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El fallo hace lugar a un habeas corpus presentado por el jefe del Escuadrón XI de Gendarmería Nacional y pide, además, abrir una causa penal por el delito de “desaparición forzada de personas”, que se expliquen los motivos del arresto, que se dé a conocer el nombre del juez a cargo del proceso y que se le permita a Gallo designar a un abogado y estar en contacto con su familia.
En un documento de 13 páginas, los camaristas Manuel Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez Curci ordenaron “exhortar a la República Bolivariana de Venezuela a que, a través de las autoridades correspondientes, informen de modo inmediato el paradero del Sr. Nahuel Agustín Gallo (…) los motivos de su detención y a disposición de qué autoridad judicial competente se encuentra”.
La Cámara ordenó también “instar a las autoridades judiciales de la República Bolivariana de Venezuela a presentar física o telemáticamente al Sr. Nahuel Agustín Gallo” ante las autoridad que designe la Cancillería Argentina “con el fin de ser asesorado” y se facilite el contacto con sus familiares.
El fallo de la justicia mendocina llega horas después de que el exembajador argentino en Venezuela durante el gobierno de Alberto Fernández, Oscar Laborde, gestionara el envío de una carta de la madre de Gallo.
“Lo que hubo fue el acercamiento de una persona allegada a la madre del gendarme. Me preguntó si podía hacerse llegar una carta. Se hizo la gestión solamente por una cuestión humanitaria, el envío de la carta de la madre al gendarme. Se pudo saber que el gendarme está en buenas condiciones”, dijo Laborde en declaraciones radiales.
Gallo ingresó el 8 de diciembre a Venezuela desde Colombia, a través de un paso fronterizo terrestre, y cruzó el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, para dirigirse al estado venezolano de Táchira, con el propósito de visitar a su pareja, con quien tiene un hijo.
El Gobierno venezolano dijo que el gendarme está siendo procesado por supuestos “planes terroristas” que “comprometen” -aseguró- al presidente argentino, Javier Milei, y a la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.
De acuerdo con la pareja, María Gómez, residente argentina hace seis años en Venezuela, el gendarme fue trasladado en una “camioneta negra” por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM). Laborde opinó que “fue muy irregular todo lo sucedido” y que hay “una responsabilidad muy grande” de Bullrich.
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