Economía

Consideran sustancial una revisión tarifaria del gas para hacer sustentable un esquema de subsidios direccionado a los sectores más golpeados de la economía.

A casi seis meses de los primeros trascendidos, y tras el cambio de autoridades en la Secretaría de Energía, el Gobierno nacional anunció oficialmente el nuevo programa de estímulo a la producción de gas que se dio a conocer como Plan Gas 4 y busca revertir la caída de la inversión en pozos de gas que empezó a configurarse durante el último año. Desde entonces, cuando el Ministerio de Desarrollo Productivo todavía acunaba bajo su órbita a la cartera energética, la administración de Alberto Fernández buscó junto con la industria acordar un precio subsidiado, alcanzable para el Estado y atractivo para que las empresas pongan en marchas las inversiones que hacen falta para la producción del gas entre 2021 y 2025, a fin de evitar el salto alas importaciones el próximo invierno.

Que los temas energéticos hayan pasado de depender del área que encabeza Matías Kulfas a la de Economía apareció como una señal positiva para los referentes del sector que aguardan definiciones en cuanto a las perspectivas macroeconómicas. En efecto, uno de los motivos que llevaron a mudar a la autoridad energética nacional fue ese; difícilmente podría implementarse una política de subsidios sin la mirada del titular de la cartera, Martín Guzmán.

En ese sentido, el especialista y presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare), Raúl Bertero, opina que para poder plantear un plan energético “es necesario primero tener un programa económico y social que sea coherente que le dé un marco. Ese es el principal problema de la Argentina”, señaló ante la consulta de +e y apuntó en ese sentido que el congelamiento de tarifas energéticas no es sostenible por mucho tiempo más.

“Hoy gran parte de la población atraviesa una situación muy angustiante y por eso es muy difícil de desarmar el congelamiento de las tarifas; pero hay que hacerlo con un mecanismo de relojería”, indicó y propuso “atar las tarifas momentáneamente a los aumentos de salarios”.

“Es la única manera de que aumenten sin golpear el ya muy deteriorado nivel de vida de la población; a los que están desocupados habrá que asistirlos pero los que tienen ocupación y los que tienen nivel adquisitivo deberían poder empezar a actualizar los montos porque después va a hacer insostenible el sistema. Es una grave injusticia social el congelamiento, para esto se necesitan políticas activas”, subrayó el experto y consideró que “hacer hoy una revisión tarifaria indicaría hacia dónde quiere ir el país. Puede ser un buen comienzo”.

Raúl Bertero: propuso “atar las tarifas momentáneamente a los aumentos de salarios”.

En paralelo, el economista y consultor del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, Alejandro Einstoss, advirtió sobre la necesidad de contar con condiciones macroeconómicas de base para atender una oferta de subsidios a la oferta. “¿Es posible prometerle dólares a la industria en este contexto? La respuesta a eso puede ser que si no se lo damos nosotros a la industria local lo vamos a tener que gastar igual en importaciones y eso puede tener sin dudas algo de realidad. El tema es que cómo vamos a garantizar que de esas inversiones de la industria local se obtengan los resultados esperados”, estimó en diálogo con +e.

Para eso, Einstoss propone que los productores “deberían poder acceder por lo menos a una parte de los dólares que generen, un porcentaje que sea de libre disponibilidad para el productor, y el resto que lo liquiden en el mercado local y que den garantías para abastecer el mercado local”.

Alejandro Einstoss: "Los productores deben tener un porcentaje de dólares de libre disponibilidad y el resto que lo liquiden en el mercado local".

“Hay que pensar un esquema de incentivos pero a la exportación, no hay subsidio del Estado que alcance ni tarifa que puedas aumentar. El programa de incentivos tendría que ser aumentar la producción para exportar, por ejemplo al mercado regional, garantizando el abastecimiento en el mercado interno”, indicó el economista.

En ese sentido, Bertero apuntó que “los productores necesitan que les aseguren otras cosas, como por ejemplo que si invierten dólares se van a poder llevar dólares, que de alguna manera el sistema tarifario va a ser razonablemente estable, hay toda una serie de factores que también son fundamentales, no importa cuánto le digan que le van a pagar el gas”.

De acuerdo con el proyecto Presupuesto 2021 que el gobierno nacional envió al Congreso Nacional para su tratamiento parlamentario, el nuevo “Plan Gas 4” tiene un crédito asignado por $ 20.645 millones (poco más de 200 millones de dólares), y las metas físicas del programa alcanzan solo a 2.525 millones de metros cúbicos año subsidiados.

“La situación es binaria: o bien el gobierno planea aumentar el precio del gas que paga la clientela más de un 40% en dólares (y mucho más aún en pesos si se produce una variación en el tipo de cambio), o bien los recursos del presupuesto serán insuficientes”, advierte el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi.

A decir de los analistas del Instituto, el nuevo esquema prevé un horizonte de 4 años (2020-2024), en el cual regirá un precio de referencia, que, de fijarse en la actual coyuntura, reflejará costos de capital y de riesgo cambiario exageradamente altos. “La consecuencia será condenar a las familias y al aparato productivo nacional a pagar un precio de la energía innecesariamente alto en los próximos años”, cuestionaron desde el IAE.

Al respecto, Einstoss se detuvo en los plazos que se establecieron para el programa. “Un plan a cuatro años es un riesgo en esta coyuntura, aunque puede ser defendible desde el punto de vista del horizonte de la inversión. El riesgo tiene que ver con que el Estado nacional puede quedar entrampado en compromisos de alto costo fiscal que después no se pueden pagar o que se pueden demorar mucho y generar contingencias judiciales, como pasó con la resolución 46 que terminó con un reclamo de Techint durante la gestión de Mauricio Macri”, detalló el economista.

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La fecha límite del decreto que mantenía las tarifas estancadas será en diciembre de este año en la que también habrá subas para ambos consumos.

A más de un año del decreto presidencial que congeló las tarifas de luz y gas en la Argentina, se confirmó que no se extenderá la regulación. Además, Darío Martínez, secretario de Energía que comunicó la noticia, detalló que se aplicará un aumento en la misma fecha de su descongelamiento.

En declaraciones radiales, el funcionario explicó que no se extenderá el decreto original. Éste último fue extendido en los primeros días del año debido a la crisis económica en el país por el actual presidente Alberto Fernández. La fecha de vencimiento prevista es el próximo 17 de diciembre, pero Martínez confirmó que permanecerán congeladas hasta por lo menos el 31 de ese mismo mes.

La regulación oficial fue dictada por Mauricio Macri en abril del 2019 y extendida a través de la Ley de Solidaridad por 180 días en diciembre de ese mismo año. La última extensión se dio en junio de este año producto de la pandemia mundial.

El secretario también aseguró que las tarifas no tendrán “valores internacionales de manera directa”. Las declaraciones de Martínez van en sintonía con el propio Fernández, quien en su más reciente acto público pudo adelantar la decisión.

En su presentación en Vaca Muerta del Plan Gas, aseguró que la extensión del congelamiento frenó un aumento del “70%”. Sin embargo, completó que este es el “momento de comenzar a poner todo en orden, en medio de la crisis mundial”. Aún se desconoce el valor de los aumentos pero el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya había adelantado hace algunos días que se implementará un sistema de transición más enfocado en subsidios.

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La misión del Fondo que visitó el país emitió un comunicado en el que afirma que el aumento de la pobreza y el desempleo no tienen soluciones fáciles. Qué dijo de “las presiones en el mercado cambiario”.

“Argentina enfrenta dificultades económicas y sociales complejas, en el contexto de una crisis de salud sin precedentes. La profunda recesión ha provocado un aumento de los ya elevados niveles de pobreza y desempleo, cuyos efectos se ven agravados por importantes presiones en el mercado cambiario. Estos son desafíos excepcionalmente difíciles sin soluciones fáciles. Un conjunto comprensivo de políticas podría respaldar el restablecimiento de la confianza, pero deberá ser apropiadamente calibrado para fomentar la recuperación económica y asegurar la estabilidad macroeconómica”, aseguró a través de un comunicado la misión del Fondo Monetario que visitó el país durante la semana pasada.

El texto publicado por el organismo multilateral de
crédito agrega que “el equipo pudo adquirir una comprensión más
profundizada de los planes de políticas de las autoridades para estabilizar la economía y ponerla en una senda de crecimiento más sostenible y uniforme. Compartimos el compromiso de las autoridades con políticas que aseguren una consolidación fiscal favorable al crecimiento y al mismo tiempo protejan a los más vulnerables, permitan una reducción gradual de la inflación e impulsen la creación de empleo, la inversión y las exportaciones”.

La misión equipo del Fondo Monetario Internacional encabezada por Julie Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de la Misión para Argentina,
visitó Buenos Aires del 6 al 11 de octubre de 2020 para evaluar y
conocer en mayor detalle los planes y políticas económicas de las
autoridades argentinas.

“El equipo del FMI mantuvo reuniones productivas con las autoridades argentinas, representantes del Congreso, el sector privado, los sindicatos y la sociedad civil
para discutir los desafíos multifacéticos que enfrenta el país e
intercambiar opiniones sobre la mejor manera de abordarlos”, se detalla
en otra parte de la declaración elaborada por Kozack y Cubeddu.

Los
integrantes de la misión del Fondo que visitaron Argentina durante la
semana pasada se reunieron, entre otras autoridades, con el ministro de
Economía Martín Guzmán; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el ministro de Producción y Desarrollo, Matías Kulfas; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y otros altos funcionarios públicos. Mientras que el Director Ejecutivo del FMI para Argentina, Sergio Chodos, también participó en las discusiones.

“El personal del FMI seguirá colaborando estrechamente con las autoridades. El equipo planea regresar a Buenos Aires a mediados de noviembre para iniciar discusiones sobre un nuevo programa respaldado por el FMI”, concluye el comunicado emitido por la entidad con sede en Washington.

La visión del Banco Mundial

Otro organismo multilateral de crédito que se expresó sobre el escenario en el país fue el Banco Mundial. Lo hizo a través a del economista jefe para América Latina, Martín Rama, quien consideró que para Argentina “es decisivo” aplicar “un plan para saber hacia dónde vamos”, ya que la pandemia, advirtió, “es un elemento muy agravante de la crisis” que sufre el país.

Según Rama, el acuerdo con los acreedores privados “fue muy bien recibido y claramente dio un respiro. Pero se necesita un camino hacia la estabilidad, un plan para saber hacia dónde vamos. Eso es decisivo”.

“A
nivel mundial, el problema no es la escasez de financiamiento. En
realidad, de manera casi inesperada, hay abundancia de liquidez. A esta
altura, lo más importante es generar la confianza”, explicó el economista.

Frente
a ese panorama, advirtió que Argentina “tuvo la mala suerte de que los
contagios de coronavirus crecieron en cámara lenta y eso provocó que el
confinamiento sea muy prolongado. Ése es un elemento muy agravante de la
crisis”.

En declaraciones realizadas al programa “Todos juntos” de Radio Rivadavia, Rama consideró que la situación actual de América Latina “es de las peores (a nivel mundial) en términos de desarrollo”.

“Hemos sido golpeados por la pandemia de manera tan fuerte como Estados Unidos o Europa, pero en términos de crecimiento, tenemos caídas más importantes”, alertó el funcionario del Banco Mundial.

En ese sentido, concluyó afirmando que “estamos atravesando un desafío muy fuerte para la región y para Argentina en particular, porque el país venía con dos años de recesión”.

FUENTE TN

La Argentina forma parte de un grupo de una veintena de economías a nivel mundial en las que se puede hablar de brecha cambiaria porque hay más de un tipo de cambio. Y, por estos días, se habló más que nunca: la diferencia entre el dólar oficial mayorista y el paralelo ronda el 116%, el nivel más alto de -al menos- los últimos 31 años, solo comparable a la de la hiperinflación de 1989: en junio de ese año llegó a 110%, según datos de la consultora FMyA.

Esa brecha -que es similar en la comparación del oficial con el contado con liquidación, por ejemplo- tiene impacto sobre las expectativas y los comportamientos de los actores de la economía. La razón principal es que cuanto más crece la diferencia entre el tipo de cambio oficial (contenido por las regulaciones oficiales) y los que están por fuera de esas restricciones, se lee una mayor probabilidad de devaluación en el mercado oficial, fogoneada por la lupa puesta sobre las reservas netas del Banco Central, que son cada vez menores.

A grandes rasgos, el gran problema de la brecha es que es formadora de expectativas de corrección cambiaria y, a la vez, retroalimenta ese proceso. Así lo explica Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma: "En la medida en que va creciendo la diferencia, se profundizan todos los comportamientos de cobertura que hacen los agentes para prevenir las consecuencias de una futura depreciación, y eso termina haciendo que la economía funcione peor, porque el productor de soja no vende, el industrial pierde insumos y el exportador pierde reservas".

Algo de eso se vio esta semana: el plan para atraer la liquidación del agro a través de la baja de retenciones no resultó del todo y se estima que el Banco Central tuvo que vender divisas cuatro de las cinco ruedas. "El productor hoy está parado sobre la soja y los cereales: si cree que el dólar va a saltar fuerte, no los va a largar", resume Esteban Domecq, de la consultora Invecq. "Además, actúa en un mercado cambiario distorsionado: la brecha entre el dólar que recibe (el oficial menos las retenciones) y el libre, oscila el 190%", añade.

La brecha termina de socavar lo que quedaba de oferentes privados de dólar (es decir, vendedores) en el mercado oficial. Fernando Marull, de la consultora FMyA, suma un dato: si se compara agosto de 2019 contra el de este año, la cantidad de vendedores pasó de 700.000 personas a 90.000. El economista es quien hizo el cálculo comparativo: asegura que este nivel de diferencia solo es comparable a la de la hiperinflación de 1989.

En el mismo sentido, también incentiva a los compradores a aprovecharse de esa brecha, que da la sensación eterna de que el dólar está barato, "aun cuando descontado con la inflación no lo esté", apunta Matías Rajnerman, de Ecolatina. "Hay muchas empresas sobrestockéandose de importaciones: la economía está en rojo por todos lados, pero las importaciones desde Brasil crecieron en septiembre, algo bastante llamativo, y crece la demanda de dólares de importadores para cancelar deudas y pagar de manera anticipada", describe.

Por otro lado, dice, incentiva los comportamientos elusivos: la subfacturación en el caso de las exportaciones y la sobrefacturación en el caso de las importaciones. Son "ardides" que se intentaron frenar con precios de referencia y otras medidas de Aduana, pero que no se pudieron controlar del todo, señala el economista.

Claro que en las últimas semanas también se vio la cara feliz de la brecha: la reactivación de la venta de autos y de la construcción. "Los argentinos están sentados en una montaña de dólares, que son los que no están en el sistema financiero -señala Marull- y esos dólares se valorizaron inmensamente, así que se pudieron aprovechar".

Pero, por más consecuencias que tenga en uno y otro sentido, los economistas aseguran que no es conveniente hacer demasiado para bajarla desde el techo. "Si le vas a pegar a la brecha, pero no cambiás nada de lo que te genera esa brecha, no se va a modificar nada: la diferencia no es el problema, sino el resultado", concluye Caamaño.

FUENTE

El Gobierno aún no resuelve si volverá a otorgar un nuevo bono de $10.000 a los casi 9 millones de beneficiarios o si lo convertirá en plan de empleo.

La titular de Anses, Fernanda Raverta, había prometido una definición a fin de septiembre respecto de la continuidad o no del bono IFE en la que sería su cuarta ronda. Corren 5 días de octubre y todavía no se llegó a un acuerdo. Lo que se sabe es que, en caso de repetirse el bono de 10.000, ya no se pagará a la primera tanda de beneficiarios que son los que a la par cobran la AUH como sucedió con los tres IFE anteriores.

El calendario del pago de la AUH arranca desde este jueves 8 de octubre y abarca a 2,5 millones de argentinos. Voceros del organismo previsional confiaron a este portal que la decisión final la tiene el presidente Alberto Fernández, y si bien hay reuniones diarias por este tema, aún no se llegó a un entendimiento.

Ocurre que una alternativa que suena fuerte es reemplazar el IFE por un pago de base, a cambio de capacitación y empleo, destinado a jóvenes de 18 a 24 años, no necesariamente que no estudian ni trabajan sino a toda esa población etaria.

"Sabemos que dentro de la población de 18 a 65 años, que son unos 28 millones de argentinos, hay un porcentaje de personas a las que les va a costar más incorporarse. Ahí tenemos que pensar una política pública”, dijo semanas atrás la titular de la Anses, Fernanda Raverta, en diálogo con C5N..

Y completó: “A partir de los 18 y hasta los 24 años, los argentinos tienen que optar por formarse para el trabajo, con una profesión o terminando sus estudios obligatorios. Me gusta pensar que vamos a hacia una Argentina donde esa franja etaria tiene que estar cubierta”.

El IFE, aseguraron los expertos y funcionarios del gobierno nacional, sirvió para mitigar el impacto del parate económico y la pérdida de empleo a causa de la pandemia de coronavirus. Nación le calculó que al menos 2 millones de argentinos no cayeron en la pobreza por las prestaciones sociales, pero lo cierto es que la pobreza aumentó 5,5 puntos porcentuales en apenas 6 meses.

En caso de frenarse esta asistencia directa en medio de una actividad económica que aún no funciona en su plenitud podría resentir seriamente a los sectores más vulnerables, que son los que alcanza el IFE.

Días después de anunciar en Casa Rosada una batería de medidas para frenar la sangría de dólares del Banco Central, que no encontraron el eco deseado en el valor local de la divisa norteamericana, el Gobierno dará este lunes otro paso en la búsqueda de reforzar su "agenda de reconstrucción" de una economía golpeada por la recesión, las consecuencias de la pandemia y la incertidumbre.

La reunión de gabinete económico que encabeza el jefe de gabinete económico, Santiago Cafiero, tendrá hoy a las 17 como invitados especiales a las principales espadas del sindicalismo y a los empresarios industriales, del comercio y la construcción. El objetivo, preanunciado desde la Casa Rosada, es "seguir construyendo la hoja de ruta de trabajo y producción", declamada por el presidente Alberto Fernández desde el inicio del mandato, una agenda afectada por el parate que llegó con la cuarentena y la crisis de confianza en la marcha de la economía.

Representantes de la CGT, la CTA y la CTEP de Juan Grabois fueron invitados al cónclave, al igual que la dirigencia de la UIA y las cámaras de Comercio y la Construcción. Además de Cafiero, estarán del otro lado de la mesa el ministro de Economía, Martín Guzmán, sus pares Matías Kulfas (Producción) y Claudio Moroni (Trabajo), los titulares de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y del Banco Central, Miguel Angel Pesce, y la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca.

FUENTE: lanacion.com

El Indec difundirá el dato oficial este miércoles. El aumento del desempleo empeoró los indicadores sociales. Así, 18 millones de personas no cubrirían la canasta básica.

Este miércoles el Indec le pondrá cifras a una realidad que el Gobierno ya admitió: la pandemia empeoró todos los indicadores sociales, que ya eran frágiles antes del coronavirus. El organismo estadístico publicará las tasas de pobreza e indigencia en todo el país hacia el segundo trimestre y, de acuerdo a distintas estimaciones privadas, podría llegar al 40% y afectaría así a casi 18 millones de personas.

El impacto de la crisis sanitaria en los índices sociales se explica básicamente en un dato publicado la semana pasada: 2,5 millones de habitantes de los grandes centros urbanos del país pasaron de estar “empleados" a “inactivos” durante los primeros tres meses de cuarentena. Esto implicó un recorte considerable en los ingresos de un grupo numeroso de hogares y fueron empujados bajo la línea de la pobreza.

La mayor parte de esas familias tenían, antes de la pandemia, un ingreso generado gracias a empleos cuentapropistas o informales. Los dos fueron sectores del mercado laboral especialmente golpeados por las medidas de aislamiento social y el desplome de la actividad económica apenas iniciada la pandemia.

El Gobierno trató de responder a un impacto como el que se esperaba sobre la pobreza con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000, que Anses pagó cada dos meses a unos 9 millones de personas. Las estimaciones oficiales hacen creer que de no haberse implementado el IFE, el aumento de la pobreza y la indigencia hubiera sido incluso mayor.

Según un cálculo que hizo meses atrás el Ministerio de Desarrollo Productivo, el de Economía y el Desarrollo Social, el beneficio habría impedido que entre 1,4 y 2,8 millones de personas caigan durante la cuarentena bajo la línea de la pobreza. Y al tomar en cuenta otras medidas sociales -refuerzo de jubilaciones y AUH, tarjeta Alimentar, entre otras- esas cifras subirían a entre 2,7 y 4,5 millones de personas.

Las mediciones privadas estiman que el número que dará a conocer el Indec este miércoles será cercano al 40%. Leopoldo Tornarolli, economista de la Universidad de La Plata y del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas), explicó a TN.com.ar: “Los resultados se van a referir al primer semestre de 2020, pero ya sabemos que en el trimestre inicial del año la pobreza se mantuvo a los niveles de 2019, por lo que toda la suba será explicada por lo ocurrido en el segundo trimestre de 2020”.

Según su estimación, el primer semestre tendrá una cifra de pobreza de 40,9%. De todas formas, al analizarlo por trimestres se observa más claramente la secuencia. En el primero, el aumento del índice en relación al fin de 2019 no es considerable, por lo que todo el impacto está concentrado lógicamente entre abril y junio, el peor momento de la pandemia en términos de actividad económica. Para el segundo trimestre, entonces, la pobreza subió a cerca de 47,2%, de acuerdo a Tornarolli.

“En ese sentido, la implementación de medidas de transferencias como el IFE parece no haber sido suficiente para contrarrestar la pérdida de ingresos laborales que tuvieron los hogares de cuentapropistas e informales”, explicó el economista. El muestreo del informe de Indec de este miércoles, aclaró, solo tomaría en cuenta el pago del primer bono de $10.000.

Por su parte, Martín González Rozada, de la Universidad Torcuato Di Tella, calcula porcentajes de pobreza levemente más bajos. “Los datos de distribución del ingreso publicados por Indec sugieren que la tasa de pobreza del primer semestre estaría entre 38 y 39%. Esto implica una incidencia de la pobreza en el segundo trimestre de entre 42 y 43% y representa un aumento de alrededor de 7 puntos porcentuales comparado con el segundo trimestre de 2019”, dijo ante este medio.

Entre las razones que justifican ese salto en en el índice, coincidió con Tornarolli: “Este aumento se explica principalmente porque los ingresos de los deciles más bajos de la distribución crecieron muy por debajo del aumento de la canasta básica total. Este fenómeno se entiende por el aumento de los hogares compuestos por trabajadores independientes y cuentapropistas que han perdido sus ingresos como consecuencia de la política de cuarentena horizontal adoptada para enfrentar la pandemia”, apuntó.

El aumento de la pobreza fue desigual a nivel geográfico y en los distintos sectores de la sociedad. Según Tornarolli, “es posible que geográficamente muchos (de los nuevos pobres que registre el Indec) sean hogares del Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires -pero particularmente GBA-, que es donde cayó con más fuerza el número de ocupados durante el segundo trimestre”.

En tanto, entre los niños la pobreza será más alta que el promedio nacional. “Los datos que tenemos sugieren que el porcentaje de chicos entre 0 y 17 años de edad que viven en hogares pobres sería de alrededor del 56% en el primer semestre de 2020 lo que implica un porcentaje de más del 60% de niños viviendo en hogares pobres en el segundo trimestre de 2020”, dijo González Rozada.

Según un informe de principios de agosto realizado por Unicef, el 63% de los niños, niñas y adolescentes no tendrá cubierta la canasta básica hacia fines de 2020, mientras que la indigencia trepará a casi 19% entre los más chicos.

Unicef estimó que antes de que llegara el coronavirus al país, la situación de pobreza entre los chicos ya era grave, porqueafectaba al 53%. Pero como efecto de las restricciones de la cuarentena que disminuyó los ingresos para una parte importante de la población, cuando termine este año unos 8 millones de niños, niñas o adolescentes quedarán bajo la línea de pobreza.

El incremento entre un año y otro sería de unos 10 puntos porcentuales, proyectó Unicef. Sobre la indigencia, en un año se sumarían unos 600.000 chicos y alcanzaría así al 18,7%. El informe también proyecta una evolución de los indicadores sociales a lo largo de 2021. En ese sentido, un cálculo preliminar indica que del 63% de pobreza en 2020 apenas se conseguiría una reducción hasta 61,3% el año siguiente.

FUENTE TODO NOTICIAS

Los bancos adaptaron sus sistemas por el “super cepo” y volvieron las operaciones, después de un “feriado bancario virtual” de ocho días.

Las entidades bancarias vuelven a vender dólares por home banking y aplicaciones móviles después de la implementación del “super cepo”. Luego de un “feriado bancario virtual” de ocho días ajustaron sus sistemas para cumplir con las normas que estableció el Banco Central para la compra de dólar ahorro. El dólar oficial cotiza a $74,75 para la compra y $79,75 para la venta en el Banco Nación, mientras el blue cotiza a $139 y a $145 para estas operaciones, respectivamente. En tanto que el dólar contado con liquidación se ofrece a $142,94 y el “Bolsa”, a $133,45.La semana pasada el Banco Central informó a los bancos que podrán comprobar contra su base de datos si un cliente está impedido de comprar dólares por no tener ingresos legítimos o recibir algún tipo de subsidio o beneficio del Estado, entre otros requisitos. Quedarán excluidos de la compra de divisas los casi 9 millones de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y más de 100.000 titulares de créditos hipotecarios UVA, cuyas cuotas se mantienen congeladas desde marzo, entre otros.

De esa manera las entidades financieras podrán vender en forma automática dólares a quienes puedan comprarlos sin tener que consultar individualmente cada caso en la página web de ANSES. La adquisición de divisas ya había sido habilitada por un primer grupo de entidades el viernes (BBVA, Santander, Itaú, Galicia y HSBC) y seguramente será completada hoy por el resto de las entidades.

Además se rehabilitó en todos los bancos la transferencia de moneda extranjera entre cuentas de personas humanas, luego de que el Central habilitara cursarlas sin necesidad de validación previa. Estas operatorias habían estado frenadas desde el 16 de septiembre cuando, tras el anuncio de las nuevas regulaciones para acceder al mercado de divisas, los bancos aseguraran que era imposible realizar la operación por no contar con la base de datos de los titulares de un subsidio o plan del Estado.

Como los bancos carecían de acceso a la información la venta y compra estuvo suspendida por días. La Anses rechazó entregar la base de datos de sus aportantes a las entidades financieras, pero tras una intervención de Alberto Fernández, el BCRA obtuvo la información. Las entidades bancarias pueden, entonces, verificar con la autoridad monetaria si el cliente cumple o no con los requisitos para hacerse de la moneda extranjera.

Las nuevas restricciones de compra de moneda extranjera incluyen a beneficiarios de IFE. También a quienes no tengan ingresos declarados y a los cotitulares de cuentas en moneda extranjera, y a quienes hayan refinanciado cuotas de créditos personales y prendarios,el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses o sean deudores de créditos hipotecarios UVA.

Quienes estén habilitados para comprar el dólar oficial deberán pagar una percepción de 35% a cuenta del las Ganancias o Bienes Personales. Se suma al recargo del 30% del impuesto PAIS que se aplica sobre el precio de venta oficial de la divisa.

Se
lo transmitió la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta,
al presidente Alberto Fernández. De esa forma se espera normalizar el
dólar “solidario” y las transferencias en moneda extranjera para
particulares

La
Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le transmitió al
Gobierno que en un plazo de cinco días hábiles entregará al Banco
Central la información necesaria para que los bancos puedan volver a
vender el cupo mensual de USD 200 y normalizar las transferencias en
moneda extranjera, según pudo saber Infobae de fuentes
oficiales. El organismo previsional no les entregará los datos a los
bancos sino al BCRA, que deberá armar una base para que las entidades
financieras puedan consultar.

De esa forma, se intentará poner fin a la virtual situación de feriado cambiario de hecho que existe desde el miércoles 16, día en que entró en vigencia la profundización de los controles cambiarios por parte del Banco Central. Esas normas dispusieron que, antes de acreditarle dólares en su cuenta a un particular, los bancos deben chequear que esa persona no sea beneficiaria de planes sociales de la Anses. El organismo previsional ofreció el chequeo a través de una web pública, pero los bancos aseguran que no es viable hacer ese control en forma manual, caso por caso.

Para destrabar la cuestión y quitar incertidumbre en el mercado cambiario, la titular de la Anses, Fernanda Raverta, le comunicó hoy al presidente Alberto Fernández que en cinco días hábiles podrá resolver la cuestión y que los bancos tendrán los datos que necesitan para poder operar.

El punto de la discordia es la implementación de la Comunicación A7105 del Banco Central, la cual establece que antes de hacer una acreditación en una caja de ahorro en dólares perteneciente a una persona física los bancos deben controlar que su titular no sea beneficiario de un “plan o programa caracterizado como de ayuda social, incluyendo los subsidios de carácter alimentario” y que para ello deben “realizar la consulta en la página de Internet de la Anses”. De esa forma, se asegura que los 8,9 millones de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no puedan comprar dólares.

Los
bancos, ante la imposibilidad de hacer ese control caso por caso,
dejaron de vender dólares, alegando que no podían cumplir con la norma.
“Los bancos tenemos que vender bien porque, por la ley penal cambiaria,
si vendemos mal somos responsables de la venta”, advirtió Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que nuclea a las entidades financieras de capital extranjero.

Desde el miércoles 16 no solamente no se vendió más dólar “solidario” sino que desde ese día tampoco se pudieron hacer acreditaciones en cajas de ahorro en dólares de personas físicas, tal como informó hoy Infobae. Esa situación dejó en suspenso miles de transferencias en dólares e hizo que todos los bancos, públicos y privados, frenaran esas operaciones. La misma norma impacta por igual sobre ambos tipos de operaciones.

A raíz del cambio normativo, los bancos debieron adaptar sus sistemas para cumplir con el nuevo escenario cambiario, algo habitual ante una modificación de esa naturaleza. En particular, deberán incorporar a sus sistemas la retención impositiva a cuenta de Ganancias y Bienes Personales del 35%, que se suma al 30% del impuesto PAIS. Pero el chequeo en la web de la Anses resultó un escollo que hasta ahora, entre ese organismo, el Banco Central y los bancos, no había podido ser subsanado, lo que determinó que ya transcurrieran cinco días hábiles sin operación de dólar minorista ni transferencias en dólares a particulares. El problema no impactó en las cuentas en dólares pertenecientes a empresas.

Comunicado conjunto BCRA-Anses

En
la tarde del martes, el Banco Central y la Anses emitieron un
comunicado para informar que el primer organismo le solicitó al segundo
la información para que el BCRA “valide a los bancos los datos
necesarios a los efectos de habilitar a personas humanas la compra de
divisas para atesoramiento”.

“A
partir de este acuerdo, las entidades financieras dejarán de consultar
en la página de Internet de la Anses para obtener la certificación
negativa denegada y realizarán esa certificación contra la base de
información del BCRA. La Anses compartirá la información con el BCRA
dentro del marco de un acuerdo de colaboración que resguarda la
privacidad de la información”, agregó.

El BCRA anticipó además que “eliminará la validación que disponía la Comunicación A7105 para las transferencias que se cursan entre cuentas”.

FUENTE INFOBAE

Este DNU modifica plazos y fechas dispuestas en el decreto 311/2020 y extiende de tres a siete las facturas impagas para que se proceda a cortar o suspender el suministro.

El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre la prohibición de cortar los servicios públicos por falta de pago de las facturas, según un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado hoy en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el DNU 756/2020, el Poder Ejecutivo dispuso que "las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta siete facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020".

La norma especifica que "quedan comprendidos y comprendidas los usuarios y las usuarias con aviso de corte en curso. Si un usuario o una usuaria accediera a un plan de facilidades de pago en las condiciones que establezca la reglamentación, se considerará a los efectos del presente, como una factura pagada".

Este DNU modifica plazos y fechas dispuestas en el decreto 311/2020 y extiende de seis a siete las facturas impagas para que se proceda a cortar o suspender el suministro.

En su artículo tercero el decreto también prorroga hasta fin de año el plazo de corte para los usuarios del sistema de servicio prepago de energía eléctrica. La norma también contempla el caso de usuarios y usuarias del sistema de servicio prepago de telefonía móvil o internet que no hubiesen abonado recargas para acceder al consumo y estira hasta el 31 de diciembre la obligación de los prestadores de "brindar un servicio reducido que garantice la conectividad".

El Gobierno Nacional aclaró en un comunicado, que "la norma busca, de acuerdo a los fundamentos del decreto que la dispuso, "garantizar –en el marco de esta emergencia– el acceso a esos servicios, los que constituyen medios instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales (tales como a la salud, a la educación o la alimentación)".

La medida alcanza a beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, a quienes perciban Pensiones no Contributivas y tengan ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), a usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social, a jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados, y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos SMVyM.

También abarca a monotributistas de categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos SMVyM, a usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo, personas electrodependientes, a quienes estén dentro del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares y a exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

Además, se benefician de esta medida las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) afectadas en la emergencia, las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en INAES, las instituciones de salud, públicas y privadas, y las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos.

FUENTE TELAM