El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó la medida durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada:
“La Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”.
Adorni explicó que la decisión responde a la necesidad de transparentar la gestión de las políticas públicas vinculadas a la discapacidad, tras detectar “toneladas de capas burocráticas”, “descontrol administrativo” y manejos “incompatibles” con una administración transparente.
Entre los ejemplos mencionados, señaló casos de personas que continuaron cobrando pensiones por discapacidad de familiares fallecidos.
El funcionario adelantó que la nueva administración garantizará trazabilidad en los expedientes, auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se eliminarán 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica.
Adorni aclaró que la medida no afectará las prestaciones:
“Esto no significa que se vayan a recortar pensiones ni nada por el estilo. No se va a cortar absolutamente ninguna prestación”.
La ANDIS, creada en 2017, ya había recibido recientemente una reasignación de fondos hacia el Ministerio de Salud. Según datos oficiales, el organismo ejecutó hasta ahora el 86% de su presupuesto y recibió $173.032 millones adicionales, en el marco de un presupuesto global cercano a los 5 billones de pesos.
La decisión se da en el contexto de una investigación judicial por presuntas coimas y sobreprecios en medicamentos destinados a personas con discapacidad. El caso se destapó tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, que revelaron un esquema de sobornos con la participación de empresarios de droguerías, operadores y funcionarios.
La Cámara Federal de Comodoro Py analiza la veracidad de esos audios, mientras la causa ya tiene 15 imputados citados a indagatoria.
En paralelo, organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad realizaron una marcha desde Plaza Congreso hasta el Ministerio de Salud para exigir el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, reclamando garantías en la continuidad de las prestaciones y mayor transparencia en la gestión.
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