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Antes del paro general, la dirigencia cegetista hizo una demostración de fuerza como antesala de las presiones en la Cámara alta para frenar la Ley Bases. Los sindicalistas que eligieron quedarse con sus trabajadores y no con sus colegas. La “picardía” del trotskismo

La movilización de la CGT por el Día del Trabajador no cambió el escenario de su conflictiva relación con el presidente Javier Milei, aunque se trató de una herramienta de presión con obvias reminiscencias de la masiva marcha universitaria. Y aunque el oficialismo le dio muestras de que flexibilizó sus posiciones, la central obrera dejó en claro que no hay margen interno para un eventual levantamiento del paro general de 24 horas del 9 de mayo y que los líderes sindicales ahora jugarán fuerte para tratar de que el proyecto de Ley Bases no sea aprobado por el Senado.

Se notó un mayor esfuerzo del aparato sindical para sacar a sus militantes a la calle, aunque esta tercera movilización de la CGT durante el gobierno de Javier Milei (la primera fue el 27 de diciembre ante el Palacio de Tribunales y la segunda, el 24 de enero en el Congreso de la Nación) tiene un sabor distinto. La dirigencia cegetista logró frenar el DNU 70 en la Justicia y consiguió que, en medio de su ofensiva opositora, el Gobierno la recibiera por primera vez en una reunión oficial y aceptara mutilar su reforma laboral como gesto de buena voluntad. Nada alcanzó. La CGT avanza sin fisuras hacia su segundo paro general, apoya las asambleas de los sindicatos del transporte que el lunes próximo paralizarán el sector de 8 a 11 y ahora busca arrinconar a los senadores para frenar la Ley Bases.

La magnitud del “pressing” sobre la Cámara Alta quedó al desnudo este mediodía cuando Pablo Moyano (Camioneros), uno de los cotitulares de la CGT, disparó una frase amenazante: “Espero que no vuelva a aparecer el fantasma de la Banelco como cuando se trató la reforma laboral”.

En CABA y en las principales ciudades del país habrá manifestaciones a favor del presupuesto para las universidades públicas. Desde el Gobierno atribuyen la medida a intereses partidarios y acusan a las casas de estudio de adoctrinamiento y falta de transparencia

Este martes la Marcha Federal Universitaria movilizará a estudiantes, docentes, egresados, rectores, investigadores, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil en rechazo al ajuste del presupuesto de las universidades públicas. El principal reclamo de quienes participarán en todo el país es a favor del financiamiento educativo, dado que los fondos para educación superior hoy se encuentran en un piso histórico, según un informe de ACIJ. Sin embargo, el conflicto también se enmarca en la campaña gubernamental de desprestigio del sistema universitario, centrada en acusaciones de adoctrinamiento y falta de transparencia en el uso de los fondos.

En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria será a las 15:30 hs frente al Congreso Nacional. Desde ahí la movilización avanzará hasta la Plaza de Mayo, donde será el acto central a las 18 hs. Allí se leerá un documento consensuado por los rectores, los sindicatos docentes y las federaciones de estudiantes.

Habrá movilizaciones desde San Salvador de Jujuy hasta Ushuaia, incluyendo las principales ciudades del país, como Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Salta, Corrientes, Resistencia y Posadas, entre otras. Las universidades del conurbano bonaerense se sumarán a la marcha de CABA, como también los rectores de varias universidades nacionales.

1. Apoyos y respuestas

Las 57 universidades nacionales suman 2.065.115 estudiantes y 216.279 empleados –entre docentes universitarios y preuniversitarios, autoridades y personal no docente–, según los últimos datos oficiales, de 2022. Apenas el 15% de los docentes tiene dedicación exclusiva.

La convocatoria a la marcha incluye, entre las propuestas, no exhibir consignas partidarias sino solo banderas argentinas. En las redes también circuló la idea de que cada persona lleve un libro.

La movilización tiene el apoyo del kirchnerismo, la CGT, un sector de la UCR y la Coalición Cívica. Eso motivó que desde el Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmara el lunes que la medida está “incentivada por la política”. Más tarde, Piera Fernández De Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), aseguró que “no es una marcha partidaria sino de la sociedad civil”. El Gobierno informó que aplicará el protocolo antipiquetes, pero desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguraron que la seguridad “está garantizada”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, consideró que el reclamo por el presupuesto es un “berrinche”. Profesores de algunas universidades privadas, como la de San Andrés (UdeSA) y la Torcuato Di Tella (UTDT), expresaron su apoyo a la movilización y su preocupación por “las evidentes campañas de descrédito de las universidades nacionales y de la investigación científica”. En respuesta, el presidente Javier Milei se refirió despectivamente a los “salamines escritores de cartitas de indignación” en su cuenta de X (Twitter).

2. Cruces por los gastos de funcionamiento

El Ministerio de Capital Humano, del que dependen las universidades nacionales, había comunicado el jueves pasado a última hora una “propuesta consensuada” con las universidades, pero desde las casas de estudio desmintieron haber llegado a un acuerdo. La semana pasada el Gobierno ofreció un aumento del 70% en mayo para gastos de funcionamiento, que se suma al 70% otorgado en marzo, junto con una partida extraordinaria de $14.400 millones para los hospitales universitarios. Esos fondos se depositaron el lunes, según informó el Ministerio.

Sin embargo, desde las universidades respondieron que el monto solo cubre la mitad de la inflación acumulada desde el año pasado –que calculan en torno a 280%– y sostuvieron la medida de fuerza. Argumentan, además, que los aumentos fueron solo sobre los gastos de funcionamiento, que representan alrededor de un 10% del presupuesto universitario total.

Desde la UBA –que se declaró en “emergencia presupuestaria”– dijeron a Infobae que el anuncio oficial solo implica una reducción en la magnitud del recorte en los gastos de funcionamiento: de -70% a -60%. Y explicaron que “en las universidades que no tienen hospitales universitarios (la mayoría), el recorte es algo más chico ya que los gastos de funcionamiento que se vienen actualizando en los anuncios son los de educación”.

Desde el CIN –el organismo que nuclea a los rectores– dijeron en un comunicado que “no se trata de un acuerdo sino de un anuncio del gobierno”. Las autoridades del CIN y la Secretaría de Educación se reunirán el próximo martes 30 de abril; la agenda del encuentro “incluye el financiamiento junto con los procesos de auditoría y fiscalización de las universidades”, señalaron desde la Secretaría. También hubo el viernes una reunión de funcionarios nacionales con el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

“No hubo acuerdo porque no hay negociación abierta. Solo hubo un anuncio del gobierno por redes: esperamos ver los detalles pronto. Anunciaron un 140%, pero el reclamo es una actualización del 280%, porque la inflación 2023 fue del 211% y la de 2024 acumula 60%. Estamos a mitad de camino”, dijo Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, a Infobae. Y planteó: “Ojalá esta marcha inédita sirva para buscar el camino del acuerdo”.

Los fondos ya acordados fueron transferidos el lunes, según informó el Ministerio de Capital Humano. El comunicado oficial señaló que las universidades públicas recibieron $21.888 millones del Estado nacional para su funcionamiento. “Este gobierno defiende la educación pública a la vez que reitera el derecho del pueblo argentino a conocer el destino y ejecución de toda partida asignada”, planteó el comunicado, encabezado con el lema “la educación pública es un derecho, auditar es una obligación”.

Las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional y la Secretaría de Educación se reunirán el próximo martes 30 de abril.

3. Salarios en baja y un conflicto anunciado

La caída del salario docente es uno de los reclamos principales de las casas de estudio y del Frente Sindical de Universidades (FSU), que rechazó la oferta de 8% de aumento para abril, en la misma semana en que se conocieron elevados aumentos de sueldo con fondos públicospara funcionarios del Poder Ejecutivo y en la Cámara de Senadores. Desde CONADU, uno de los gremios que forma parte del FSU, señalaron que el salario de los profesores hoy se encuentra un 29% por debajo del nivel de abril de 2023.

El conflicto universitario se venía anunciando desde hace al menos dos meses: ya en febrero los rectores congregados en el CIN habían advertido que estaba en riesgo su “pleno funcionamiento” por falta de fondos. En ese momento también el Consejo Superior de la UBA –la única universidad nacional que no participa del CIN– había expresado públicamente su “extrema preocupación” por el financiamiento de la educación superior. Los recortes afectan no solo a las universidades sino también a los hospitales y escuelas que dependen de ellas, así como a los proyectos de investigación científica.

Las autoridades del CIN se reunieron varias veces con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Según pudo saber Infobae, desde el CIN han valorado la disposición de estos funcionarios al diálogo, aunque los intercambios subieron de tono en el último Plenario de Rectoras y Rectores celebrado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

El presidente Javier Milei y algunos de sus principales funcionarios han acusado a las universidades de "adoctrinamiento" y de falta de transparencia en el uso de fondos.

4. Acusaciones de adoctrinamiento y opacidad

En las últimas semanas, desde el Gobierno nacional insistieron con las auditorías a las universidades nacionales y algunos funcionarios incluso atribuyeron la movilización del martes a la resistencia de las universidades a “perder sus privilegios”. Desde el CIN respondieron que las instituciones son fiscalizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN).

También rechazaron, en una conferencia de prensa el lunes junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), las reiteradas acusaciones de “adoctrinamiento” que vienen formulando algunos funcionarios, desde el presidente Milei hasta el subsecretario de Políticas Universitarias. Carlos De Feo, secretario general de CONADU, consideró que el Gobierno convirtió la cuestión del presupuesto universitario en una “batalla cultural” y busca “mostrar a las universidades como centros de corrupción”.

La cuestión del adoctrinamiento es un argumento habitual del Gobierno. El presidente Javier Milei definió varias veces que considera que toda educación pública (sea de gestión privada o estatal) supone “adoctrinamiento”. Por su parte, la subsecretaría de Políticas Universitarias habilitó una dirección de correo electrónico para que los estudiantes denuncien a sus docentes, promovida con frecuencia en X (Twitter) por el subsecretario Álvarez.

En la conferencia de prensa del lunes, desde las universidades respondieron que la acusación de adoctrinamiento implica “asumir que los estudiantes son estúpidos”. Por otro lado, una encuesta de Zuban Córdoba reveló que es justamente en la franja etaria de los estudiantes –de 16 a 30 años– donde se mantiene el nivel más alto de aprobación de la actual gestión de Gobierno: es el único segmento donde la mayoría cree que “la imagen de Argentina en el mundo ha mejorado” desde que asumió Milei.

Pese a la creciente confrontación, el último comunicado del CIN insistió: “Entendemos que el diálogo es, sin dudas, el camino para lograr acuerdos duraderos que den la previsibilidad que el sistema universitario y científico necesita en materia presupuestaria”. La preocupación por la “previsibilidad” y por las condiciones para garantizar un “normal funcionamiento” se repite en los testimonios de distintos rectores universitarios que relevó Infobae.

Desde el Gobierno plantearon que los gastos de funcionamiento de las universidades habían estado congelados en 2023, pero las universidades lo desmienten. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

5. La cuestión del “congelamiento”

El lunes, al comunicar que había transferido los fondos correspondientes a las universidades, el Ministerio de Capital Humano planteó que la actualización de las partidas –tras la inflación récord acumulada desde 2023– puso fin a “la política de congelamiento presupuestario del gobierno anterior”.

Desde el Gobierno ya habían planteado que los gastos de funcionamiento de las universidades habían estado congelados en 2023 sin que las universidades se quejaran. Sin embargo, autoridades de distintas universidades aseguraron a Infobae que esa versión es incorrecta.

Según explicaron desde la UBA, “de 2022 a 2023 hubo un incremento de los gastos de funcionamiento de acuerdo con la inflación de 2022″, en el marco de lo definido en la Ley de Presupuesto 2023, que contempló la inflación de 2022. “En términos operativos, esa partida aprobada de gastos de funcionamiento el Ministerio de Educación la divide en 12 cuotas mensuales iguales. Por eso, con el presupuesto en su conjunto ya actualizado, los gastos efectivamente se mantienen sin variación nominal a lo largo del año”, señalaron.

Sin embargo, aclararon que en noviembre y diciembre hubo reajustes en la transferencia de gastos de funcionamiento, luego de que la inflación se disparara a partir de agosto. “Pero el actual Gobierno no consideró esas transferencias y volvió a tomar como base el presupuesto de enero 2023″, dijeron desde la UBA.

“La cuota de gastos de funcionamiento se actualiza cuando se vota la Ley de Presupuesto. El año pasado, la cuota de enero de 2023 no fue la misma que la de enero de 2022. Este año, al no votarse presupuesto, teníamos a marzo 2024 la misma cuota que en enero 2023″, ratificó Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Entre enero de 2023 y marzo de 2024, la inflación alcanzó un 275%.

Domenichini agregó: “Lo que el Gobierno dice es que durante 2023 no se actualizó y eso es así siempre, salvo que haya refuerzos extraordinarios. Lo que no se realizó este año es la actualización sobre el año pasado, con más de 200% de inflación acumulada”.

De acuerdo con un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (previo a la actualización de gastos anunciada la semana pasada), los fondos asignados al Programa Desarrollo de la Educación Superior –la principal partida de financiamiento universitario– en 2024 fueron un 72% más bajos en comparación con el año anterior.

El informe señala que la ejecución presupuestaria del primer trimestre muestra una reducción del 34% frente al mismo período del año pasado y es la más baja desde 2006. El ajuste no afecta solo a las universidades, sino también a la educación obligatoria, tanto en el salario docente (por la eliminación del FONID) como en las obras de infraestructura escolar y en los recursos pedagógicos para los alumnos y docentes (por la suspensión de Conectar Igualdad y de la entrega de libros, una política que el Estado nacional había sostenido desde 2004).

Si bien todo el Estado nacional está recortando gastos, desde ACIJ advierten que “la caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue incluso más pronunciada que el promedio del gasto público nacional”. De acuerdo con estas cifras, el sistema educativo –incluyendo el universitario– está sufriendo una porción proporcionalmente mayor del recorte del gasto público.

FUENTE INFOBAE

El Servicio Meteorológico Nacional realizó una alerta meteorológica amarilla por tormentas severas y potencial caída de granizo para los próximos días en va

A través de su página web oficial, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizó una importante alerta de nivel amarillo por tormentas severasy potencial caída de granizo, para varias provincias de nuestro país durante el próximo lunes.

Nueva alerta meteorológica nivel amarillo por tormentas

De acuerdo a la información publicada por el organismo, las provincias de Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, podrían recibir en el comienzo de la próxima semana, caídas de agua y hasta incluso de granizo en algunos casos.

En este caso la información indicaba que los posibles temporales llegarían el lunes y en la mayoría de los casos comenzarían a afectar a las zonas mencionadas en horas de la tarde y noche.

Como consecuencia, el SMN dio una serie de medidas de precaución para tener en cuenta: “No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra”, “Evita actividades al aire libre”, “No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse”.

Asimismo, también indicaron: “Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas”, “Estate atento ante la posible caída de granizo”, y “Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono”, entre varias otras recomendaciones disponibles desde su sitio web.

Qué significado tiene cada color de alerta que tiene el Servicio Meteorológico Nacional

Cada uno de los niveles de alerta del Servicio Meteorológico Nacional tiene un grado distinto de peligrosidad en cada caso:

• Nivel rojo: Implica que se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.
• Nivel naranja: Implican fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
• Nivel amarillo: Implican fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
• Nivel verde: El último nivel implica “tranquilidad”, en este grado no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

FUENTE RADIO MITRE

rias provincias.

El periodista Juan Pedro Aleart denunció en vivo a su tío por abuso sexual y como consecuencia este fue suspendido de su cargo como docente de la facultad de Rosario.

Durante la noche de ayer, el periodista y conductor de televisión Juan Pedro Aleart denunció en vivo la historia de una serie de abusos sexuales que sufrió él y su hermano cuando eran niños, por parte de su padre y su tío.

El padre del periodista se suicidó en la ciudad de Mar del Plata el pasado 27 de marzo luego de que fuese notificado sobre la denuncia en su contra, mientras que su tío, llamado Helvio Vila, fue suspendido de su cargo como docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario.

Se conocieron datos del tío de Juan Pedro Aleart, denunciado por abuso sexual

El segundo acusado por el presentador tiene como descripción en Linkedin: “Soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario desde el año 1996 y estoy a cargo del Área de Formación Docente de dicha facultad. Soy especialista en Didáctica de las Ciencias Naturales en Educación y TIC”.

Asimismo, hasta el día de ayer, el hombre aparecía en la página web oficial de la Facultad de Medicina como director del Área de Formación Docente, entre las demás autoridades de la universidad.

La denuncia del periodista Juan Pedro Aleart contra su tío por abuso sexual

Además, el conductor se refirió también al papel de su tío como directivo del Centre Catalá y en la Escuela Integral de Fisherton, donde reveló que daba clases de Educación Sexual Integral (ESI), indicando que dos alumnas (una de ellas en la justicia) habían denunciado al hombre por los mismos abusos.

Desde la institución se mostraron sumamente consternados por la denuncia y explicaron que el docente renunció hace cinco años, en el 2019, donde también estaba a cargo del laboratorio e incluso llegó a hacer una suplencia en la vicedirección en los años 2006 y 2008.

FUENTE RADIO MITRE

La novia del playero asesinado en Rosario subió a sus redes un emotivo posteo a raíz del cumpleaños del hijo que nació como fruto de su relación.

La desgarradora historia del playero asesinado por un sicario en Rosario tuvo un nuevo episodio este mismo domingo. Hoy se conoció el festejo de cumpleaños del hijo de la víctima del sangriento hecho.

En la localidad santafesina, Jimena López, pareja de Bruno Bussanich, publicó a través de su perfil en X la foto que conmocionó a todos sus familiares y amigos. “Seguimos siento tres”, aseguró la joven atormentada por el asesinato que dejó en shock a todo el país.

El recuerdo de la novia del playero asesinado en Rosario

“Hace un año atrás, nosotros juntos. Hoy lo festejamos de otra manera, pero seguimos siendo nosotros 3, por siempre”, escribió en un principio López en recuerdo a quien conquistó su corazón y llenó de amor a su familia.

La publicación fue acompañada de dos fotos, una con Bussanich cuando cumplió dos años Valentino, y otra de la celebración de hoy, sin el hombre asesinado en la estación de servicio. En el cierre de su posteo, Jimena sumó: “Feliz cumpleaños, mi bebe, te amamos”.

La furia Jimena por el asesinato de Bussanich, el playero asesinado en Rosario

Anteriormente, la joven lanzó toda su furia contra el narcotráfico y los hechos violentos en la histórica ciudad santafesina. “No puedo creer que la vida de Bruno haya válido nada más que $400 mil”, expresó tras darse a conocer el valor del delito, según el homicida menor de edad (15).

“Dios mío, no tengo palabras”, remarcó Jimena ante el desgarrador suceso que le quitó la vida a su novio y sumó: “Es inaceptable que la vida de Bruno haya sido arrebatada por alguien que aún no alcanza la mayoría de edad”.

“Aunque el responsable sea menor, eso no disminuye la gravedad del crimen. Si puede matar, puede asumir las consecuencias de sus actos”, explicó la mamá de Valentino”.

FUENTE RADIO MITRE

Pese al anuncio de un nuevo aumento en mayo, el recorte de fondos afecta a las 57 casas de estudio públicas. Infobae relevó cómo están afrontando la situación distintas universidades de todo el país, en la previa a la Marcha Federal Universitaria del martes 23 de abril.

Esta semana las imágenes sorprendieron a estudiantes y docentes, y lograron repercusión internacional: los ascensores de la Facultad de Medicina de la UBA paralizados, los pasillos y halls de varias facultades a oscuras, las calderas apagadas. El conflicto por el presupuesto educativo viene creciendo desde principio de año y, a pesar de los anuncios oficiales, aún no está resuelto. La Universidad de Buenos Aires no es la única afectada: el recorte de los fondos repercutió en cada una de las 57 universidades nacionales, desde el Norte hasta la Patagonia. Entre todas suman unos 2 millones de estudiantes.

El martes 23 de abril, la Marcha Federal Universitaria movilizará a las universidades públicas de todo el país en reclamo de un mayor presupuesto, dado que los fondos para educación superior hoy se encuentran en un piso histórico, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Aunque el Gobierno nacional anunció el jueves una propuesta de mejora –un 70% en mayo para gastos de funcionamiento, que se suma al 70% otorgado en marzo, junto con una partida extraordinaria de $14.400 millones para los hospitales universitarios–, desde las universidades afirman que el monto solo cubre la mitad de la inflación acumulada y sostendrán la medida del martes.

Si bien desde el Ministerio de Capital Humano se anunció que habían llegado a una “propuesta consensuada” con las universidades, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –el organismo que nuclea a los rectores– lo desmintieron y dijeron en un comunicado que “no se trata de un acuerdo sino de un anuncio del gobierno”.

Las autoridades del CIN y la Secretaría de Educación se reunirán el próximo martes 30 de abril; la agenda del encuentro “incluye el financiamiento junto con los procesos de auditoría y fiscalización de las universidades”, señalaron desde la Secretaría. Según pudo saber Infobae, también hubo el viernes una reunión de funcionarios nacionales con el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

“No hubo acuerdo porque no hay negociación abierta. Solo hubo un anuncio del gobierno por redes: esperamos ver los detalles pronto. Anunciaron un 140%, pero el reclamo es una actualización del 280%, porque la inflación 2023 fue del 211% y la de 2024 acumula 60%. Estamos a mitad de camino”, dijo Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, a Infobae.

La caída del salario docente es uno de los reclamos principales de las casas de estudio y del Frente Sindical de Universidades (FSU), que rechazó la oferta de 8% de aumento para abril, en la misma semana en que se conocieron elevados aumentos de sueldo con fondos públicos para funcionarios del Poder Ejecutivo y en la Cámara de Senadores. Desde CONADU, uno de los gremios que forma parte del FSU, señalaron que el salario de los profesores hoy se encuentra un 29% por debajo del nivel de abril de 2023.

Varias universidades organizaron esta semana clases públicas para visibilizar el conflicto.

El conflicto universitario se venía anunciando desde hace al menos dos meses: ya en febrero los rectores congregados en el CIN habían advertido que estaba en riesgo su “pleno funcionamiento” por falta de fondos, por el congelamiento del presupuesto 2023. En ese momento también el Consejo Superior de la UBA –la única universidad nacional que no participa del CIN– había expresado públicamente su “extrema preocupación” por el financiamiento de la educación superior.

Las autoridades del CIN se reunieron varias veces con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Según pudo saber Infobae, desde el CIN han valorado la disposición de estos funcionarios al diálogo, aunque los intercambios subieron de tono en el último Plenario de Rectoras y Rectores celebrado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

El último comunicado del CIN insistió: “Entendemos que el diálogo es, sin dudas, el camino para lograr acuerdos duraderos que den la previsibilidad que el sistema universitario y científico necesita en materia presupuestaria”. La preocupación por la “previsibilidad” y por las condiciones para garantizar un “normal funcionamiento” se repite en los testimonios de distintos rectores universitarios.

Qué pasa en las universidades

Desde la Universidad Nacional de Córdoba –que tiene unos 170 mil estudiantes de grado y es la más antigua del país– explicaron a Infobae que a fines de marzo el Consejo Superior “aprobó un esquema de asignación de recursos en un escenario de incertidumbre presupuestaria, al no contar con una Ley de Presupuesto y por el proceso de desactualización de las partidas para gastos de funcionamiento”.

Esa política busca mejorar la eficiencia en el gasto y establece prioridades en la asignación de recursos “para garantizar las actividades esenciales de la UNC: enseñanza, inclusión, extensión e investigación”. Esto implica financiar el funcionamiento de las facultades y hospitales, el sostenimiento de las becas y ayudas económicas para estudiantes, y las actividades de investigación y extensión.

Las autoridades y los gremios de la UNC definieron participar de la marcha del 23 de abril. La concentración será a las 11 en el Monumento de la Reforma en Ciudad Universitaria. Foto: UNC

“Si bien el Gobierno nacional incrementó los gastos de funcionamiento de las universidades en un 70% (y ahora dio otro 70%), esos fondos tienen un retraso en relación con una inflación del 280%”, dijeron desde la UNC. También plantearon la “imprescindible necesidad” de que continúen las actualizaciones de los recursos remitidos por el Estado Nacional.

Esta semana, un informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad de Córdoba (OTES Cba) advirtió que las universidades de Córdoba, Villa María y Río Cuarto habían ejecutado en tres meses el 70% de su presupuesto asignado para todo el año (el dato es previo al anuncio oficial de un nuevo aumento en mayo). El martes, la marcha en Córdoba capital partirá a las 11 hs desde el Monumento de la Reforma (en Ciudad Universitaria) y avanzará hacia la zona del Patio Olmos.

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la tercera del país en cantidad de estudiantes (más de 113.000), también participará de la marcha el martes. Durante la semana pasada realizaron varias clases públicas para visibilizar el conflicto. “Nos encontramos en una situación presupuestaria difícil, como todo el sistema de educación superior y de ciencia y tecnología en el país. Aun así, estamos funcionando y tenemos la firme intención de seguir haciéndolo para beneficio y tranquilidad de nuestra comunidad”, dijo Martín López Armengol, presidente de la UNLP, a Infobae.

Sobre la situación particular de la UNLP, López Armengol planteó: “Tenemos preocupaciones presupuestarias relacionadas con salarios, gastos de funcionamiento, tarifas y renovación de sistemas de becas. Ante estos problemas, nuestra misión es gestionar para evitar que repercutan en nuestra Universidad, en particular, y en el sistema universitario y de ciencia y técnica en su conjunto”.

Con respecto al contexto general del sistema, expresó: “Las universidades públicas necesitamos tener mayor respiro y tranquilidad para planificar y dar previsibilidad a la actividad de nuestras facultades, colegios y centros e institutos de investigación. Porque, de fondo, más allá de lo esencial que resultan las cuestiones presupuestarias coyunturales, el debate que queremos dar como funcionarios y universitarios es poner sobre la mesa la importancia trascendental que tienen la universidad pública y la ciencia y la tecnología para el desarrollo soberano e inclusivo de la Argentina”.

Martín López Armengol, presidente de la Universidad Nacional de La Plata, en la celebración de los 127 años de la institución esta semana. Foto: UNLP

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) tiene 33 sedes distribuidas en 13 provincias y se especializa en carreras de ingeniería, tecnología y ciencias aplicadas, todas áreas estratégicas para el desarrollo del país. “Estamos atravesando un estado de desesperación, funcionando con el mismo presupuesto de octubre de 2022. Aún no nos depositaron el 70% de aumento anunciado en marzo”, sintetizó Rubén Soro, rector de la UTN, a Infobae.

“En la comisión de presupuesto hemos definido que no podremos hacer recategorizaciones de docentes y no docentes, debemos suspender algunos eventos y proyectos, vamos a mantener las becas propias pero los montos serán más bajos de lo que habíamos previsto”, explicó Soro.

“Vamos a dejar de hacer algunas cosas para poder garantizar el funcionamiento. Las reuniones y concursos serán virtuales. Las obras de infraestructura están paradas, se cerraron muchas convocatorias de equipamiento y fortalecimiento de la ciencia. Todo este ‘ahorro’ implica perder calidad educativa y de gestión. Los salarios están garantizados, pero se encuentran en un nivel muy bajo”, continuó.

“La educación superior no está en la agenda de las políticas de Estado. Nos están haciendo mucho daño, nos destratan, nos acusan de adoctrinar y de hacer gastos superfluos. La educación es parte de la solución a la crisis, no del problema”, planteó el rector. A pesar del escenario actual, se mostró optimista: “La universidad va a terminar de pie. No vamos a cerrar nuestras puertas”.

Rubén Soro, rector de la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene más de 98.000 alumnos en 13 provincias. Foto: UTN

La situación también es crítica en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que tiene más de 92 mil estudiantes. “No estamos pidiendo holgura para hacer lo pendiente o lo planificado: somos conscientes de la situación del país. Solo pedimos una actualización razonable, que acompañe el proceso inflacionario. En el primer trimestre de 2023, nuestra factura de luz fue de 80 millones de pesos; en el mismo período de 2024, la cifra ascendió a 250 millones. Tuvimos que hacer frente a ese gasto con el mismo presupuesto”, dijo el rector, Franco Bartolacci, a Infobae.

Bartolacci aseguró que “van a resguardar” las actividades esenciales de la universidad y subrayó la preocupación por los salarios docentes. Además, consideró que el aumento del 70% anunciado el jueves por el Gobierno nacional “es un pequeño paso adelante que reconoce lo que venía planteando el sistema universitario y científico”, pero agregó que “es insuficiente respecto a la situación general”.

“Toda la comunidad universitaria está haciendo un esfuerzo enorme. Si no, no hay manera de explicar que estemos funcionando en abril de 2024 con los mismos recursos que en septiembre de 2022. Hemos sostenido hasta ahora todas las actividades académicas e institucionales, pero semana tras semana la situación se hace más difícil”, explicó el rector.

De manera previa a la marcha del 23, la UNR organizará el domingo a la mañana la “Expo Universidad Pública” en Calle Recreativa. A las 15 hs habrá una concentración “en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional” en las escalinatas del Parque España. El lunes 22, en tanto, habrá “diálogos” sobre el conflicto universitario en todas las facultades y en las escuelas de la UNR.

Franco Bartolacci, rector de la UNR, sostuvo que el aumento anunciado el jueves "es un paso adelante" pero resulta "insuficiente".

Un escenario de incertidumbre

En la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), que tiene sedes en Corrientes y Chaco, denuncian que la participación de la institución dentro del presupuesto universitario total viene cayendo en los últimos años. Según informó la universidad, la UNNE pasó de recibir un 2,89% del total del presupuesto universitario en 2016 a un 2,66% en 2023.

“En materia presupuestaria nos enfrentamos a la situación con finanzas ordenadas, pero estamos supeditados al envío de fondos de gastos de funcionamiento que hasta ahora son los del presupuesto reconducido. Tuvimos que hacer algunas priorizaciones de partidas que permitan atender actividades sustantivas, en especial las orientadas a la población estudiantil”, describió el rector, Omar Larroza, en un comunicado difundido por la UNNE.

Larroza se refirió particularmente a la preocupación por el aumento de la tarifa de energía. Pero señaló: “Estamos administrando con responsabilidad, con inteligencia, haciendo un gran esfuerzo para que la Universidad no se resienta en este momento de crisis”.

El alza de las tarifas también golpeó a la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde la factura de luz pasó de representar el 20% al 70% del presupuesto disponible, según dijo el rector Enrique Mammarella en una entrevista con UNO Santa Fe. La UNL presentó una nota dirigida a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en conjunto con las universidades de Rafaela y Rosario, con el objetivo de acordar estrategias de pago.

Mammarella también enumeró algunas medidas que tomaron, como recortar horas extras remuneradas, reducir viáticos y viajes, así como suspender el catering en todos los eventos. “Estamos trabajando en medidas para reducir el gasto de los servicios básicos. Muchas de las actividades que teníamos pensadas para el primer semestre serán postergadas al segundo”, explicó el rector de la UNL. Y señaló que, si bien a corto plazo estiman que no se verá afectado el dictado de clases, hay gran incertidumbre con respecto al mediano y largo plazo.

Esta semana hubo un abrazo simbólico a la Universidad Nacional de Salta, en la previa a la marcha del martes 23. Foto: UNSa

En la Universidad Nacional de Salta (UNSa) organizaron esta semana un abrazo simbólico, una medida que se repetirá la semana que viene en la Universidad Nacional de Tucumán. En su última sesión, los senadores provinciales de Salta aprobaron por unanimidad una declaración de “respaldo y compromiso con la universidad pública y gratuita como un instrumento insustituible de movilidad social ascendente”, y expresaron su apoyo a las manifestaciones.

“Es un momento que convoca a la unificación de esfuerzos por parte de todos los que creemos en las universidades públicas como instituciones fundamentales de nuestra vida social”, dijo Daniel Hoyos, rector de la UNSa, en un comunicado difundido por la universidad. En Salta capital, la marcha del martes se concentrará a las 16 hs en el Monumento 20 de Febrero y concluirá en la Plaza 9 de Julio.

Con respecto a la Universidad Nacional de Mar del Plata, el panorama “no escapa a la situación general del sistema universitario público”, dijo el rector, Alfredo Lazzeretti, a Infobae. “Si bien la UNMdP no atraviesa una situación tan dramática en el corto plazo, está claro que más temprano que tarde nos va a alcanzar el problema”, afirmó.

“Creo que sería muy positivo que el Congreso nacional, que tiene tanta incidencia en la vida de las universidades nacionales –las crea por ley, puede intervenirlas, las controla a través de la Auditoría General de la Nación–, se haga eco de esta situación y vote un presupuesto parcial para los meses que quedan por delante”, planteó el rector.

Según Lazzeretti, una ley específica de presupuesto “podría dar a las universidades un cierto horizonte de previsibilidad, al poder contar con los fondos que nos permitan tener las puertas abiertas y garantizar el funcionamiento”.

Alfredo Lazzeretti, rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Foto: UNMdP

En la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) también preocupan los aumentos en los servicios básicos: la última factura de luz ascendió a 45 millones de pesos. Desde la UNLaM mencionaron además la necesaria “recomposición salarial de docentes y no docentes” y advirtieron sobre dificultades con varias obras que estaban en su etapa final y quedaron paralizadas porque “desde hace 5 meses no reciben los fondos necesarios”.

Entre esas obras, mencionaron el edificio de Odontología, el Centro de Salud “Dr. Ramón Carrillo” y la residencia estudiantil. El primero es necesario “para poder poner en marcha la carrera de Odontología en 2025″, explicaron. El Centro de Salud, en tanto, estará destinado a la formación de residentes de las carreras de Ciencias de la Salud. Mientras que la residencia estudiantil ofrecerá alojamiento a estudiantes extranjeros que cursen en la UNLaM “gracias a un sistema de intercambio académico que les permitirá a nuestros estudiantes continuar sus estudios en otras universidades del mundo”.

Otras casas de estudios del conurbano también han expresado, en diversos tonos, su preocupación por la situación presupuestaria. Entre ellas, se han pronunciado las universidades de Lomas de Zamora (UNLZ), Hurlingham (UNAHUR), Quilmes (UNQ) y Arturo Jauretche (UNAJ). Cada una de ellas tiene entre 30.000 y 40.000 estudiantes, según los últimos datos oficiales (de 2022).

En la Universidad Nacional de Cuyo, en tanto, las autoridades informaron que las solicitudes de becas crecieron 39%, según publicó El Sol. En Mendoza, la marcha del martes partirá desde el Campus de la UNCuyo a las 16 hs y habrá una concentración en Plaza Independencia a las 18 hs. “Las universidades no adoctrinan sino que democratizan la palabra. Las universidades son aquellos espacios en los que se escucha a las diversas voces, en las que se trabajan todas las ideas”, expresó la rectora, Esther Sánchez, en un comunicado difundido por la universidad.

La Universidad Nacional del Comahue, con sedes en Neuquén y Río Negro, es la más grande de la Patagonia. Ahí ya redujeron servicios de limpieza y telefonía. Además, la universidad tiene una deuda de 19 millones de pesos con Aguas Rionegrinas que no puede afrontar, según declaró la rectora, Beatriz Gentile, en un comunicado.

Gentile también expresó preocupación por las tarifas y fue una de las rectoras que confrontó con los funcionarios nacionales en el plenario en la UNSAM la semana pasada. Allí dijo: “En 1970 éramos 24 millones de habitantes, y la matrícula universitaria era de 200.000. En el año 2013, la población argentina era de 42,5 millones y la matrícula universitaria era de 1.500.000 estudiantes. Es decir que, en 40 años, la población creció un 77% y la matrícula universitaria creció un 750%. Ningún país que se pretenda desarrollado o emergente puede mirar esto como un fracaso: al contrario. Yo no voy aceptar un diagnóstico decadentista de la historia argentina, y menos de la universidad. No hay que pensar en cómo destruimos lo que tenemos, sino cómo lo mejoramos”.

El Presidente tiene previsto viajar a la provincia el viernes, para cerrar el Foro de Convergencia Empresarial, en el hotel Llao Llao. “Tiene que saber que en nuestra provincia es persona no grata”, dijo el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que este viernes bloqueará las rutas de Río Negro, para impedir la llegada del presidente Javier Milei al hotel Llao Llao, en Bariloche, al que viajará para cerrar el Foro de Convergencia Empresarial. “El presidente tiene que saber que en nuestra provincia es persona no grata, y se lo tenemos que demostrar”, dijo el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

Milei tiene previsto viajar al exclusivo hotel que está a los pies del lago Nahuel Huapi para hablar ante los empresarios más importantes del país, entre ellos, Marcos Galperin (Mercado Libre): Marcos Bulgheroni (PAE); Agustín Otero Monsegur y Carlos Miguens (citrícola San Miguel); Federico Braun (La Anónima); Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant); Karina Román (Logística Román); Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), y Verónica Andreani (Andreani), entre otros.

El foro empresario comenzará este miércoles, pero el Presidente viajará el viernes, para el cierre. Se prevé que se enfoque en el contexto internacional, en su plan de desregulación de la economía y en el ajuste de las cuentas públicas, que apenas un mes de gestión revirtió el déficit fiscal.

Según ATE, como efecto de ese ajuste sobre el sector público, “más del 20% del poder adquisitivo del personal estatal se perdió durante los meses que lleva en gestiones el gobierno nacional”. “Hemos perdido más poder de compra durante estos últimos cuatro meses que en los ocho años anteriores. El recorte sobre salarios y jubilaciones es brutal”, denunció el gremio.

Por eso, desde hace semanas, el sindicato de trabajadores estatales lleva adelante distintas medidas de fuerza

ATE prepara cortes de ruta contra Milei

La visita de MIlei a Bariloche podría verse empañada, si ATE cumple con la amenaza de bloquear las rutas de Río Negro. Según Aguiar, la medida de fuerza responde al “plan de ajuste que impulsa desde Casa Rosada” que “golpea con violencia en la provincia” y que “no solo se traduce en despidos en el sector público y recorte de salarios y jubilaciones” sino que “todas las medidas afectan negativamente a comerciantes, pymes, industriales, productores y economías regionales”.

“Además, el programa de Gobierno de Milei deroga la ley de Tierras y pretende profundizar la entrega de la Patagonia a potencias extranjeras. El día de su llegada deberían cortarse todas las rutas de Bariloche”, remarcó Aguiar.

El dirigente gremial cuestionó también que “al Presidente solo le interesa conversar con empresarios como los que van a estar en Bariloche”, a los que calificó como “planeros con exenciones impositivas y violadores de leyes laborales fugados al Uruguay, dueños de empresas energéticas enriquecidos con el aumento de tarifas, herederos de supermercados culpables de la inflación en la Argentina y CEO de laboratorios, lacras que lucran con los jubilados”.

TN

El juez que tramita la quiebra de la compañía ordenó que se subasten sus activos para pagarle a los acreedores. Pero el tribunal oral que tiene el caso “Hotesur-Los Sauces”, en el que también está acusada Cristina Kirchner, reclamó mantenerlos embargados para decomisos en caso de condena. Ante la diferencia intervendrá el máximo tribunal

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrá la palabra final sobre el destino de los bienes de “Austral Construcciones”, la compañía insignia del empresario Lázaro Báez. El máximo tribunal deberá definir si continúa la subasta para pagarle a los acreedores o si ese proceso se suspende para que todo quede bajo resguardo para un eventual decomiso en caso que sea condenado en el caso “Hotesur-Los Sauces”, donde está elevado a juicio oral y público junto a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner.

Esa es la diferencia que hoy existe entre el juez comercial que tiene la quiebra de Austral y el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de Comodoro Py que lleva la causa “Hotesur-Los Sauces”. La disputa no se pudo zanjar entre las partes y por ahora pasa a la Corte Suprema de Justicia, integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

No es el único planteo que el máximo tribunal tiene vinculado a Báez, hoy detenido en prisión domiciliaria. La Corte también tiene que resolver el futuro de “Hotesur-Los Sauces”. Se trata de una causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de esas sociedades, propiedad de la familia Kirchner, en el alquiler de sus hoteles e inmuebles. La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que las empresas de Baez recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Junto con la ex presidenta también está imputado su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.

El TOF 5, con otra integración a la actual, sobreseyó a todos los acusados en noviembre de 2021 pero la Cámara Federal de Casación Penal en septiembre del año pasado revocó esa decisión y ordenó que se haga el juicio oral. El fallo fue apelado a la Corte Suprema que también deberá resolver.

Parte de los autos y maquinarias embargadas a Lázaro Báez (Foto: OPI Santa Cruz)

“Austral Construcciones” fue la empresa que Báez creó a fines de 2002 y obtuvo la aprobación de la Inspección General de Justicia (IGJ) dos meses antes que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, en mayo de 2003. Fue la compañía que más obras públicas recibió para la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobierno de Néstor y Cristina. Por 51 de esas obras, Báez y Cristina Kirchner -entre otros- fueron condenados en diciembre del 2022 a seis años de prisión. El fallo está bajo revisión de la Cámara de Casación.

Cuando Báez comenzó a ser investigado sus bienes y los de sus compañías quedaron embargados por la Justicia federal. Y en junio de 2018 se decretó la quiebra de “Austral Construcciones”. Desde entonces corrieron en paralelo dos destinos de los bienes de la compañía pero desde el año pasado comenzaron a ser rematados. Hasta ahora, según las constancias judiciales, por esos remates se obtuvieron 2.600 millones de pesos, según el informe del abogado de la sindicatura que lleva la quiebra. Ese dinero sirvió principalmente para pagar la deuda con AFIP y el Banco Nación -las más importantes- y para abonar los gastos de honorarios de la quiebra.

Pero el TOF 5 quiere que las subastas se frenen. Los jueces Adriana Palliotti, José Michilini y Nicolás Toselli le enviaron el 20 de marzo un oficio al juez comercial Máximo Astorga con ese pedido. Los magistrados -en su resolución a la que accedió Infobae- basaron su postura en que no solo la ley argentina le permite a la justicia federal dictar embargos sino que hay “parámetros internacionales dictados para causas en las que se investigan delitos” de corrupción.

Los jueces citaron la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a las que el país adhirió, y resaltaron que “su incumplimiento podría llegar a ocasionar una responsabilidad internacional del Estado”.

“Asimismo, dado que el Congreso de la Nación ha aprobado todos los instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción suscriptos, debe tenerse en especial consideración que el Estado Argentino se encuentra obligado a dar cumplimiento a todas las clausulas incluidas en aquellos instrumentos”, agregaron.

El tribunal oral también citó el fallo “El Estribo” de la Corte Suprema que resolvió un caso similar y en el que concluyó que debe darse prioridad a la causa penal. Los jueces señalaron que están embargados “más de quinientos rodados -vehículos y maquinaria vial-, gran cantidad de herramientas y bienes de uso, como así también numerosos inmuebles”. Para eso entendieron que corresponde que los vehículos y las maquinarias sean entregadas a la “Dirección Nacional de Vialidad para la mantención de los caminos de la Patagonia para la estación invernal que se avecina o bien al Ministerio de Seguridad de la Nación para su afectación a la lucha contra los diversos flagelos que asotan a nuestro país, o a cualquier otra institución que cumpla fines de utilidad social”. El objetivo es mantener su operatividad y valor.

“Así las cosas, y atento al presente estado de situación, habiéndose cancelado parcialmente la deuda que Austral Construcciones registra con sus acreedores, entendemos que corresponde suspender la enajenación de sus bienes y que estos permanezcan cautelados en el ámbito de la Justicia Criminal Federal”, resolvieron y le pidieron al juez comercial “se abstenga, en lo sucesivo, de adoptar cualquier decisión que torne inoperantes las medidas cautelares trabadas en este proceso”, es decir que suspenda los remates. Y sino que sea la Corte Suprema la que resuelva.

El juez comercial Astorga no compartió el criterio. Explicó, en otra resolución del 27 de marzo a la que accedió este medio, que hay acreedores de Austral Construcciones “que tendrían derechos a ejercer sobre los bienes desapoderados y embargados en sede penal”. El magistrado reconoció el derecho de la justicia federal a mantener los embargos para futuros decomisos. “Empero, es en este proceso de quiebra -cuya finalidad es la liquidación del activo falencial y la protección de los acreedores del concurso-, el ámbito en dónde eventualmente deberían reconocerse los derechos patrimoniales dictados como consecuencia de la condena penal”, explicó.

Lázaro Báez en una de las audiencias por el juicio de lavado de dinero (Gustavo Gavotti)

Astorga señaló que una vez que se paguen todas las deudas “nada obstaría a que en lugar de entregarle el remanente al deudor, el mismo pudiera ser entregado al Estado Nacional, Provincial o Municipal en razón del decomiso penal”, ya que así lo establece la ley y recordó que eso mismo ocurrió en la causa por lavado de dinero -la conocida como la ruta de dinero k- en la que fue condenado a 10 de prisión y que el tribunal oral del caso hizo el mismo reclamo.

El magistrado también citó un antecedente de la Corte Suprema en el caso “Hope Funds S.A.” en la que resolvió a favor del juzgado comercial frente a una disputa con la justifica federal.

Sobre el planteo de los tratados internacionales en materia de corrupción firmó Argentina, Astorga no los desconoció pero señaló que “los jueces concursales también tiene un rol impuesto por la Constitución Nacional y obligaciones de tutela sobre los derechos de los acreedores impuestos por el propio texto constitucional -arts. 14, 18, 19 y 22- como por Tratados Internacionales”.

Ante la falta de acuerdo entre los dos tribunales, el juez comercial aceptó que la disputa por la competencia sea resuelta por la Corte Suprema y elevó el conflicto a la Cámara Comercial para que lo remita al máximo tribunal. Astorga aclaró que mientras está en trámite la competencia continuará con el remate de los bienes.

INFOBAE

El hecho ocurrió en Santiago del Estero durante el fin de semana largo. Los delincuentes también se llevaron juegos y elementos electrónicos

“Espero nos perdones”, es la última oración de la nota con corazones dibujados que se encontraron las autoridades de un jardín de infantes este miércoles, cuando regresaron al establecimiento después del fin de semana largo y descubrieron que los habían desvalijado. El mensaje fue hallado en “Los Changuitos”, ubicado en la localidad de El Puestito de San Antonio de Santiago del Estero. Y lo escribió uno de los delincuentes que ingresó a robar en los últimos días a la institución, de donde se llevaron desde materiales hasta varios kilos de comida.

El hecho fue descubierto por la persona encargada de abrir el establecimiento, la primera en arribar al domicilio después de los cuatro feriados consecutivos en los que no hubo clases. Apenas unos minutos después de su llegada, detectó una irregularidad. Se trataba de las rejas de las ventanas, que estaban rotas. Una razón por la cual rápidamente se contactó con la directora para comentarle lo sucedido.

Ante esta advertencia, la mujer que está al frente del jardín -llamada Verónica Geréz- se hizo presente en el establecimiento y notó que, tal como le habían adelantado, una de las aberturas se encontraba forzada. Además, en el interior, había claros indicios de un robo. En consecuencia, llamó a la policía local e hizo la correspondiente denuncia por el episodio.

De acuerdo a lo consignado por medios locales, en la inspección al jardín de infantes -ordenada por la fiscal de turno, que pidió que se lleven adelante las pericias de rigor en el lugar, a cargo de la División Criminalística- se constató que los delincuentes habían sustraído diversos elementos de varias de las salas.

Entre los objetos mencionados, los sospechosos se llevaron dispositivos electrónicos -como una notebook y un parlante chico-, además de una pava eléctrica y dos recipientes plásticos: uno con una gran cantidad de lapiceras y otro con diferentes elementos de oficina. También se llevaron varios juegos didácticos que utilizan a diario los niños.

Además, de la cocina se robaron alimentos: tres cajas con 10 paquetes de galletitas cada uno, 8 kilos de azúcar, una caja con 21 paquetes de budín, once paquetes de leche en polvo, dos cajas de saborizantes, cajas con cereales y cajas con fideos y arroz.

Según informaron fuentes policiales a El Liberal, la secuencia habría ocurrido a lo largo del fin de semana aprovechando la extensa ausencia de las autoridades educativas en el domicilio. Lo único que violentaron fue la reja de la ventana de la dirección, la cual utilizaron para entrar. Para irse, en cambio, tomaron un manojo de llaves y se retiraron por la puerta.

Lo que llamó la atención tanto de los inspectores como del personal del establecimiento fue que los involucrados en el ilícito dejaron una nota en la que explicaron su accionar y pidieron disculpas por haberlo cometido. “Lo siento mucho por las cosas que nos llevamos, pero sepan entendernos que las cosas no están bien, no nos llevamos cosas de más valor porque no somos malas personas y de verdad lo siento mucho. Espero nos perdones”, escribieron en un papel que dejaron pegado en el interior del jardín. Esta termina con tres corazones dibujados.

En cuánto a la investigación para esclarecer lo sucedido, se indició que los agentes de la Brigada de Robos Hurtos ya iniciaron las averiguaciones de rigor para tratar de obtener alguna pista que los acerquen a los autores del hecho. Con este mismo fin, ya entrevistaron a varios vecinos de la zona para obtener datos al tiempo que realizaron un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para hallar alguna imagen de los sospechosos.

INFOBAE

El año pasado hubo un avance en la causa luego de que un hombre se presentó en la fundación que preside su madre y dijo que existe una carpeta con fotos de su cuerpo.

Este miércoles se cumplen 22 años del secuestro y desaparición de María de los Ángeles Verón, más conocida comoMarita Verón, la joven tucumana víctima de trata de personas, cuyo caso es un emblema nacional. En un nuevo aniversario del horror, su mamá, Susana Trimarco, la recordó con una emotiva carta.

“Mi querida hija: hoy tu luz sigue brillando en cada rincón de nuestros corazones. Tu madre, tu hermano y tu hija llevamos el peso de tu ausencia con la certeza de que tu amor nos sostiene desde algún lugar más allá de nuestras miradas”, se lee en un texto que posteó en sus redes sociales.

Junto a un collage de fotos, Trimarco añadió: “Cada recuerdo es un abrazo tuyo, cada lágrima, una caricia de tu alma. Tu belleza, tu alegría y tu amor perduran en cada latido de nuestras vidas. No hay distancia que pueda separarnos, porque tu presencia se hace sentir en cada momento, en cada suspiro”.

“Hasta que nos volvamos a encontrar, nos aferramos a la certeza de que tu espíritu vive en nosotros, guiándonos, protegiéndonos y amándonos sin medida. Con amor eterno, tu mamá Susana”,completó.

El caso Marita Verón: 22 años de un secuestro y desaparición que conmovió al país

María de los Ángeles Verón desapareció en la capital tucumana el 3 de abril de 2002, cuando se dirigía desde la casa de su madre hacia la maternidad Nuestra Señora de la Merced, para realizarse un estudio.

La investigación, que se puso al hombro la propia madre de la víctima, permitió a la Justicia concluir que la víctima había sido captada por una red de trata de personas que operaba en La Rioja para ser explotada sexualmente.

El año pasado hubo un avance en la causa: un testigo se presentó a declarar ante la Justicia y afirmó que existen fotos del cuerpo de la mujer. “La carpeta es real porque con eso se amenazaban entre los gremios involucrados”,confirmó Susana Trimarco.

Tras ello, explicó que la investigación de la pista comenzó cuando esta persona se acercó hasta la Fundación María de los Ángeles asegurando tener información sobre la presunta muerte de su hija. Además, involucró al gremio Luz y Fuerza.

En aquel momento trascendió que el fallecido Julio Luna, dirigente del gremio tucumano y responsable del centro de salud, sabía que el cuerpo de la joven estuvo en la morgue y que esas fotos fueron utilizadas para extorsionarlo.

Después de más de dos décadas, la búsqueda todavía sigue abierta.

FUENTE TN