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Se detectaron certificados médicos y documentación apócrifos La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno y Río Gallegos. Estado habría perdido $165 millones.

Una investigación del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, ha llevado a cabo una investigación exhaustiva, en colaboración con ANSES, que resultó en la detección y denuncia ante la Justicia de 203 casos de “graves y escandalosas” irregularidades en la tramitación de la Asignación por Embarazos para Protección Social.

Según informaron fuentes del partido La Libertad Avanza, estas anomalías evidencian una “práctica sistemática de presentación de documentación falsa” y la utilización de certificados médicos apócrifos en diversas oficinas de atención de ANSES. El objetivo de estas maniobras fraudulentas es percibir indebidamente un beneficio que, en octubre, asciende a $87,815.

Las investigaciones, que ya habían suscitado versiones y alertas desde hace al menos dos años, fueron realizadas por la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de ANSES, a cargo de Mariano de los Heros. La Unidad de Atención Integral (UDAI) de ANSES en González Catán, La Matanza, fue clave en la detección de las irregularidades.

Se identificaron varios tipos de inconsistencias en los formularios que las beneficiarias deben completar, para acceder a la asignación. Entre las localidades afectadas se encuentran González Catán, Lomas de Zamora, Retiro (CABA), Trujillo, Moreno y Río Gallegos, allí se detectaron:

-Certificados médicos apócrifos sin registro de nacimiento, simulación de interrupciones de embarazo, certificados con fechas de parto futuras, (ANSES rechazó formularios “PS 2.67″ por inconsistencias notables, tales como matrículas médicas inválidas, sellos o CUIL erróneos, y certificaciones realizadas por profesionales sin habilitación en obstetricia.).

El testimonio de una embarazada que reconoció fraude al estado
Los pesquisas de la ANSES también lograron el testimonio de la presunta embarazada (se preserva el nombre), quien reconoció que “el formulario lo obtuvo mediante una persona de nombre ‘Estela’ por el costo de $1.800 sin agregar mayores datos.”

En el caso de la localidad de Turdera, en Lomas de Zamora, ocurrió algo similar; se falsificó firma y matrícula de obstetras y médicos que no tuvieron contacto con las pacientes ni trabajaban en los hospitales citados en la documentación. Es más, uno de los médicos manifestó que hace más de diez años que no presta servicio en el Hospital Interzonal General de Agudos ‘Evita’. Asimismo, desconoce la firma y el sello. Después del contacto con los investigadores de la AFIP hizo la denuncia policial por usurpación de identidad, título y honores que está en trámite.

Para los funcionarios del organismo que preside Mariano de los Heros, del análisis de esa documentación “surge sin duda un modus operandi cuasi uniforme en cuanto al universo de maniobras, donde las modalidades son reiteradas y consisten básicamente en la presentación de los formularios obligatorios para la acreditación del embarazo -falsos en estos casos- o bien de la interrupción de la gestación, efectuada por mujeres que no han concurrido a una consulta médica que así lo acredite, o bien esos embarazos no existen o no existieron, tal como se requiere para adquirir el derecho a la prestación de Asignación Universal por Embarazo”.

Según condsignó Infobae, “Estas situaciones comenzaron a detectarse a partir de las presentaciones de los formularios PS 2.67 adulterados o con sellos de médicos que no revisten tal carácter, o bien que no participan en la certificación de la que dan fe de su contenido y por lo que surgen las posibles irregularidades observadas en un Formulario, presentado en la Unidad de Atención por las presuntas embarazadas para cobrar el beneficio”.

Denuncia Penal
En la denuncia penal que fue realizada este viernes ante los tribunales de Comodoro Py y recayó en el juzgado federal de Sebastián Ramos y la fiscalía de Ramiro González, también se indicó: “Se han detectado Defraudaciones en grado de tentativa en otros numerosos casos, como en la Oficina González Catán II, en total 111 formularios apócrifos, mientras que en la Regional Bonaerense IV de ANSES, se verificó 283 casos por sistemas, firmados presuntamente por la doctora XX (se reserva el nombre), y que de una auditoría por muestreo realizado conforme matrices de riesgo del organismo, se determinó que en la mayoría de los casos seleccionados, los supuestos beneficiarios solicitantes NO VIVEN en el domicilio consignado en el formulario citado o ‘no recuerdan’ conocer al médico tratante/certificante”.

Perjuicio económico a ANSES
El fraude descubierto podría ascender a más de 160 millones de pesos y fue dividido en dos escenarios posibles:

1- Escenario de máxima: si los 203 casos fraudulentos hubieran cobrado el 100 por ciento de la prestación durante los 9 meses correspondientes, el perjuicio ascendería a 165.959.199 pesos a valores actuales.

2-Escenario específico: en este cálculo más detallado, se observa que los Grupos I y III (80 casos) cobraron el 80 por ciento de la prestación durante 9 meses. El Grupo II (12 casos) cobró el 100 por ciento durante 6 meses. El Grupo IV (111 casos) no llegó a percibir ninguna prestación. En este escenario, el perjuicio estimado es de 58.862.376 de pesos a valores actuales.

Desde el ministerio de Sandra Pettovello y ANSES reafirmaron su “compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción”. “Para evitar la repetición de estas prácticas fraudulentas, se están rediseñando los procedimientos internos, con un enfoque en la digitalización de los certificados médicos y la implementación de nuevas herramientas que optimicen la verificación de los trámites”.

LMN