La ley vetada contemplaba una recomposición del 7,2% en jubilaciones y pensiones, el aumento del bono mensual de $70.000 a $110.000, y su actualización automática según la inflación. Además, restituía por dos años el régimen de moratoria previsional, permitiendo a personas sin los 30 años de aportes requeridos acceder a la jubilación mínima.
Durante el debate legislativo, Milei había calificado el proyecto como “fiscalmente irresponsable”, y su decisión de vetarlo se mantuvo firme pese a la amplia aprobación que recibió en ambas cámaras. El veto fue firmado este fin de semana para cumplir con los plazos legales y evitar que el Congreso pudiera insistir rápidamente con la norma.
Desde la Casa Rosada informaron que continúan las negociaciones con gobernadores y bloques aliados, a quienes se les habrían ofrecido contraprestaciones como recursos del Tesoro Nacional (ATN) y acuerdos políticos de cara a las elecciones del 26 de octubre.
Ahora, el foco está puesto en si la oposición logrará reunir los dos tercios necesarios en Diputados y el Senado para rechazar el veto presidencial. Aunque el objetivo parece difícil, no se descarta la posibilidad de que se articule una mayoría especial, dada la sensibilidad social del tema y el respaldo legislativo que tuvo la ley.
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