La juezaLoretta Preska decidirá mañana si le concede a la Argentina la suspensión de la entrega de las acciones de YPF para pagar la sentencia por US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera.
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La magistrada de Nueva York le comunicó por escrito a la Argentina y a los beneficiarios del fallo, los fondos Burford y Eton Park, que este lunes definirá sobre el pedido del Gobierno para que suspenda la entrega de acciones -y por ende las posibles sanciones al país por incumplimiento- mientras se sustenta la apelación.
Preska además les dio a las partes “tres días adicionales” para ir a la Corte de Apelaciones, algo que la Argentina hizo el jueves al adelantarse a lo que esperan sea un fallo adverso de Preska.
El lunes era la fecha tope para que el país depositara los papeles de YPF en custodia en un banco de Nueva York y Preska no va a definir si cancela o revierte la orden que dio el 30 de junio. Sí decidirá si suspende o no la entrega de las acciones mientras la Argentina apela, aclaró Sebastian Maril, de Latam Advisors.
“Si la suspende, los beneficiarios del fallo no podrán ejecutar la sentencia mientras la Argentina apela”, explicó el analista, que sigue al detalle los juicios contra el país en el exterior.
La semana pasada la Argentina se adelantó a la definición de la jueza de primera instancia y apeló la orden de entregar accionesante un tribunal superior de Nueva York.
Luego, la magistrada convocó a las partes a una audiencia el martes 15 para destrabar la disputa por la entrega de información relacionada con el “alter ego” de YPF, Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Enarsa y el Banco Central (BCRA). Los beneficiarios del fallo buscan embargar activos de esas entidades, bajo el argumento de que “son lo mismo que la República”.
Además, los abogados de la Argentina le comunicaron de manera formal a Preska que ya concurrieron a la Corte de Apelaciones y que si ella llegase a otorgar esa suspensión el país informará al tribunal superior que la jurisdicción seguirá en la corte de la jueza de primera instancia.
El Gobierno mantiene la postura de que la orden de Preska viola la ley de expropiación de YPF y manifiesta que cualquier traspaso de la participación estatal requiere aprobación del Congreso con una mayoría de dos tercios.
Además considera que el traspaso accionario conlleva efectos irreversibles a raíz de que los demandantes ya aclararon su intención de vender esos títulos una vez que los reciban, lo que impediría retroceder incluso si el país se impusiera en la apelación.
En los escritos presentados en los tribunales norteamericanos advierte además que el país sufrirá un “daño irreparable a su soberanía” si no se suspende la orden de entrega mientras se resuelve la apelación. También sostiene que se verá forzado a elegir entre ”cambiar sus propias leyes, violarlas o desobedecer una orden judicial de los Estados Unidos”.
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