En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, el ex jefe de Gabinete bonaerense y exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, apareció este fin de semana en un video, festejando el triunfo de la Selección Argentina contra Suiza.

El video que circuló por redes sociales muestra a un grupo de un veintena de personas viendo el partido en un amplio living. Insaurralde agita el brazo al ritmo de canciones de aliento al equipo argentino, mientras fuma un habano.

El video fue difundido inicialmente por el periodista Gustavo Mendez. "En el medio del partido me llegó un mensaje de que mirara las redes de tal persona. Me fui al baño e hice la captura antes de que lo borren", explicó en declaraciones a Radio Mitre.

Según indicó el periodista, el video fue registrado en la casa de Rodrigo Fernández Pietro, un empresario de la construcción, a quien llaman el "Príncipe de Puerto Madero".

"Estaban en la casa de él de Puerto Madero, con gente vinculada al rubro: inmobiliarias, arquitectura, leyes, abogados", precisó el periodista. Entre los concurrentes identificó a Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores.

Napoli fue anfitrión del presidente Javier Milei, hace dos meses, cuando la entidad organizó un evento institucional en el Malba. También lo acompañó en la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, en el Palacio Bosch. En 2023, fue candidato a senador nacional por La Libertad Avanza.

Mendez explicó que varios de los presentes compartieron videos del encuentro. Pero cuando advirtieron la repercusión "pusieron sus redes en privado y borraron el contenido".

En las imágenes, a Insaurralde se lo ve sentado junto a Fernández Pietro, desarrollador de proyecto en Puerto Madero y también en el exterior.

El empresario tuvo exposición por ser la expareja de la modelo Floppy Tesouro. Según una revelación de la periodista Mercedes Ninci, también habría sido pareja de Jesica Cirio, quien estuvo casada con Insaurralde y grabó los videos de las bolsas de dólares en el famoso vestidor.

LT

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó la medida y el juez Ariel Lijo la ordenó; Manuel Adorni deberá notificar al tribunal antes de cualquier viaje en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La Justicia ordenó que Manuel Adorni deba pedir autorización judicial antes de salir del país, una medida dispuesta por el juez federal Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. Se trata de la primera restricción procesal vinculada a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el exjefe de Gabinete.

Fuentes judiciales aclararon que no se impuso una prohibición absoluta: el tribunal aceptó el ofrecimiento de Adorni de avisar ante cualquier viaje al exterior. Su abogado, Matías Ledesma, le comunicó al juez que no tenía previsto viajar. Pollicita descartó riesgo de fuga o necesidad de detención en esta etapa y negó que hubiera entorpecimiento.

Evidencias y testimonios

El caso se alimentó con la declaración del contratista Matías Tabar, quien dijo que Manuel Adorni aportó 245 mil dólares en efectivo para las refacciones de una vivienda en Indio Cua. La compra de esa casa se escrituró por US$ 120.000 y no había sido incluida en la declaración jurada presentada en 2024, según la pesquisa.

La investigación detalló la operatoria: US$ 20.000 aportados por Adorni y su esposa, y US$ 100.000 financiados mediante un préstamo en efectivo por Graciela Molina y su hija Victoria Cancio. Tiempo después el exfuncionario abonó US$ 30.000; resta cancelar US$ 70.000 más un interés del 11% antes de noviembre, según consta en la causa.

Gastos y movimientos financieros

La exempleada Gisela Kocsis ratificó compras realizadas para el domicilio de Indio Cua y contó que en mayo de 2025 gestionó electrodomésticos por 3.100.000 pesos que pagó con su tarjeta y luego le fueron reintegrados en efectivo por el ahora investigado. También figuran refacciones y muebles para un departamento por más de US$ 255.000.

Un informe sobre tarjetas a nombre de Adorni detectó gastos por $139 millones en dos años y cuatro meses, un promedio mensual de entre 4 y casi 6 millones, muy por encima de su salario formal de unos $3,5 millones. La inhibición fue pedida por la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón.

Pollicita, sin embargo, consideró que las conversaciones previas entre Adorni y Tabar no constituyeron un intento de entorpecer la investigación, aunque el audio donde el exvocero le ofrece a Tabar “todo el soporte que necesites” complicó la escena probatoria.

Los jefes de bloque del Senado se reunieron con la vicepresidenta Victoria Villarruel en una reunión de labor parlamentaria en la que resolvieron no convocar a la sesión que estaba prevista para este jueves. La decisión se tomó en medio de la presión de sectores de la oposición para avanzar con pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.La suspensión de la sesión modificó los planes que tenía el oficialismo para tratar una serie de proyectos, entre ellos la iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada impulsada por Federico Sturzenegger y distintos pliegos judiciales.

El escenario se había complicado para La Libertad Avanza ante la intención de Unión por la Patria y otros bloques opositores de incorporar al debate iniciativas vinculadas a la situación de Adorni, lo que podía derivar en una moción de censura, y una eventual, destitución del funcionario.

Tras varias horas de negociaciones, el oficialismo y bloques aliados consiguieron postergar la sesión que estaba prevista para este jueves en el Senado, en un contexto marcado por los intentos de la oposición de avanzar contra Manuel Adorni.

Sin embargo, la suspensión no modificó el escenario de fondo. La discusión podría reactivarse el próximo 25 de junio, cuando los sectores opositores buscarían aprobar una interpelación al jefe de Gabinete para que dé explicaciones antes de su informe de gestión previsto para el 2 de julio. En ese contexto, Adorni también podría enfrentar una eventual moción de censura si sus respuestas no conforman a la mayoría de los bloques.

La Comisión de Labor Parlamentaria avanzó este miércoles en la oficialización del dictamen del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata, y dejó encaminada su aprobación para la próxima semana.

El tema se sumará así a la agenda de la próxima sesión, donde ya aparece un amplio consenso para rechazar el planteo de la Casa Rosada. De concretarse ese escenario, quedará despejado el camino para que el Senado trate y eventualmente apruebe el pliego de Michelli, que ya cuenta con las nueve firmas reglamentarias en la Comisión de Acuerdos.

La decisión profundizó la tensión interna en La Libertad Avanza, aunque por ahora el bloque oficialista busca alejar cualquier posibilidad de fractura. La presidenta de la bancada, Patricia Bullrich, le bajó el tono a la confrontación con el Poder Ejecutivo y aseguró: “No hay riesgo de fractura”. Luego publicó una foto junto a Karina Milei.

Sin embargo, otro sector del bloque, con fuerte alineamiento con Javier Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuestionó la postura de Bullrich. En ese grupo aparecen Nadia Márquez, María Emilia Orozco y Joaquín Benegas Lynch, que sostienen que la bancada debería estar conducida por alguien que no objete las decisiones de la Casa Rosada.

Según trascendió en el Senado, el principal reparo del Gobierno al pliego de Michelli está vinculado con su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon.

La reunión de Labor Parlamentaria

El encuentro fue encabezado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y reunió a los presidentes de los bloques. La última en ingresar fue Bullrich, que se sentó al lado del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Por La Libertad Avanza también participaron Ezequiel Atauche y Agustín Coto, aunque la voz cantante del oficialismo fue la de la senadora porteña.

En la cabecera de la mesa se ubicó Villarruel, acompañada por la prosecretaria parlamentaria, Dolores Martínez, que fue consultada de manera permanente sobre los pasos reglamentarios para la sesión de este jueves. Martínez explicó que el pedido del Presidente debía tomar estado parlamentario y que ese trámite se concretará en el recinto a partir de las 11.

“El pedido no debe pasar por comisiones, es solo para que el cuerpo tome conocimiento”, explicó Martínez ante la consulta de varios legisladores, bajo la atenta mirada de Bullrich y Villarruel.

El compromiso entre el oficialismo y los bloques opositores fue convocar a una nueva sesión la semana próxima, que sería el miércoles, ya que el jueves comienza el Mundial. Allí se construiría una mayoría para rechazar el pedido de la Casa Rosada y avanzar con el pliego de Michelli.

Ese dictamen ya había reunido las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos, pero permanecía retenido por el presidente del cuerpo, el libertario Juan Carlos Pagotto.

Cuestionamientos a Pagotto

Durante la reunión de Labor Parlamentaria, los representantes del bloque Justicialista —José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino— cuestionaron ante Villarruel y Bullrich la demora de Pagotto en darle curso al dictamen de Michelli.

También expresaron su malestar los radicales Eduardo Vischi y Mariana Juri, y el jefe del bloque PRO, Martín Goerling. Finalmente, se resolvió que el dictamen firmado tendrá este miércoles la oficialización correspondiente y el número de expediente para quedar habilitado a ser tratado en el recinto la semana próxima.

De la reunión también participaron Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas; Edith Terenzi, de Despierta Chubut; y Flavia Royón, de Primero los Salteños. “El tema pasó por la Comisión de Acuerdos, firmamos el dictamen y tampoco es que nos hayan explicitado un motivo para el retiro del pliego”, señaló Royón.

La palabra de Victoria Villarruel

En medio de la reunión, Villarruel les informó a los senadores que este martes recibió en su despacho a Michelli. Según explicó, lo hizo en respeto a la división de poderes. La respuesta de los libertarios fue de respaldo, aunque le remarcaron que son los senadores quienes votan en el recinto y no la vicepresidenta.

Fuentes cercanas a la titular del Senado le dijeron a TN que el encuentro se inscribe en las reuniones que Villarruel mantiene habitualmente con jueces y candidatos judiciales. “No es algo nuevo. La vicepresidenta siempre resguardó la división de poderes, la institucionalidad republicana y el federalismo”, señalaron.

En el entorno de Villarruel también remarcaron que existe un respaldo mayoritario de los senadores al pliego de Michelli, expresado en las firmas reunidas dentro de la Comisión de Acuerdos.

Los antecedentes de la tensión

El punto de mayor tensión se produjo el lunes, cuando Bullrich les anticipó a sus pares del Senado que había hablado con el Presidente y que no acompañaría el retiro del pliego.

“Le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Michelli como jueza federal. Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, planteó.

Bullrich aclaró que su compromiso con el proyecto político del Gobierno “es total”, pero ratificó que también lo es con “los principios” que sostuvo durante toda su vida. Además, aseguró que haber presentado su renuncia a la presidencia del bloque fue “un gesto de bien” en medio de la diferencia abierta por el tratamiento de los pliegos judiciales.

El senador Francisco Paoltroni también cuestionó el manejo del tema. “Hubo una desprolijidad muy grande. Yo ya traigo una línea en donde, cuando no estoy de acuerdo con algo, planto mi disidencia, como fue el caso del juez Ariel Lijo, la demora en la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, este caso o la intervención en Formosa”, sostuvo.

El Tribunal Oral Federal 5 convocó para el viernes 4 de septiembre, a las 10, a la audiencia preliminar en la causa Hotesur-Los Sauces, donde se investiga a Cristina Kirchner y a sus hijos por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas.

El objetivo de la audiencia es delimitar la prueba y evitar dilaciones antes del debate oral, en un expediente que acumula años de investigación.

El TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, rechazó el recurso de casación presentado por el fiscal Diego Velasco, quien había pedido avanzar directamente al juicio oral sin esperar la culminación de las pericias contables.

Los magistrados consideraron inapropiado iniciar el debate con declaraciones indagatorias o testimoniales mientras permanecen pendientes medidas de prueba clave. En particular, aún falta entregar la segunda pericia contable sobre Los Sauces y el informe final comparativo con las tasaciones oficiales de los inmuebles.

La audiencia preliminar permitirá a las partes revisar la validez de la prueba acumulada, definir la lista de testigos y acordar un cronograma para el eventual juicio oral. Una vez aceptadas las pruebas, el tribunal podrá fijar la fecha definitiva del debate.

Entre los procesados figuran la expresidenta, su hijo Máximo Kirchner, los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, el excontador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, entre otros.

También fueron citados escribanos como Jorge Ludueña y Ricardo Albornoz, el exgobernador santacruceño Carlos Sancho y los hijos de Lázaro Báez. La causa se centra en la hipótesis de que pagos de empresas vinculadas a Báez y López a las firmas hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner habrían sido una pantalla para canalizar fondos de origen ilícito.

Este expediente se relaciona de manera directa con la condena de Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el caso Vialidad, donde se comprobó que los fondos públicos destinados a obras viales eran desviados a través de contratos simulados hacia las empresas de la expresidenta. Según la Justicia, estas maniobras no solo beneficiaron a Báez, sino que también enriquecieron a la familia Kirchner, utilizando Hotesur y Los Sauces para darle un marco legal al direccionamiento del dinero.

Concretamente, la acusación sostiene que a través de dichas empresas se emitían facturas a Austral Construcciones para blanquear el dinero ilegal -retornos- por la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Según la fiscalía, Báez pagó más de 27 millones de pesos entre 2009 y 2013 a través de su firma Valle Mitre por la explotación de hoteles, entre ellos el Alto Calafate, mientras que otras empresas del Grupo Austral (también de Báez) generaron ingresos adicionales por 11 millones de pesos, muchas veces por habitaciones que no se ocuparon.

Además, se les imputa el delito de dádivas por las operaciones comerciales entre Cristina Kirchner, como funcionaria pública, y contratistas del Estado.

Las pericias ordenadas por el tribunal apuntan a determinar si esos movimientos respondían a operaciones reales o constituían una maniobra de lavado. Florencia Kirchner ya fue sobreseída en esta causa por ser menor de edad al momento de los hechos investigados.

La senadora de La Libertad Avanza reclamó rapidez y contundencia al jefe de Gabinete en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reclamó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente "de inmediato" su declaración jurada, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en A24, donde la legisladora oficialista sostuvo que el Gobierno necesita cerrar rápidamente la polémica para evitar un mayor desgaste político.

El jefe de Gabinete el otro día dio un discurso en el Congreso de la Nación y dijo algo contundente: ‘Yo tengo una explicación a los gastos que hice'. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato", afirmó Bullrich.

La exministra de Seguridad consideró que no tiene sentido esperar hasta el vencimiento formal del plazo para presentar la documentación patrimonial.

"¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla", sostuvo.

El jefe de Gabinete el otro día dio un discurso en el Congreso de la Nación y dijo algo contundente: ‘Yo tengo una explicación a los gastos que hice'. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato", afirmó Bullrich.

La exministra de Seguridad consideró que no tiene sentido esperar hasta el vencimiento formal del plazo para presentar la documentación patrimonial.

"¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla", sostuvo.

El presidente cuestionó a la conductora, quien se refirió a su informe en Casa Rosada. El libertario mantiene cerrada la sala de periodistas.

El presidente Javier Milei cuestionó duramente a la periodista Luciana Geuna, quien anoche hizo un descargo tras la denuncia penal de Casa Militar por espionaje ilegal ante un informe en su programa de TV dentro de Casa Rosada con lentes inteligentes.

“Hace un par de semanas tuve una idea para que Nacho (Salerno), que tiene 23 años y hace dos años que está acreditado en la Casa Rosada y trabaja rigurosa y responsablemente, cuente la interna política de una manera más visual, relatándola desde los pasillos de uso común de la Rosada. Era un informe que buscaba ser atractivo pero, digamos, inocente. Sin denuncias ni mucho menos imágenes prohibidas o tomadas en lugares no permitidos”, aseguró la conductora.

“Por supuesto no fue una grabación clandestina”, recalcó y aseguró que pidió permiso con anterioridad para grabar.

“A pesar de todos nuestros recaudos, el informe se prestó a confusiones. Lo sentimos. Creo profundamente en el aprendizaje que dejan estas situaciones", destacó la comunicadora, quien cuestionó la decisión del Gobierno de quitar las acreditaciones a los periodistas de Casa Rosada: “Hoy la sala de prensa de la Casa Rosada está cerrada. Y es gravísimo. Y no hay ningún argumento que pueda sostener que es una decisión vinculada a ese informe, a nosotros o a este programa. Es una decisión política que nos interpela a todos los que creemos profundamente en la libertad de expresión y en la democracia”.

Los detalles de la medida de Casa Rosada

🔒 Cierre de la sala de prensa: el Gobierno mantiene cerrada la sala de periodistas en Balcarce 50.

📢 Suspensión de conferencias: se plantea que no haya más contacto directo con periodistas acreditados.

🖥️ Comunicación exclusiva por X: la postura oficial es que los anuncios y la agenda se difundan únicamente a través de la red social X.

⚖️ Denuncia penal: Casa Militar presentó una denuncia por supuesto espionaje ilegal debido a la grabación dentro de la Casa Rosada con lentes inteligentes.

🗣️ Reacción presidencial: Javier Milei respaldó la medida y viralizó mensajes en los que se cuestiona a los periodistas, insistiendo en que no habrá acceso físico a la Rosada.

La reacción de Javier Milei

El mandatario no tardó en reaccionar, y sostuvo su postura de mantener cerrada la sala de periodistas en Balcarce 50, mediante sus redes sociales. Como es habitual, el libertario le dio RT a varios posteos: “Los argentinos no necesitan una "sala de prensa" en Casa Rosada, Luciana Geuna, y mucho menos que un grupo de periodistas ensobrados vayan allí a hacer preguntas estúpidas a un vocero o a funcionarios”.

En ese sentido, se mostró de acuerdo con que no haya más conferencias de prensa y solo se comunique por la red social X: “De ahora en adelante, el Gobierno debería comunicar hechos y/o detalles de su agenda ÚNICAMENTE a través de una cuenta en X. ¡Eso basta y sobra! De hecho, muchos funcionarios ya lo vienen haciendo con el Resumen Semanal, pero es obvio que a todos ustedes solo les interesa el chisme, y ver cómo poder voltear al Gobierno”.

“Ni siquiera saliste a pedir disculpas, solo a hacerte la víctima. Rezá para que la justicia no te mande presa, debería hacerlo por semejante delito. ¡El que las hace las paga! Ustedes mismos han demostrado que Javier Milei siempre tuvo razón: no son periodistas, son basuras humanas”, agregó.

“Geuna, si hubiera censura ya estarías en cana por haber grabado sin autorización en la Casa Rosada. Le quisieron mojar la oreja al gobierno y después no se bancaron las consecuencias. Ahora tus colegas no pueden entrar a la Rosada por culpa del informe pelotudo que hicieron”, decía otro de los mensajes que viralizó el jefe de Estado.

fuente

Era secretario de Coordinación de Infraestructura. Frugoni presentó la renuncia este domingo y quedó fuera del Gobierno.

Este domingo, el secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, dejó su cargo en el Ministerio de Economía tras haber reconocido que tenía siete departamentos en Miami que no había incluido en sus declaraciones juradas.

El Gobierno echó a Carlos Frugoni, el funcionario de Economía

Esto sucedió luego de que Frugoni haya presentado la renuncia y el Gobierno la acepte. Días atrás, el mismo admitió irregularidades en su situación fiscal, al reconocer que pagaba impuestos por propiedades en Estados Unidos, pero no en la Argentina.

En medio de la polémica, desde la Casa Rosada afirmaron que fue desplazado de su cargo, mientras que en el Ministerio de Economía de la Nación sostuvieron que el propio funcionario “decidió dar un paso al costado” y que “ya está regularizando su situación patrimonial”.

El ahora exfuncionario se había incorporado a comienzos de año a la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, un área clave dentro del Ministerio, ya que tiene a su cargo las licitaciones y concesiones de la obra pública nacional, además de la supervisión del sector de Transporte.

Las declaraciones de Carlos Frugoni sobre su informe a ARCA

“Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, dijo. Y agregó que ya pagaba impuestos por esas propiedades en Estados Unidos: “y ahora voy a hacerlo en la Argentina”.

Frugoni responde al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y tiene un rol clave: maneja licitaciones y concesiones de obra pública a nivel nacional, además de áreas vinculadas al transporte. Los inmuebles en cuestión están ubicados en zonas de alto valor en Miami, donde el mercado inmobiliario es muy activo.

El caso podría escalar en la Justicia. El legislador de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso anticipó que presentará una denuncia en los tribunales federales para que se investigue al funcionario por posibles delitos como violación de la Ley de Ética Pública, lavado de dinero, evasión agravada y negociaciones incompatibles con la función pública.

Según se conoció, la mayoría de las propiedades fueron compradas entre 2020 y 2022. En ese período, Frugoni estaba al frente de AUSA, la empresa que administra las autopistas porteñas, y participaba en proyectos de obra pública de la Ciudad, como el Paseo del Bajo. Ya en ese entonces había sido sancionado por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.

Arquitecto de profesión, Frugoni sostiene que su crecimiento económico se debe a su actividad en el sector privado. Asegura que desarrolló negocios en paralelo a su función pública. Antes de eso, había vivido en Barcelona.

Se trata de Bartolomé Abdala de La Libertad Avanza. Dispuso que el Senado embargue la dieta del legislador hasta cubrir una deuda fiscal de 45 millones de pesos.

Abdala dijo que la medida es producto "de una persecución política del gobernador Claudio Poggi" en su contra con vistas a las elecciones del año próximo.

La Justicia de San Luis pidió al Senado de la Nación que le embargue el sueldo al senador de la Libertad Avanza y presidente provisional de la cámara alta Bartolomé Abdala por una deuda de 45 millones de pesos en concepto de impuesto inmobiliario y otros de la provincia.

Consultado por el diario Clarín, Abdala dijo que aunque hasta ahora “no me notificaron nada” en forma oficial el lunes se reunirá con sus abogados para ver cómo pagará y que la medida es una “persecución política” del gobierno de Claudio Poggi en su contra por sus posibilidades de sucederlo en las elecciones del año próximo.

La orden la remitió el juez de Ejecuciones Fiscales de San Luis, Alberto Spagnuolo para embargar haberes de Abdala en el porcentaje que disponga la ley hasta cubrir esa cifra. El magistrado pide “trabar un embargo ejecutivo en el porcentaje que la ley disponga”. El viernes ingresó por la mesa de entradas del Senado, informaron fuentes parlamentarias a Clarín. Es un oficio basado en la ley 22.172.

Un senador nacional gana hoy en promedio unos 11 millones de pesos después del último aumento. El oficio se emitió el 6 de abril pero recién fue notificado el viernes al Senado donde la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, deberá hacer ejecutar la orden judicial.

Abdala dijo a Clarín que se trata de “una persecución política del gobernador de San Luis, Claudio Poggi” contra su persona y La Libertad Avanza con vistas a las elecciones provinciales del año próximo. Abdala es uno de los precandidatos de LLA para enfrentar el año próximo a Poggi. En el 2023, Poggi en alianza con Juntos por el Gobierno destronó a Alberto Rodríguez Saá, quien junto con su hermano, venía gobernando la provincia desde 1983.

Y Abdala dijo que su mayor preocupación son los puntanos porque se trata de un “impuestazo”. “La Dirección Provincial de Ingresos Públicos inició más de 5.200 juicios a deudores de impuestos provinciales por un monto de $9.113.260.440”, precisó.

“Lamentablemente Poggi usa los mismos métodos que los Rodríguez Saá para perseguir a los opositores sin notificaciones, inspecciones ni nada”, agregó.