Zárate explicó que la medida busca frenar los robos de ganado, tras perder más de 30 animales en los últimos meses. “El asfalto está en nuestro terreno. Hasta que el gobierno no regularice la situación, la tranquera se queda”, afirmó.
Vecinos de la zona denunciaron que el portón permanece cerrado con candado y que hay personas impidiendo el paso. La dueña lo desmintió y aseguró que la circulación está permitida.
El conflicto también generó reacciones en comunidades mapuches, que cuestionaron la falta de intervención estatal. “Si fuésemos nosotros los que cortamos la ruta, ya nos habrían desalojado”, expresaron voceros indígenas.
Desde el gobierno provincial reconocieron que la ruta atraviesa terrenos privados y que nunca se completó el trámite judicial de expropiación. Mientras tanto, el paso sigue restringido y el conflicto crece.
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