecidas a un estado inactivo”, se leía en la comunicación, que no proporcionó detalles concretos sobre la legalidad del acuerdo.
La presión que ejercieron sobre los inversores fue enorme. RainbowEx advirtió que quienes no completaran el pago antes de una fecha límite podrían enfrentarse a la confiscación de sus fondos y acusaciones de lavado de dinero. Esta estrategia de miedo hizo que muchos, ante el temor de perder lo que habían invertido, decidieran realizar el pago, llevando a la recaudación de una suma significativa en un corto período.
La situación tomó un giro más grave con la detención de Luis Pardo y Martín Liberati, considerados los cabecillas de la operación. La investigación, solicitada por el fiscal Matías Di Lello, se intensificó después de que numerosos afectados comenzaran a presentar denuncias. RainbowEx prometía retornos de hasta el 1% diario, pero cuando los inversores intentaron retirar sus fondos, la plataforma les impidió el acceso.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEx no contaba con la autorización para operar en el país, lo que genera aún más inquietud sobre la legitimidad de la plataforma. La falta de regulación adecuada en el ámbito de las criptomonedas ha dejado a muchos inversores desprotegidos ante este tipo de fraudes.
Los afectados se encuentran en una situación crítica, atrapados entre el deseo de recuperar su dinero y el temor a perder aún más. El abogado Adolfo Suárez Edaire, que representa a varios damnificados, criticó la falta de respuesta del Estado. “La situación es insostenible. Necesitamos acciones concretas para proteger a los inversores“, afirmó, reflejando la desesperación que sienten quienes han invertido sus ahorros en la plataforma.
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