La medida busca acelerar el ingreso de los llamados “dólares colchón” al circuito formal y garantizar que las entidades se ajusten estrictamente a la normativa vigente.
En conferencia de prensa desde Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Banco Nación instruirá a su personal para cumplir “de manera estricta” con la ley. “Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido”, afirmó, y precisó que para realizar depósitos bastará con acreditar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias. Los fondos, explicó, podrán ser utilizados libremente “para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos”.
Adorni defendió el nuevo marco legal al sostener que “los inocentes dejaron de ser perseguidos como culpables” y aseguró que el país dejó atrás “el reino del revés”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó el mensaje y exhortó a las entidades financieras a no imponer exigencias adicionales. En un mensaje publicado en la red social X, respondió a la queja de un usuario y aseguró: “Si en sus bancos les piden cosas de más, no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley”.
Caputo subrayó que los depósitos en dólares estarán disponibles de inmediato para consumo, ahorro o inversión, “como en cualquier lugar del mundo”.
El ex titular de ARCA, Juan Pazo, explicó que el nuevo régimen permitirá exteriorizar y depositar hasta $10 millones sin que se configure un delito de evasión tributaria. “Se trata de ahorros bien habidos”, remarcó, y destacó que, en línea con observaciones del FMI, los depósitos en dólares deben ser entendidos como un principio de inclusión financiera.
Pazo también señaló que, si los fondos se destinan a la compra de bienes como autos o maquinaria agrícola, la operación deberá estar bancarizada por alguna de las partes. Además, advirtió que los bancos están actuando con un nivel de cautela superior al recomendado: “En el momento que un banco empiece a tomar los fondos, el que no lo haga va a quedar fuera del mercado”.
La Ley de Inocencia Fiscal, aprobada recientemente por el Congreso, establece un régimen para contribuyentes con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y patrimonio menor a $10.000 millones. Bajo este esquema, ARCA concentrará los controles en ingresos facturados y deducciones, sin revisar gastos ni bienes.
El pago del impuesto correspondiente libera al contribuyente de futuros reclamos por Ganancias y habilita operaciones de gran magnitud sin reportes automáticos de bancos, escribanías o concesionarias. La norma también actualiza los montos de delitos tributarios, eleva los pisos de evasión simple y agravada, y permite la extinción de la acción penal mediante el pago en determinadas condiciones. Asimismo, reduce los plazos de fiscalización y reclamo impositivo a tres, cinco o diez años, según el nivel de cumplimiento fiscal.
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