El juez Ariel Lijo dispuso acceder a los movimientos de IMHOUSE S.A., propiedad del periodista Marcelo Grandio, señalada como posible responsable de cubrir los costos del traslado. El objetivo es verificar si la compañía tenía capacidad financiera para afrontar esos gastos y si mantiene contratos con la Televisión Pública.
El magistrado también solicitó a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, que precise si el viaje tuvo carácter oficial o si contó con alguna autorización administrativa. La investigación apunta a determinar si existió respaldo institucional durante el fin de semana largo de febrero, cuando se produjo el traslado.
En medio de la polémica, Adorni negó versiones sobre una eventual renuncia. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), escribió: “Fake. Fin.”, desmintiendo que el Ejecutivo evaluara su salida.
Días atrás, el funcionario había pedido disculpas por haber permitido que su esposa viajara en el avión presidencial durante la gira a Nueva York. Reconoció que aceptó la invitación sin advertir el error y aclaró que no implicó gasto alguno para el Estado. “No se trató de un delito, sino de un error”, sostuvo, reiterando su pedido de perdón.
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