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Zapala se convirtió en la primera ciudad de la provincia, que manifestó su adhesión a la ley provincial que determina la obligación de realizarse exámenes toxicológicos a las autoridades electas y funcionarios, para poder permanecer en sus cargos.

El anuncio lo hizo el intendente, Carlos Koopmann, quien anticipó que enviará el proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante, después de que la Legislatura sancionara esta semana por amplia mayoría la Ley 3531.

El jefe comunal detalló que, en el caso de la ciudad, la exigencia de los análisis se aplicará a intendente, concejales, secretarios, subsecretarios, Fiscal Administrativo Municipal, Junta Electoral Municipal y Juez de Faltas.

“Es necesario que la política brinde a los ciudadanos, señales claras de transparencia y responsabilidad al momento de ejercer un cargo en la función pública, eliminando cualquier privilegio, y por eso tomamos la decisión de presentar el proyecto de ordenanza adhiriendo a la ley aprobada por los diputados, para que en Zapala, como municipio de primera categoría, también sea obligatorio que las autoridades electas por el voto popular y los funcionarios deban realizarse estos exámenes toxicológicos, que serán sorpresivos, confidenciales, y, en caso de que el resultado sea positivo, la persona implicada tendrá garantizado su derecho a defensa, a través del procedimiento fijado en la legislación, donde se contempla la realización de una contraprueba”.

Koopmann resaltó la decisión política del gobernador, Rolando Figueroa, “de combatir sin tregua el tráfico de drogas”, y remarcó que “esta normativa, justamente lo que pretende garantizar es que los funcionarios públicos cumplan con sus tareas de manera responsable, transparente y sin relación o vinculación alguna con el narcotráfico”.

El intendente adelantó que “el proyecto de ordenanza será enviado al Concejo Deliberante la semana próxima, para que tome estado parlamentario y sea rápidamente tratado y aprobado por los concejales”.

Los exámenes toxicológicos se realizarán con el objetivo de detectar la presencia de sustancias psicoactivas prohibidas como metabolitos de opioides, de cannabinoides, de cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y barbitúricos, entre otros.

Al igual que en la ley provincial, en el caso de la ordenanza para la ciudad, se dejará en claro que “el costo del examen estará a cargo del funcionario, y se descontará de sus haberes”.

Con respecto a los pasos a seguir cuando la prueba y contraprueba tengan resultado positivo, “la autoridad de aplicación que se determine, deberá remitir el informe a los organismos donde el funcionario cumple con su tarea, para que se activen los mecanismos previstos en la Carta Orgánica, y la legislación vigente en materia de responsabilidad de los funcionarios públicos”.

Subsecretaría de Prensa