El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, anunció que enviará al Concejo Deliberante, un proyecto de ordenanza para que la ciudad adhiera a la Ley de Ficha Limpia, aprobada por amplia mayoría en la Legislatura provincial, impidiendo que puedan acceder a cargos públicos personas que cuenten con antecedentes por causas judiciales.

En el caso concreto de la localidad, se establecen los requisitos que deberán cumplir quienes quieren acceder a cargos representativos, como intendente y concejal, y también para quienes sean designados como secretarios, subsecretarios, Juez de Faltas, Fiscal Administrativo Municipal, integrantes de la Junta Electoral Municipal o como planta política del Concejo Deliberante.

Koopmann señaló que “quienes ocupamos cargos públicos, tenemos la obligación y la responsabilidad de dar señales claras de transparencia a los ciudadanos, que nos brindaron su confianza al momento de elegirnos con su voto”.

“Convencido de que ese es camino que debemos transitar, enviaré al Concejo Deliberante, el proyecto de ordenanza para que Zapala sea la primera ciudad en adherir a la Ley de Ficha Limpia, que fue aprobada por los diputados, ayer en general y hoy en particular”, remarcó el jefe comunal, acotando que “ahora resta que el Ejecutivo la promulgue para que entre en vigencia”.

A nivel provincial, la ley, que lleva el número 3498, establece que no podrán ser candidatos a cargos representativos: los imputados contra quienes exista resolución judicial de medidas restrictivas de la libertad; los condenados por delitos dolosos comunes o federales cuando la sentencia fuera confirmada en segunda instancia, o consentida cuando el condenado no hubiera interpuesto impugnación o recurso respectivo; los condenados por delitos de Tráfico de Estupefacientes previstos en la Ley nacional 23.737; los deudores al fisco condenados al pago; los condenados por delitos del Régimen Penal Tributario previstos en la Ley nacional 27.430; los deudores alimentarios morosos incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos previsto en la Ley 2333; los que estén inscriptos en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género previsto en la Ley 3233 y los que hubiesen sido inhabilitados por juicio político u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para el impedimento, la expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública.

También se incluye a “las personas que hayan sido beneficiadas con una suspensión de juicio a prueba regulada por el artículo 76 bis del Código Penal o en los códigos de procedimiento locales cuando aquellos los contemplen, por delitos dolosos o haber sido participe de delitos contra la administración pública sin ser funcionarios públicos”.

“El proyecto de ordenanza será elevado al Concejo Deliberante, para que pueda ser debatido, seguro de que la voluntad política de los concejales es acompañar su aprobación”, sostuvo Koopmann.