Nacionales

En el caso de la telefonía móvil tendrá un precio de $150 bajo el sistema prepago, mientras que en la telefonía fija será de $380 por mes. La prestación se implementará desde el 1 de enero.

El Gobierno nacional anunció la entrada en vigencia desde el 1 de enero de un plan básico universal obligatorio (PBU) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y tv por suscripción con un precio a partir de $150, al tiempo que aprobó incrementos de hasta el 8% para el resto del universo de los usuarios.

El objetivo es "favorecer la universalización del acceso entre los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos", remarcó esta tarde el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en un encuentro en el que estuvo acompañado por la secretaria de Innovación, Micaela Sánchez Malcolm, y el titular del Enacom, Claudio Ambrosini.

Los planes que integran la prestación básica universal y obligatoria, son una "inequívoca señal de política pública dirigida a sostener la asequibilidad a servicios esenciales para millones de argentinas y argentinos beneficiarios de planes sociales", subrayó el jefe de Gabinete.

La prestación tiene el carácter de "obligatoria" porque las empresas no pueden negarse a otorgar estos planes especiales a los beneficiarios contemplados en la norma, según especifica la resolución 1467 del Enacom.

Quiénes podrán acceder

 Jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos.

- Trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo.

- Beneficiaros de pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, Monotributo Social, trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptos e inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y seguro de desempleo.

- Los beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares.

- Usuarios y usuarias que perciban una beca del Programa Progresar.

- Personas desocupadas o en la economía informal, y de programas sociales, en todos los casos incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años.

- Clubes de Barrio y de Pueblo registrados, asociaciones de Bomberos Voluntarios registrados, entidades de Bien Público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal.

Los objetivos
La reglamentación de la Prestación Básica Universal obligatoria (PBU) es una "inequívoca señal de política pública dirigida a sostener la asequibilidad a servicios esenciales para millones de argentinas y argentinos beneficiarios de planes sociales", afirmaron desde Jefatura de Gabinete.

Para el gobierno nacional, esta medida se inscribe en una "política inclusiva con eje en la incorporación de la reglamentación asimétrica del DNU 690/20, reclamada por PyMEs y cooperativas y planteada por el presidente Alberto Fernández; la implementación del Fondo de Servicio Universal al servicio de la conectividad de barrios populares, zonas rurales y semi-rurales y la plena marcha del Plan Conectar; y la formalización del Reglamento de Compartición de Infraestructuras Pasivas, que habilita marcos de competencia en un sector cuyas redes e infraestructuras son esenciales para la producción, el trabajo y la vida cotidiana".

Los fundamentos de la iniciativa
Una muestra de la esencialidad de los servicios de internet y comunicaciones la constituyen más de 2 millones de menores que viven en los 4.416 barrios populares del país que no pudieron sostener en el año una conexión frecuente y necesaria con sus docentes, subrayaron desde la Jefatura de Gabinete.

La pandemia reveló la brecha digital al exponer las diferentes posibilidades de seguir teniendo clases entre quienes tienen acceso en su casa a la computadora y quienes dependen del centro comunitario.

Como sostienen las organizaciones barriales "no tener internet implica una situación de inequidad" porque las familias requieren de acceso para inscribirse en la Anses en planes como lo fue el IFE o en la AFIP para registrarse como monotributista o para certificar que el empleador haga los aportes mensualmente.

En un contacto que mantuvo con la prensa en Casa de Gobierno, el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, precisó que "la salida del descongelamiento de los precios será con aumentos de hasta el 5% para todos" los servicios prestados a quienes no requieren del plan básico universal y obligatorio.

Por su parte, la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sanchez Malcom, agregó que "las empresas pymes y cooperativas que tengan menos de 100.000 abonados podrán aplicar un incremento del 8% a partir del 1 de enero".

Estos incrementos están plasmados en la resolución 1466 del Enacom, a la que tuvo acceso Tèlam y que en sus considerandos entiende "prudente" admitir "excepcionalmente" que las empresas cuenten con un plazo de diez días para comunicar los incrementos a implementar dentro del tope autorizado.

Desde el sector privado y desde las firmas pymes dijeron a Télam que los aumentos del 5 y 8% para los servicios que se presten por fuera del plan básico universal y obligatorio de internet, telefonía fija y móvil y tv paga, "no son suficientes".

Estos aumentos corresponden a los servicios que se presten por encima de los previstos en la tarifa social o plan básico universal y obligatorio.

Desde las grandes empresas así como desde las pymes que operan especialmente en el rubro de internet fija, coincidieron en señalar que el incremento "no alcanza" para poder "reponerse de la inflación del 30% de este año".

"Si los ingresos de las empresas no pueden acompañar la inflación, nos dejan sin dinero para invertir, en una industria que si no invierte no funciona", enfatizaron.

Anuncio del presidente Alberto Fernández durante un acto en Moreno, en el que afirmó que se vacunará contra el coronavirus "primero a los trabajadores esenciales"

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que "aunque los casos de coronavirus bajan, nadie sabe dónde el problema puede volver a repuntar" y dijo que "hay que conviviendo con los cuidados", al tiempo que señaló que "en breve" la vacuna "estará llegando" y "empezaremos a vacunar a los argentinos".

"Todos nos relajamos y tenemos ganas en fiestas de acercarnos y compartir. Les pido a todos que no se olviden que el problema lo tenemos. La vacuna estará llegando y en breve empezaremos a vacunar a los argentinos, primero a los trabajadores esenciales", dijo al presidir un acto en el partido bonaerense de Moreno.

En ese marco, el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de las restricciones vigentes para contener la propagación del coronavirus hasta el próximo 31 de enero próximo y dijo que, entre hoy y mañana, firmará el decreto correspondiente que prorroga la vigencia hasta esa fecha del distanciamiento social preventivo y obligatorio (Dispo).

Además, pidió que de cara a las fiestas de fin de año y el inicio de la temporada de verano sean "profundizados" los cuidados y destacó la importancia de que no haya un relajamiento en cuanto al cumplimiento de las medidas para evitar los contagios.

"Vamos a seguir así. Entre hoy y mañana firmaremos el DNU. Vamos a seguir así hasta el 31 de enero. En el medio están las Fiestas y las vacaciones, pero el problema no pasó", dijo el mandatario al presidir un acto en Moreno, donde expresó el reconocimiento por la tarea que realizan desde el inicio de la pandemia a los trabajadores sociocomunitarios y anunció el pago de un bono de 5 mil pesos para ese sector.

De esta manera, se extiende hasta fines de enero la medida de distanciamiento social preventivo y obligatorio (Dispo) que rige en todo el país y cuya etapa actual vence este domingo.

En el marco del acto, el Presidente dijo: “Todos esos cuidados que tuvimos los tenemos que profundizar ahora porque, en este momento, donde sentimos que los casos han bajado, nos relajamos y tenemos muchas ganas en las fiestas de acercarnos, de compartir una copa con la familia, una mesa".

En esa línea, pidió “a todos y a cada uno de los argentinos que no se olviden de que el problema todavía lo tenemos y aún no pasó”.

El nuevo anuncio se realiza en momentos en que avanzan las gestiones de una comitiva argentina en Rusia, encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, para traer al país antes de fin de año las primeras dosis de la vacuna Sputnik V.

Al respecto, el Presidente ratificó que “en breve empezaremos a vacunar a los trabajadores esenciales que son los que están más expuestos y los que más lo necesitan con los que trabajan en la salud y las fuerzas de seguridad”.

Tras varias semanas de amesetamiento, las autoridades advirtieron en los últimos días un leve incremento de casos, sobre todo en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), por lo que llamaron a la población a incrementar las medidas de cuidado ante las fiestas de fin de año y las vacaciones.

En las últimas 24 horas, otras 169 personas murieron y 7.326 fueron reportadas con coronavirus en el país.

Con los fallecimientos y nuevos casos reportados ayer, suman 41.534 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.524.372 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.471 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,6% en el país y del 58,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

• FUENTE TELEFE

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que será "el primero" en darse la vacuna rusa contra el coronavirus cuando llegue al país, antes de fin de año.

"No tengo ninguna duda de su calidad. Yo voy a ser el primero en vacunarme", enfatizó el Presidente durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, junto al ministro de Salud, Ginés González García.

El jefe del Estado dijo que el Gobierno "analizó mucho" la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. "Algunos en la Argentina siembran dudas sobre la calidad científica rusa, pero el instituto donde se desarrolló la vacuna tiene varios premios Nobel entre su planta de científicos", remarcó.

El Presidente anunció hoy que la Argentina firmó el contrato con Rusia para adquirir la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus. Y dijo que el país contará con "las dosis suficientes para vacunar entre enero y febrero a diez millones de argentinos". El Ejecutivo prevé aplicar la inyección a 300.000 personas antes de fin de año.

Fernández subrayó que la vacuna rusa demostró "un nivel de efectividad superior al 90%". "Para sacarles las dudas a todos, el primero que se va a dar la vacuna cuando esté en el país soy yo, porque no tengo dudas de la calidad de la vacuna", advirtió el mandatario.

"Lo vamos a hacer inmediatamente después que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dé el acuerdo pertinente porque hay que respetar las normas de seguridad argentinas en esta materia", agregó.

Fernández dijo que se aplicará la vacuna rusa "para que nadie tenga miedo".

FUENTE DIARIO LA NACION

Será el 14 de diciembre frente a la Casa Rosada a pocos días de confirmarse la sentencia por el caso Ciccone y la investigación de la causa de los cuadernos

El kirchnerismo persiste en su fórmula de reacomodar la historia para así poder encajar en una continuidad que no existe en los hechos. En este caso, nuevamente busca apropiarse del concepto de preso político y apela a uno de los lemas más romantizados durante la última dictadura militar.

Entre 1976 y 1983 fue habitual ver cerca de cada fin de año paredes pintadas a brocha gorda con la leyenda: “Por una Navidad sin presos políticos”. De hecho, era tal el sentimiento que la leyenda era compartida por todos los partidos y cada uno lo escribía en distintas paredes sin ser tapados por otros.

Tanto en 2017 como en 2018, en el portal del Instituto Patria aparecía cerca de fin de año un comunicado que pedía “Por una Navidad sin presxs polítcxs” –sic– y que, sugestivamente, no contó con su edición 2019. Eso no implicó que cesaran los actos y convocatorias cerca de cada fin de año. En diciembre pasado le tocó por primera vez a Alberto Fernández a tan solo días de haber asumido la presidencia.

Este año comenzó a circular nuevamente el pedido, ya no desde el Instituto Patria, pero sí desde varios sectores del kirchnerismo que frecuentan el mentado instituto y otros organismos ajenos a la estructura del PJ, como el Frente Patria para Todos, comandado por Fernando Esteche. Según el propio Esteche, este espacio que “se para sobre la doctrina de la Constitución del ’49”, ha tejido alianzas con personas que van desde Amado Boudou, Julio De Vido, Gabriel Mariotto, Alberto Rodríguez Saá y Jorge Capitanich.

La convocatoria es para el lunes 14 de diciembre en la intersección de las avenidas De Mayo y 9 de Julio. Sin embargo, si hay algo que llamó la atención, son las distintas imágenes que utilizaron para hablar de presos políticos: el propio Fernando Esteche, Julio De Vido, Luis D’Elía, Juan Pablo “el Pata” Medina, su hijo Cristian, Omar “el Caballo” Suárez, Amado Boudou, Milagro Sala, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime…y Cristina Fernández.

A riesgo de sonar retórico, vale aclarar que ser preso político durante la última dictadura era estar “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, que contaba con un presidente llamado Jorge Rafael Videla electo por el voto unánime de Emilio Massera y Orlando Agosti.

Todas las garantías constitucionales estaban suspendidas y no había necesidad de explicaciones para privar a una persona de su libertad. Existieron casos de presos políticos “blanqueados” –los que se encontraban “a disposición del PEN”– que terminaron muertos y desaparecidos, pero no llegan a dimensionarse al lado de la masacre general de los detenidos-desaparecidos.

Presos políticos o políticos presos eran también la presidenta depuesta y todo su gabinete, los gobernadores depuestos y todos sus gabinetes, la mayoría de los legisladores nacionales y provinciales, incluso un buen número de magistrados de los distintos poderes judiciales y un sinfín de gremialistas, sin importar si se trataban de delegados de una pyme o los altos mandos de la CGT. Peronistas, radicales, intelectuales, periodistas, no importaba otro motivo que el ideario, algo que no está contemplado como un delito tipificado en el Código Penal y se encuentra prohibido por la Constitución Nacional. Nombres que con el tiempo consiguieron otras sentencias, la de la historia, se entremezclan con un listado de diez mil presos políticos “blanqueados” a disposición del PEN sin distinción de cargo. Entre 1976 y 1983 daba igual ser Juan Pérez o María Estela Martínez de Perón, Fulano o Carlos Menem, Mengano o Jorge Yoma, ultano o Hipólito Solari Yrigoyen, el vecino de al lado o Antonio Cafiero.

En un rulo extraño de la historia, en medio de un gobierno elegido por el voto popular, con el Congreso en plenas funciones, con jueces que juraron por la Constitución y no por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, en un país con Estado de Derecho a pesar de los políticos y no gracias a ellos, hay quienes sostienen que es lo mismo estar detenido hoy que durante la dictadura que asoló al país entre 1976 y 1983.

Los Medina. No se encuentran a disposición del PEN sino del Juzgado Federal de Quilmes. De hecho, siquiera están detenidos en un penal sino con prisión domiciliaria. Depende de a quién se le consulte, el otrora jefe de la UOCRA platense y su hijo están detenidos por su ideología o porque el juez cree que serían los autores de los delitos de extorsión, lavado de dinero y asociación ilícita. Las pruebas son la presión a las obras constructoras donde él disponía quiénes trabajaban y elegía qué empresas operaban para facilitar las comidas. Se los vincula con la paralización de grandes obras públicas, como la Autopista a Buenos Aires, el Policlínico platense, y el Estadio Único, pero también de muchas obras privadas, como el Hipermercado Niní y el Colegio de Abogados. Además están los detalles de los aprietes con armas, balaceras y demás formas de imponer la ideología a los laburantes de obras que no pertenecían a su sindicato.

Fernando Esteche. El otrora líder de Quebracho fue excarcelado en octubre de 2019 luego de pagar 400 mil pesos de fianza, pero sigue procesado en la causa que investiga el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán como parte del entramado de encubrimiento del atentado a la AMIA.

“Cuando al Presidente le molestan que le digan que en la Argentina hay presos políticos, el problema es que hay”, asegura Esteche cada vez que puede y considera que “no es cierto que sólo son presos políticos los que estaban a disposición del PEN en la dictadura” y pone como ejemplo los tribunales que condenaron a Nelson Mandela. Se le pasa por alto que la condena a Mandela se dio dentro de un régimen de apartheid.

Pero a la hora de hablar de presos políticos como sinónimos de perseguidos ilegales a Esteche también se le pasa por alto que él mismo fue condenado y encarcelado por el atentado al local partidario de Jorge Sobisch el 5 de abril de 2007. Fue condenado a tres años y seis meses aunque estuvo adentro un año y medio hasta su libertad condicional en 2014. Eran otros tiempos, al país lo gobernaba Cristina Fernández y no se hablaba de lawfare ni de persecuciones políticas, al igual que cuando fue condenado por los desmanes en la visita de la misión del FMI en 2004. También tuvo que lidiar con la Justicia por cuestiones ideológicas, aunque los denunciantes de la comunidad judía lo habían denunciado por usar amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas; usar amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad y organizar o tomar parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. Esteche había llegado con su agrupación a la embajada iraní para impedir la manifestación de “jóvenes sionistas”, para lo cual informó que tenía lista una “columna de autodefensa” y no dudó en afirmar que se posicionaba “contra Israel y a favor del grupo Hezbollah y Hamas”. Estos dos últimos hechos ocurrieron durante la presidencia de Néstor Kirchner. Tampoco hubo lawfare.

Hoy, Esteche se encuentra “preparando los trapos” para la protesta del lunes “Por una Navidad sin presxs políticxs”.

Ricardo Jaime. Puede que sea un preso político por sus ideales, o también puede ser que el ingeniero agrimensor que Néstor Kirchner puso al frente de la Secretaría de Transporte se encuentre detenido por estar procesado en doce causas, entre las que se encuentran los delitos de dádivas, enriquecimiento ilícito, irregularidades en el otorgamiento de subsidios, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, desacato a la autoridad al desobedecer una medida cautelar impuesta por un juez y abrir una licitación cuando de por medio existía una orden judicial que la impedía, y encubrimiento de lavado de dinero. O también puede ser que el hombre que llegó a Buenos Aires con poco y nada y llegó a tener un yate, casas por doquier y un departamento en la zona más cara de la capital esté detenido por la condena a seis años de prisión tras haber sido hallado culpable del delito de defraudación contra la administración pública en una serie de hechos que culminaron con 51 muertos en el choque del ferrocarril Sarmiento en la cabecera porteña.

Juan Pablo Schiavi. Como si no se hubiera aprendido de la gestión anterior, Cristina Fernández nombró a otro ingeniero agrónomo de profesión al frente de la Secretaría de Transporte. De perfil muchísimo más bajo que el resto de los ex funcionarios presos, Schiavi se encuentra cumpliendo una condena de cinco años y medio por estrago culposo agravado y administración fraudulenta. En septiembre la Corte Suprema rechazó su recurso de queja y la sentencia quedó firme. Lo mismo que pasó con Boudou la semana pasada pero sin tanto escándalo.

Julio De Vido. El hombre que concentró el poder de la ejecución presupuestaria más cuantiosa durante los doce años y seis meses que el kirchnerismo estuvo en el gobierno fue de los primeros en decir que él es un preso político. Incluso apuró varias veces a Alberto Fernández y hasta llegó a decir que se olvidaron de él.

Es cierto que todo es subjetivo y puede que De Vido se encuentre detenido por cuestiones ideológicas en Zárate, en una celda de 300 metros cuadrados construidos con cinco hectáreas de parque dentro de un complejo que cuenta con laguna propia y dos campos de polo. También puede ser que esté allí por la compra de material ferroviario inservible a España y Portugal, por el caso Skanska, por las irregularidades en la compra de gas licuado, por los manejos de fondos públicos en la causa Río Turbio, por la defraudación a la administración pública en la causa Sueños Compartidos, o por la administración fraudulenta agravada y asociación ilícita en la causa Austral Construcciones, o por el choque del ferrocarril Sarmiento en 2012. Punto para De Vido: en todas esas causas se encuentran muchísimas personas más procesadas. Incluso en una está procesado junto a Cristina Fernández y Lázaro Báez. Solo una persona de las tres zafó de las rejas.

En 2017 De Vido fue desaforado por la Cámara de Diputados con 176 votos a favor. Cambiemos sólo tenía 84 bancas. En 2018 fue condenado a cinco años y ocho meses por administración fraudulenta en la causa Once II.

Omar “Caballo” Suárez. Al mando del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos –SOMU– desde 1989 hasta que fue detenido en 2016, Suárez se encuentra en su casa y con una tobillera electrónica que le prohíbe alejarse más de cien kilómetros a la redonda. Sí, cien. Tuvo dos causas en su contra, una ya en etapa de juicio oral por la que se encuentra privado –en fin– de su libertad por asociación ilícita y otra que en la que el procesamiento fue revocado por la Sala I de la Cámara Federal al considerar que no existen pruebas que lo incriminen en maniobras de lavado en perjuicio del sindicato. Evidentemente en el sindicato no opinan lo mismo dado que fue expulsado de por vida.

Luis D’Elía. El caso de D’Elía puede prestarse para la confusión del propio ex piquetero. Fue partícipe de un hecho que tuvo dos interpretaciones según el Poder del Estado del que hablemos. Para la Justicia, la toma de la entonces Comisaría 24ª de la Policía Federal Argentina que duró desde el 25 hasta el 26 de junio de 2004 constituyó atentado a la autoridad agravado, lesiones leves, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación, por lo que fue condenado a tres años y medio. Pero cuando D’Elía atentó contra una dependencia del Poder Ejecutivo Nacional, el entonces presidente Néstor Kirchner no dijo nada. Tampoco lo hizo cuando el 31 de agosto de 2006 D’Elía organizó una contramarcha a la convocatoria de Juan Carlos Blumberg.

Esta sucesión de hechos, sumados al enorme historial de denuncias en su contra por actos violentos, amenazas y lesiones leves, pueden que hayan llevado a que Luis D’Elía no entienda cómo es que alguna vez terminó realmente preso. Ahora se encuentra privado de su libertad en la casa que alguna vez fue de su madre y reclama un indulto presidencial mientras pide que vayan presos los que compran dólar blue.

Milagro Sala. Otra persona con un historial de militancia tan largo que puede prestar a confusiones, al igual que el historial de casi setenta causas que terminaron entre prescripciones y sobreseimientos. Sin embargo, el mayor problema que tiene hoy Milagro Sala es que fue condenada a trece años de prisión por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. También tiene otras causas pendientes y una con una sentencia ratificada por la Corte Suprema de la Nación. Hace dos años que se encuentra detenida en su casa y es de la que más palos le ha tirado a Alberto Fernández. De hecho, dijo textualmente que se considera “una presa política de Gerardo Morales, después de Macri y ahora de la democracia”. Por si no se entendió a qué se refería con el eufemismo democracia, agregó que “se tienen que terminar los acuerdos políticos, porque nos perjudican a todos los argentinos, no solamente a los que estamos presos políticos”.

Amado Boudou. El caso del ex ministro de Economía y ex vicepresidente de Cristina Fernández es paradigmático: cuenta con una condena ratificada por todas las instancias judiciales pero es el “compañero” que más adhesiones ha conseguido en la última semana. Su situación procesal de cuádruple confirmación no es excepcional dentro de la excepción –no cualquier delincuente llega a la Corte Suprema– ya que lo mismo ha ocurrido con la Sala, Schiavi y Jaime.

Pero ahí va don Amado todavía con prisión domiciliaria. Mientras, hay un hilo en común que unifica a todos los personajes mencionados en este listado: forman parte del grupo que buena parte del kirchnerismo considera presos políticos.

El detalle. En el afiche de convocatoria, en el centro se encuentra Cristina Fernández. El mensaje es claro y hasta evidente: Cristina tiene sobre sus espaldas algunas prisiones preventivas que no fueron efectivizadas gracias a sus fueros. Por ello es que también la consideran una presa política. Y de paso cañazo, le recuerdan a Alberto quién es la que concentra el poder según la visión de los procesados.

Por si faltara aclarar algo más, hay un punto en el que todos los personajes de esta lista que se han animado a hablar en público sí tienen la razón: la discriminación judicial. ¿Cuántos son los condenados por delitos graves que cumplen su pena en sus casas? Porque sacando al pobre Schiavi y al olvidado Jaime, el resto goza de algunos privilegios que les brinda el Código Procesal Penal, pero que parece que no es igual para todos los ciudadanos.

Por último, y para entregar un botón de muestra del clima reinante en un frente de gobierno con mil cabezas, basta recordar algo ocurrido a principios de este 2020. El 6 de febrero Santiago Cafiero declaró que no había presos políticos, sentando así la posición que ya había expresado el presidente Alberto Fernández, quien prefirió hablar de “detenciones arbitrarias”.

Al día siguiente, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, Jorge Ferraresi chicaneó al citar a Antonio Cafiero, abuelo del jefe de Gabinete. “Cuando me preguntaron cuál fue el cargo más importante que ocupé dije el de preso político, dejamos de ser personas pero ahí entendimos el concepto de resistencia”, citó el ahora ministro de Hábitat para luego recordar que “hay que seguir poniendo la voz por los presos políticos”. Obviamente prefirió obviar el contexto y el motivo por el cual estuvo privado ilegítimamente de su libertad el patriarca de los Cafiero.

FUENTE

El presidente del bloque de Diputados nacionales del Frente de Todos se aisló preventivamente al conocer la noticia de que un contacto estrecho dio positivo de coronavirus.

El presidente del bloque de Diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se aisló preventivamente al conocer la noticia de que un contacto estrecho dio positivo de coronavirus.

El legislador por la provincia de Buenos Aires mantendrá todos los protocolos sanitarios.

Este sábado se supo también el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también se encuentra aislado junto a su familia debido a que un colaborador dio positivo, y en la misma situación se encuentran el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y su par de Comunicación, Jésica Rey.

"Acabo de enterarme de que un colaborador dio Covid positivo. Aunque cumplimos los protocolos, quedamos aislados con mi familia por ser yo contacto estrecho. Cuando digo que la pandemia no terminó, me refiero precisamente a esto. Sigamos cuidándonos", informó Kicillof en su cuenta de Twitter.

FUENTE TELAM

Por dos votos a uno, el máximo tribunal penal de justicia rechazó los planteos en donde se pedía la inconstitucionalidad de la ley

La causa de los cuadernos podrá seguir avanzando hacia juicio oral. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó hoy un planteo para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de los arrepentidos. Se trata del caso de corrupción que tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner como acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas de empresarios que hacían negocios con el Estado.

Los arrepentidos constituyen el corazón de la causa de los cuadernos. Oscar Centeno, el autor de los cuadernos, fue el primero de los arrepentidos en agosto de 2018 que desató la ola de pactos que se hicieron en la fiscalía de Carlos Stornelli. En total hubo 31 arrepentidos entre empresarios y ex funcionarios que buscaron aliviar su situación para salir de prisión o evitar una detención. Por eso había mucho temor en un sector de Comodoro Py y en la oposición de que el caso quedara en la nada.

El fallo fue rubricado por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroeteveña, por dos votos a uno.

El primero en pronunciarse fue hace diez días el juez Barroetaveña, que rechazó los planteos. Luego, una operación de urgencia por una apendicitis lo obligó a internarse y estuvo de licencia hasta el viernes pasado. Mientras tanto, el expediente giró por el despacho de Figueroa, que se pronunció por hacer lugar a los recursos. El voto decisivo fue el del juez Petrone.

En una resolución de unas 200 paginas, por mayoría, el tribunal resolvió rechazar por mayoría los recursos de la defensa de Julio de Vido, Hernán Gómez y Juan Lascurain contra la ley del arrepentido.

“En el caso concreto de la Ley 27.304, los recurrentes deberían demostrar, de manera concreta y específica, de qué modo la norma cuya inconstitucionalidad alegan viola garantías y derechos reconocidos por la Carta Magna y, en ese ámbito de discusión, quedarán al margen del examen las motivaciones y finalidades que inspiraron a los legisladores para sancionar la norma en trato (por cierto, es útil memorar que la ley fue aprobada por ambas cámaras con una amplísima mayoría”, sostuvo el voto mayoritario en el fallo al que accedió Infobae.

Y resaltó: “No resulta ocioso recordar los objetivos perseguidos por la ley, en cuanto a que se sancionó con la finalidad de dotar al sistema de enjuiciamiento penal de mayores herramientas en busca de alcanzar resultados óptimos en la investigación, instrucción y juzgamiento de los delitos de corrupción–entre otros delitos incorporados– que en muchas ocasiones resultan sumamente complejos y de dificultosa determinación”.

En otra resolución de 6 páginas, los jueces también rechazaron los pedidos de la defensa de Cristina Kirchner, Julio de Vido y Roberto Baratta en donde se pedía la nulidad de la declaración de Oscar Centeno.

Se descuenta que las defensas buscarán que la Corte Suprema de Justicia analice y revoque esta decisión. Pero el fallo termina convalidando el avance de la causa rumbo a juicio oral. El expediente fue elevado en septiembre de 2019 al Tribunal Oral Federal 7.

Los planteos prometen reeditarse en esa instancia cuando el caso finalmente empiece en un debate oral, cuando los arrepentidos tengan que repetir lo que dijeron ante la fiscalía.

La ley del arrepentido

Cristina Kircner y Julio De Vido (archivo/ AFP)

La Ley 27.304, promulgada en diciembre de 2016, habilita a un acusado a aportar ante la fiscalía datos relevantes y comprobables para el avance de una investigación a cambio de obtener una pena menor en el juicio oral.

Hace unos días, en medio de la expectativa por este fallo, el presidente Alberto Fernández había dicho que era una ley “definitivamente mala” porque se trataba de “un sistema de compra-venta de testimonios”. Y advirtió que se aplicó “casi simultáneamente en Ecuador, Brasil y Argentina: en los tres casos para perseguir dirigentes políticos opositores”. Lawfare.

Los planteos de las defensas habían sido revelados a fines de septiembre por Infobae, único medio presente en la audiencia de Casación en donde los representantes del ex ministro Julio de Vido, la abogada del ex funcionario Hernán Gómez y los representantes legales de los empresarios Gerardo Ferreyra y Juan Lascurain explicaron por qué, a su criterio, debían caer las declaraciones de los arrepentidos.

En aquella audiencia hubo tres críticas claves: la inconstitucionalidad de la ley, el uso de esta ley en la causa cuadernos (porque se votó en 2016 y se analizaban hechos del gobierno de los Kirchner) y la falta de registros fílmicos o audiovisuales de los dichos que los 31 acusados plantearon ante el fiscal Carlos Stornelli para conseguir convertirse en imputados-colaboradores y así garantizarse una pena segura, pero mínima, al momento del veredicto.

Carlos Stornelli (Nicolás Stulberg)

La falta de grabaciones no fue una novedad en el mundo judicial: no existían. Pero fue la primera vez que quedó oficialmente certificado tras un pedido de la defensa de De Vido. Los fiscales Stornelli y Fabiana León –que será la acusadora si se concreta el juicio oral– habían justificado esa ausencia al señalar que la ley solo hablaba del registro con medios técnicos idóneos.

Un cuarto planteo fue sostenido por la defensa de Lascurain, y fue una reedición que ya había sostenido ante el Tribunal Oral Federal 7, que aún no había contestado a ese cuestionamiento: pidió el sobreseimiento de su cliente al sostener que el autor de los cuadernos, Oscar Centeno, estaba acusado por un delito más grave que su cliente, y por lo tanto se incumplía con la ley del arrepentido que obliga al confesar disparar hacia arriba. Ese argumento serviría para la mayoría de los empresarios acusados que quedaron afuera de la asociación ilícita, cuando Centeno quedó como un participante de esa banda que, según el fiscal Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio, encabezó Cristina Kirchner.

En la audiencia, las defensas hablaron de la teoría del fruto del “árbol envenado”, la doctrina que establece que si una prueba se obtuvo de manera ilícita no puede ser usada en un proceso judicial. Esa doctrina fue, precisamente, lo que hizo caer la investigación de la causa AMIA, cuando el caso llegó a juicio y los que terminaron acusados fueron los investigadores.

La causa

El caso de los cuadernos de la corrupción marcó un punto de inflexión en Comodoro Py cuando estalló el 31 de julio de 2018 y derivó en una seguidilla de ex funcionarios y empresarios presos. Fue entonces cuando una veintena de empresarios y ex funcionarios, acusados de una asociación ilícita encabezada por la ex presidenta Cristina Kirchner, reconocieron haber pagado o cobrado coimas en el marco de los negocios, licitaciones o convenios que surgían desde el Ministerio de Planificación. Algunos explicaron que lo hacían porque les pedían plata para la campaña, otros porque si no ponían dinero no obtenían licitaciones o no conseguían que se liberaran los pagos por los negocios que ya tenían con el Estado.

Lo cierto es que cada uno de los declararon como imputados-colaboradores ante el fiscal Stornelli lo hizo sabiendo que debía aportar datos ciertos y valiosos para la investigación, apuntando “hacia arriba”. A cambio, los que estaban presos consiguieron la libertad y los que podían quedar detenidos consiguieron seguir el proceso sin ir a cárcel. Con su arrepentimiento, firmaban el reaseguro de que, a la hora de la sentencia, tendrían una reducción de la pena. Ahí se anotaron los ex funcionarios José López y Claudio Uberti, el financista Ernesto Clarens y empresarios que van desde Carlos Wagner hasta Angelo Calcaterra, pasando por Aldo Roggio y Enrique Pescarmona.

Las defensas cuestionaron desde el primer momento la aplicación de la ley en esta causa. Pero la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi –hoy en el centro de la polémica por sus traslados y desplazados del segundo piso de Comodoro Py– ratificaron los procesamientos dictados, validaron las declaraciones de los arrepentidos y elevaron el caso a juicio oral. El tema ya está en manos del Tribunal Oral Federal 7, a cargo de Fernando Canero, Enrique Mendez Signori, y, hasta hace unos días, Germán Castelli, otro de los magistrados desplazados por el Senado porque llegó a ese lugar por un traslado.

Allí Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita –junto al fallecido ex presidente Néstor Kirchner– de haber comandado una asociación ilícita que funcionó entre principios de 2003 y noviembre de 2015, “cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”. Por debajo de la hoy vicepresidenta, estaban De Vido y Baratta, Clarens y Wagner, de la compañía Esuco, que presidió la Cámara Argentina de la Construcción; y por abajo los “integrantes”, entre los que aparecen los arrepentidos José López, Claudio Uberti y Centeno, que se convirtió en testigo protegido. Los empresarios, que en un primer momento habían sido incluidos p
or Bonadio en la asociación ilícita, quedaron acusados por la Cámara Federal solo por haber entregado coimas.

El fallo completo

El Presidente lamentó los disturbios que se produjeron en la Casa Rosada y señaló a la Policía de la Ciudad: “Cerraron el paso de gente en la 9 de Julio con una violencia singular”

El descontrol que se produjo en la Casa Rosada durante el velatorio de Diego Armando Maradona quedará en el recuerdo como una triste postal de la despedida popular al mejor futbolista de la historia. Un día después de los violentos episodios que recorrieron el mundo, con una inédita invasión al palacio gubernamental, el Gobierno sigue tratando de esclarecer quiénes fueron los responsables.

En ese contexto, el presidente Alberto Fernández admitió que un grupo de barrabravas participaron en los desmanes y que tal vez debieron haberlo contemplado cuando se organizó el operativo de seguridad para contener la euforia popular. De todos modos, criticó “la violencia singular” que aplicó la Policía de la Ciudad cuando quiso interrumpir la fila de gente que estaba a la altura de la zona del barrio de Constitución, a la espera del ingreso en la Casa de Gobierno.

“Vinieron muchos hinchas de fútbol, mucha de esa gente exacerbada en su ánimo que solemos ver en las canchas de fútbol, a tratar de entrar de cualquier modo (...) Obviamente, mucha de la gente que entró en ese momento lo hizo con ánimo de hinchada de futbol, por decirlo de algún modo. Debimos haber previsto la presencia de barrabravas”, reconoció el jefe de Estado, quien aclaró que el Gobierno “no tiene contacto con ellos” y que investigará a los responsables.

“La verdad es que confiamos mucho en la conciencia social y quiero aclarar que la inmensa mayoría no participó de estos incidentes”, sostuvo en una entrevista en radio Con Vos.

En su análisis de lo ocurrido, el Presidente precisó que fue a hablar con las barras desde el palco presidencial con un megáfono y que les dijo que “si se ordenaban iba a ser posible extender el sepelio y el velatorio” para que pudieran ver los restos de Maradona. Sin embargo, según su relato, “fue imposible” convencerlos.

“Tiraron abajo una puerta de la Casa de Gobierno. Hay cosas imposibles de prever cuando asoma la locura de un grupo de personas”, ilustró.

Consultado por la coordinación general sobre el velatorio, Fernández rechazó la crítica de la responsabilidad de la Casa Rosada en aceptar hacer un evento breve hasta las 16 de la tarde, a pesar de que se esperaría un aluvión de seguidores de Maradona para saludar su memoria.

“Algunos nos plantean esto como un dilema, yo no lo tengo. Es cierto que pusimos la Casa de Gobierno para un ídolo popular como no hubo otro, pero yo tengo que respetar a la familia, sus hijas y deudos lo que deciden hacer”, señaló Alberto Fernández. “Les había ofrecido hacerlo en un lugar abierto. No le atribuí la responsabilidad a la familia, yo solo respeté lo que pidieron”, apuntó.

Por otro lado, el mandatario se refirió al reencuentro que mantuvo con Cristina Kirchner por el homenaje, tras meses sin entablar diálogo directo, y negó que haya sido una reunión “fría”. “Nos reunimos con Cristina para revisar el tema del horario y lo hablamos con Claudia. Cristina estaba muy emocionada, le contó a Claudia que le había pasado lo mismo con Néstor y había que priorizar que la gente se despidiera, ahí es cuando se (propuso) extender a las siete de la tarde”, reveló.

Los planes de extender el velatorio, finalmente, fracasaron ante el clima enrarecido por los hechos de violencia en el Patio de las Palmeras. “Se hizo incontrolable por la presencia de estos personajes en la puerta que habían roto todos los protocolos de acceso que habían sido respetados por las miles personas”, lamentó Fernández.

Sobre el desenlace del operativo de seguridad en general, el jefe de Estado dijo que “Maradona nos excede a todos” y que “la gente iba a salir a las calles” a manifestarse de todas maneras al relativizar los incidentes en la puerta de la Casa Rosada. “Lo que pasó hubiera pasado en cualquier lado. Si nos encontramos con un grupo de violentos es muy difícil, sin embargo lo resolvimos”, señaló.

“Lo resolvimos muy rápido sin que hubiera balas de goma ni palazos, cerrando las puertas. El problema fue en la 9 de Julio, donde hubo una acción desmedida de la Policía de la Ciudad, es muy evidente”, dijo el mandatario, quien volvió a contradecir la versión de la Ciudad de que había dado la instrucción de que se interrumpiera la llegada de más seguidores de Maradona hacia Plaza de Mayo.

“La Policía de la Ciudad cerró el paso de la gente y con una violencia singular”, concluyó.

La medida fue ordenada por el Ministerio de Seguridad de la provincia De Buenos Aires y se implementará, en principio, durante una semana para evitar cualquier incidente.

Unos 200 policías bonaerenses vigilan desde anoche las inmediaciones del cementerio Jardín Bella Vista, donde desde este jueves descansan los restos de Diego Armando Maradona, informaron hoy fuentes de la fuerza.

La medida fue ordenada por el Ministerio de Seguridad de la provincia De Buenos Aires y se implementará, en principio, durante una semana para evitar cualquier incidente.

Los voceros detallaron a Télam que la vigilancia permanecerá durante las 24 horas en los accesos y el perímetro del cementerio, situado en calle Mayor Irusta 5631, de Bella Vista, donde se colocaron vallas.

Los restos de Diego Maradona fueron sepultados ayer a las 19 en una ceremonia intima, junto a las tumbas de sus padres, Dalma Franco, "Doña Tota", fallecida en 2011, y Don Diego Maradona, quien murió en 2015.

FUENTE TELAM

Alberto Fernández fue denunciado después de organizar el velatorio deDiego Maradona.

Después del caos que se vivió en Casa Rosada, con algunos incidentes entre la policía y los manifestantes, confirmaron que el jefe de Estado deberá dar explicaciones en la Justicia por la denuncia que efectuaron contra él.

La denuncia contra Alberto Fernández por organizar el velatorio en Casa Rosada

El abogado Yamil Santoro, de la coalición Republicanos Unidos (vinculada al macrismo), presentó una denuncia penal contra el mandatario por la organización del velorio del máximo ídolo popular y lo acusa de “haber violado las normas sanitarias del correspondiente Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado por el mismo Poder Ejecutivo al convocar masivamente a un funeral de Estado”.

En ese escrito, el letrado manifestó que Fernández “ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la Constitución Nacional) al conferir a la familia del destacado futbolista un trato diferente, en materia de velatorios, que el que recibe –normas sanitarias mediante- cualquier otra familia argentina que sufre el fallecimiento de un ser querido”.

Y agrega: “Con la convocatoria y la disposición de un protocolo improvisado e ineficaz se está estableciendo un doble estándar en materia de funerales, que depende de la condición de cada uno: si sos famoso o no. Si no lo sos, se aplican las normas sanitarias preventivas del Covid-19; si lo sos, no existe norma alguna que prohíba reunir, en la Plaza de Mayo, en las calles aledañas y en la mismísima Casa de Gobierno, a millones de personas que desfilan, exponiendo a todos al contagio del virus, durante horas para participar de la convocatoria del presidente”.

Esta mañana, el Presidente respondió las acusaciones en un programa de radio: “Mucha gente fue con ánimo de hincha de fútbol. Los que entraron en ese momento a la Rosada lo hicieron con una violencia singular. Es muy difícil organizar un evento de esta naturaleza sabiendo que iba a haber un grupo de energúmenos.