Se trata de la Federación de Cooperativas de Trabajo “Evita” LTDA y La Patriada. Según la acusación, fue presidente de la primera y era socio de la segunda. Los pagos se hicieron en sus años como Secretario de Economía Social. La ley de Ética Pública le impedía intervenir en esos expedientes.

El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello denunció este lunes al exsecretario de Economía Social del ex Ministerio de Desarrollo de la Nación Emilio Pérsico por “facilitar” el envío de $473 millones a dos cooperativas de las que él mismo había formado parte.

Pérsico fue acusado de los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El Ministerio de Capital Humano señaló que la Secretaría de Economía Social que él conducía ejercía la supervisión y control de las actividades en el marco del programa Potenciar Trabajo y autorizaba los giros de dinero en concepto de subsidios y/o créditos ministeriales a las unidades de gestión para la realización de proyectos socio-productivos, socio-laborales y socio-comunitarios.

Según la denuncia, entre 2020 y 2023, esta Secretaría autorizó giros por un total de $473 millones a la Federación de Cooperativas de Trabajo “Evita” LTDA y a la cooperativa La Patriada para diversas actividades en el Potenciar Trabajo a través de la firma de diversos convenios. El documento marca que Pérsico fue presidente de la primera hasta 2019 (confirmado por el acta de la asamblea ordinaria del 12 de abril de 2019) y socio de la segunda.

Sin embargo, la Ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública le impedía intervenir en trámites hasta tres años después de su renuncia.

Potenciar Trabajo: denunciaron a Pérsico por el envío de $473 millones a dos cooperativas que integraba. (Foto: Prensa La Patria de los Comunes)

Potenciar Trabajo: denunciaron a Pérsico por el envío de $473 millones a dos cooperativas que integraba

La Secretaría de Pérsico ejercía la supervisión y control de las actividades, de las obligaciones asumidas y de la inversión de esos fondos. En otras palabras, tanto la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTD como la cooperativa La Patriada -con las que Pérsico tenían nexos- requerían un informe técnico favorable del organismo que dirigía Pérsico para recibir los posteriores desembolsos.

La denuncia marca que Pérsico intervenía al prestar conformidad a las actuaciones, ordenaba que se devengue y transfiera los montos a ambas cooperativas, siendo socio y presidente de estas sin que hayan transcurrido tres años desde su renuncia a tales funciones. El escrito enumera argumentos por los que entienden Pérsico benefició ilegítimamente a movimientos sociales, cooperativas y agrupaciones de las que formó parte o forma parte antes o durante la gestión.

Según documentos oficiales a los que accedió TN, la secretaría que conducía Pérsico intervino en seis expedientes a través de los que se le envió a La Patriada unos $261.591.087 para diversas actividades y $211.755.963 a la Federación de Cooperativas Evita LTDA. La denuncia fue presentada por la ministra Sandra Pettovello; Leila Gianni, la subsecretaría de Legal del Ministerio de Capital Humano y el asesor Ariel Romano.

Para las autoridades de Capital Humano, los fondos que salieron de las arcas del Estado y fueron a parar a ambas cooperativas representan un “daño patrimonial concreto y realmente al patrimonio de la administración pública”.

Una resolución firme de la Oficina Anticorrupción ya había advertido sobre la conducta de Pérsico

De hecho en diciembre pasado, antes del cambio de gestión, una resolución firme de la Oficina Anticorrupción (OA) estableció que Pérsico “infringió el deber de abstención establecido en el artículo 15 inciso b) de la Ley 25.188. Ello por su intervención en expedientes particularmente relacionados con la COOPERATIVA DE TRABAJO LA PATRIADA LTDA. y la FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO EVITA LTDA., respecto de las cuales debía excusarse de intervenir en virtud de su calidad de socio de la primera y, respecto de la segunda, en virtud de haber sido directivo sin que transcurrieran TRES (3) años desde su renuncia a tales funciones”.

A raíz de este informe es que el Ministerio de Capital Humano decidió denunciar penalmente a Pérsico. La acusación también señala los subsidios se pudieron haber entregado sin la consecuente contraprestación y/o verificación de los requisitos exigidos por la normativa del Potenciar Trabajo.

La respuesta de Emilio Pérsico

“Cuando asumí habia un expediente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA. Yo cometí el error de renovarle el convenio, no sabía que no podía. Después de darme cuenta, fui directamente a la Oficina Anticorrupción. Fui y acepté mi error, y pregunté cómo lo podía corregir. Me dijeron que debía abstenerme de intervenir de ahí en más y eso hice. Yo firmé el convenio marco. Los desembolsos los firmó otro secretario”, señaló Pérsico en diálogo con TN.

tn

Lo decidió el juez federal Julián Ercolini. Figuran los ministerios de Economía, Seguridad y Capital Humano, la ANSES, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre otros

El juez federal Julián Ercolini ordenó hoy un total de 45 operativos en organismos del Estado para obtener los convenios y las pólizas de seguros contratados entre el 10 de diciembre de 2019 y el último día del gobierno de Alberto Fernández. Son órdenes de presentación que están siendo distribuidas en cada organismo.

Entre las reparticiones oficiales se destacan los ministerios de Economía, Seguridad, Relaciones Exteriores y Capital Humano, la ANSES, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Dirección Nacional de Vialidad, según pudo saber Infobae.

En el listado también aparecen Radio y Televisión Argentina S.E, el INCUCAI, el Estado Mayor General de la Armada, la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la ANMAT, el INTA, y hasta la Superintendencia de Servicios de Salud.

Ercolini despachó 45 órdenes de presentación que están siendo entregadas por personal de la División Operaciones Federales de la Policía Federal. El oficio reclama una copia de los convenios y de las pólizas de seguros contratados entre el 10 de diciembre de 2019 y 9 de diciembre de 2023 y los productores asesores de seguros y/o intermediarios intervinientes en cada una de esas pólizas.

El juez también solicitó “los antecedentes, actuaciones y actos administrativos por los cuales se efectuó la selección y designación de dichos productores asesores de seguros y/o intermediarios previamentemencionados, si fueron designados para la totalidad de las contrataciones de seguros o sólo para algunas de ellas, la fecha de la primera designación de cada uno de ellos, y si los mismos percibieron en forma directa del ente comisiones o remuneraciones de algún tipo”.

Ese párrafo apunta a un total de 27 intermediarios que fueron visitados por la Policía Federal para que también aporten la documentación. En ese listado figuran Bachellier SA (vinculada a Martínez Sosa), Castello Mercuri SA (una de las firmas que monopolizaba los contratos con el Estado), y las dos firmas que aparecen en una nota enviada por el ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados:San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. y TG Broker SA.

D’Angelo Campos fue imputado junto al ex presidente Alberto Fernández y otras personas a raíz de la denuncia presentada por el Gobierno. El otro expediente se inició unos día antes con una denuncia de la abogada Silvina Martínez a la que se anexó otra presentación de los diputados Juan Manuel López y Paula Olivetto. Ambas causas quedaron a cargo del juez Ercolini.

El magistrado había comenzado el viernes 1 de marzo pasado con un operativo sobre Nación Seguros, horas antes del discurso de Javier Milei en el Congreso. Esta semana ordenó allanamientos sobre los domicilios de Alberto Pagliano (el ex titular de Nación Seguros), el broker Héctor Martínez Sosa, y Pablo Torres García, pero también mandó a la PFA para que se presente en las oficinas de los dos últimos para llevarse los contratos.

En esa medida incluyó las oficinas de Fernando “El Turco” Salim, un allegado a Martínez Sosa. “Advirtiéndose que otro de los productores listados por Nación Seguros SA, Fernando Carlos Salim, posee el mismo domicilio que Martínez Sosa y podría presentar algún tipo de vinculación societaria con el mismo, habrá de ser incluido en la medida”, dice la resolución judicial revelada por este medio.

Ahora, el juez decidió cerrar el círculo y mandó a la Policía a un total de 45 organismos que contrataron con Nación Seguros. En el listado también aparecen la Administración General de Puertos, Pampa Energía SA, ARSAT, el Tribunal de Tasaciones de la Nación, la Casa de la Moneda, el Fondo Nacional de las Artes, Gendarmería Nacional y la Jefatura de Gabinete.

En el caso de la ANSES, el juez pidió una copia del sumario administrativo interno labrado por la contratación de Nación Seguros, a partir del decreto 823 de 2021, que obligó a todas las reparticiones públicas a contratar con esa firma.

infobae