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Tres legisladores le hicieron una presentación a la ANSES para suspender el beneficio del expresidente de la Nación.

Alberto Fernández fue procesado el pasado jueves en la causa que lo investiga por favorecer a intermediarios privados dentro de la centralización de pólizas de organismos públicos en Nación Seguros. Tras eso, tres legisladores de la Ciudad de Buenos Aires le hicieron una presentación a la ANSES para que le saquen la jubilación de privilegio que percibe.

Qué dice el documento firmado por los legisladores sobre la jubilación de privilegio de Alberto Fernández

Graciela Ocaña, María Sol Méndez y Sebastián Nagata firmaron la petición dirigida a Fernando Bearzi, titular del organismo, y solicitaron “la suspensión de la asignación mensual vitalicia” que tiene el expresidente.

En el documento, ponen en contexto la situación de Fernández y justifican: “Debe ser suspendida a fin de no perjudicar el erario público que vuestro gobierno tanto defiende“. Además, aclararon que la suspensión debe ser extendida ”hasta que se resuelva definitivamente la culpabilidad o no en los hechos que se le imputan”.

“Es sabido que los beneficios que otorga la ley 24.018 son un privilegio para quien desempeño una de las funciones públicas más importantes del país, pero si esa persona utilizó ese lugar de privilegio para beneficio propio y cometió delitos desde ese lugar, no pueden obtener ni mantener este beneficio”, profundizaron en el escrito.

“¿Qué mensaje está dando el Gobierno Nacional si un jubilado que trabajo toda su vida tiene que elegir entre comer o comprar medicamentos? En cambio, un expresidente -procesado por corrupción y violencia de género- cobra casi 9 millones de pesos por mes, es decir, más de 24 jubilaciones mínimas”, sentenciaron.

Las declaraciones de Alberto Fernández respecto de su implicancia en la causa Seguros

En su última presentación ante la justicia, la abogada del expresidente Mariana Barbitta aseguró que Fernández “no tiene ninguna relación con la imputación y que se trata de una imputación genérica”.

Además, el exmandatario aseguró que las facturas que demostraban que él le habría facilitado contratos al broker de seguros Hector Martínez Sosa valuados en más de $4,2 millones, en realidad correspondían a informes políticos y económicos elaborados para varios clientes. “Martínez Sosa no era el único”, explicó.

Finalmente, defendió el decreto 823/21 firmado durante su gestión, que eliminó el sistema de coaseguros y estableció que el Estado solo podría contratar pólizas de seguros con Nación Seguros, y manifestó que se trató de una medida legal que no mencionaba a intermediarios privados específicos. Por otro lado, sostuvo que los beneficios a ciertos intermediarios “no generan una erogación del erario público”, es decir, que el Estado no sufrió una pérdida económica directa por estos negocios.

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