El cruce de Karina Milei al abogado de la AFA: “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar”
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salió al cruce este miércoles del abogado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Gregorio Dalbón, luego de que el letrado acusara al Gobierno de intentar “quedarse” con la entidad que conduce el fútbol argentino. “Está en manos de la Justicia”, afirmó la funcionaria en un mensaje publicado en sus redes sociales.
“Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”, escribió la hermana del presidente Javier Milei en su cuenta de X. El pronunciamiento llamó la atención porque la funcionaria no suele intervenir públicamente en este tipo de polémicas a través de esa plataforma.
Tras el mensaje, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, también se refirió al tema y sostuvo que “el debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos”.
“Dicho marco jurídico prohíbe expresamente cualquier intervención del Poder Ejecutivo en causas judiciales, precisamente para resguardar la autonomía del Poder Judicial y la plena vigencia de la división de poderes”, indicó el funcionario y garantizó que el “Gobierno respeta estrictamente esos principios institucionales y ha puesto, y seguirá poniendo, toda la información necesaria a disposición de la Justicia para colaborar con las investigaciones”.
“Como siempre, esperamos que, de existir delitos, se investigue con seriedad y se juzgue a los responsables conforme a derecho”, sostuvo.
Qué dijo Dalbón
Las declaraciones de Karina Milei llegaron después de que Dalbón asegurara que las investigaciones contra el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y el presidente de la entidad, Claudio Tapia, responden —según su planteo— al interés del asesor presidencial Santiago Caputo de controlar la organización que dirige el fútbol argentino. “Esto es una cuestión absolutamente política, no es una cuestión jurídica y se va a terminar arreglando políticamente, no con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina”, sostuvo el abogado.
El letrado realizó esas declaraciones en las escalinatas de los tribunales federales de Comodoro Py, luego de que Toviggino se presentara a declarar ante el juez en lo penal económico Diego Amarante.
“Es evidente que el Estado, si está hace cuatro meses hablando de la AFA es porque se quiere quedar con la AFA. Y la AFA se la quiere quedar Santiago Caputo”, argumentó el letrado.
Toviggino fue indagado este miércoles en la causa por presunta retención indebida de aportes por al menos 19.000 millones de pesos. Según trascendió, presentó un escrito y optó por no responder preguntas. En la investigación también está imputado Tapia, quien fue citado a declarar para este jueves al mediodía.
El dirigente ingresó a los tribunales a las 11.05 acompañado por su abogado, Marcelo Rochetti, y se dirigió al segundo piso, donde funciona el juzgado de Amarante. La indagatoria finalizó poco después de las 12 y el dirigente se retiró del edificio sin hacer declaraciones a la prensa.
Antes de comparecer ante la Justicia, el tesorero de la AFA publicó un mensaje en X en el que citó una frase atribuida al Papa Francisco, vinculada a la búsqueda de la verdad y la justicia.
“Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”, citó en el posteo.
La denuncia de ARCA
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en el expediente. El caso se centra en la presunta falta de pago de retenciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, un delito que prevé penas de dos a seis años de prisión.
Una vez finalizadas las indagatorias, el juez quedará en condiciones de resolver la situación procesal de los acusados. En paralelo, la Cámara en lo Penal Económico deberá definir si confirma la continuidad de la investigación o si la cierra por inexistencia de delito, tal como solicitó la defensa de los dirigentes.
A24
