El Tribunal Oral Federal 5 convocó para el viernes 4 de septiembre, a las 10, a la audiencia preliminar en la causa Hotesur-Los Sauces, donde se investiga a Cristina Kirchner y a sus hijos por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas.
El objetivo de la audiencia es delimitar la prueba y evitar dilaciones antes del debate oral, en un expediente que acumula años de investigación.
El TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, rechazó el recurso de casación presentado por el fiscal Diego Velasco, quien había pedido avanzar directamente al juicio oral sin esperar la culminación de las pericias contables.
Los magistrados consideraron inapropiado iniciar el debate con declaraciones indagatorias o testimoniales mientras permanecen pendientes medidas de prueba clave. En particular, aún falta entregar la segunda pericia contable sobre Los Sauces y el informe final comparativo con las tasaciones oficiales de los inmuebles.
La audiencia preliminar permitirá a las partes revisar la validez de la prueba acumulada, definir la lista de testigos y acordar un cronograma para el eventual juicio oral. Una vez aceptadas las pruebas, el tribunal podrá fijar la fecha definitiva del debate.
Entre los procesados figuran la expresidenta, su hijo Máximo Kirchner, los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, el excontador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, entre otros.
También fueron citados escribanos como Jorge Ludueña y Ricardo Albornoz, el exgobernador santacruceño Carlos Sancho y los hijos de Lázaro Báez. La causa se centra en la hipótesis de que pagos de empresas vinculadas a Báez y López a las firmas hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner habrían sido una pantalla para canalizar fondos de origen ilícito.
Este expediente se relaciona de manera directa con la condena de Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el caso Vialidad, donde se comprobó que los fondos públicos destinados a obras viales eran desviados a través de contratos simulados hacia las empresas de la expresidenta. Según la Justicia, estas maniobras no solo beneficiaron a Báez, sino que también enriquecieron a la familia Kirchner, utilizando Hotesur y Los Sauces para darle un marco legal al direccionamiento del dinero.
Concretamente, la acusación sostiene que a través de dichas empresas se emitían facturas a Austral Construcciones para blanquear el dinero ilegal -retornos- por la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
Según la fiscalía, Báez pagó más de 27 millones de pesos entre 2009 y 2013 a través de su firma Valle Mitre por la explotación de hoteles, entre ellos el Alto Calafate, mientras que otras empresas del Grupo Austral (también de Báez) generaron ingresos adicionales por 11 millones de pesos, muchas veces por habitaciones que no se ocuparon.
Además, se les imputa el delito de dádivas por las operaciones comerciales entre Cristina Kirchner, como funcionaria pública, y contratistas del Estado.
Las pericias ordenadas por el tribunal apuntan a determinar si esos movimientos respondían a operaciones reales o constituían una maniobra de lavado. Florencia Kirchner ya fue sobreseída en esta causa por ser menor de edad al momento de los hechos investigados.
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