Según informó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el cierre fue considerado una falta grave que afectó a más de 3.700 afiliados de Río Negro, quienes no pudieron acceder a servicios médicos ni realizar trámites esenciales. El organismo denunció un uso político-partidario de recursos públicos y remarcó que “cada agencia debe funcionar como una oficina de servicio al afiliado, no como un local partidario”.
Desde ATE, en cambio, rechazaron la sanción. Aseguraron que se garantizó una guardia mínima y calificaron la decisión como un “operativo de prensa” del oficialismo. “Tenemos pruebas de que ese día hubo atención al público”, expresó Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.
La medida se enmarca en una política de auditorías y control de gestión impulsada por la nueva conducción del PAMI, que busca “recuperar el rol del organismo como servicio público y dejar atrás las prácticas tradicionales de la vieja política”.
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