El Gobierno nacional ya tiene listo un primer borrador del proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años, que se enviaría al Congreso en febrero, durante el período de sesiones extraordinarias.
El proyecto del nuevo régimen penal juvenil ya había sido anunciado en 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano, e incluso ya había avanzado en la construcción de consensos con sectores de la oposición, como por ejemplo con el jefe de la bancada justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, pero la coyuntura electoral obligó a postergar el debate.
Las páginas del nuevo “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil” a las que accedió Clarín, recopilan 100 artículos, 16 capítulos y un anexo que definen las medidas que se pondrían en práctica en caso de aprobarse la ley, dirigida a adolescentes mayores de 15 años y menores de 18.
En el artículo 2 del documento se expone que a aquellos menores que cuenten con 15 años sólo se les aplicará el régimen cuando se trate de “algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal”. Se trata de delitos como homicidio, violación o abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con armas de fuego.
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En ese sentido, en el artículo 12 del proyecto se especifica que “la privación de la libertad procederá como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible” y no habrá sanciones privativas o restrictivas de la libertad “en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”.
Respecto a los plazos de privación de la libertad, detalla que 15 años será el “plazo máximo” de prisión para adolescentes y prohibe la imposición de reclusión, como así también la prisión perpetua.
En relación a la prisión preventiva en estos casos, se afirma que la misma “no podrá exceder de un año”, pero puede prorrogarse cada tres meses. Este punto sería para evitar el caso de menores detenidos sin una condena.
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Por otro lado, el artículo 62 promueve un “Plan Individualizado” para cada adolescente. Este plan apunta a “contemplar aspectos sociales, educativos, recreativos y de salud” y sostiene que, en caso de que corresponda, se abordará “un plan de abordaje restaurativo”.
En caso de aprobarse la ley, y que el menor de 15 años sea responsable de un hecho al que corresponda una pena máxima superior a los diez años de prisión, un equipo interdisciplinario evaluará cómo proceder con su situación.
Esto puede implicar “acuerdos restaurativos, programas de salud, o tratamiento de adicciones en caso de que sea necesario”. Dado el caso, el juez recibirá un informe cada tres meses del adolescente.
FUENTE PERFIL
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