Política

El fiscal federal Ramiro González solicitó que el expresidente Alberto Fernández sea llevado a juicio oral en la causa por violencia de género contra su expareja, la ex primera dama Fabiola Yáñez.

📌 La querella reclama una condena de 12 años de prisión. 📌 La acusación incluye lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo, abuso de poder y amenazas coactivas. 📌 Según la fiscalía, los hechos ocurrieron entre 2016 y después de su salida de la Casa Rosada.

🧩 ¿Qué pruebas se presentaron?

• Imágenes difundidas en 2023 que muestran lesiones en el brazo y el ojo de Yáñez.
• Mensajes extraídos de dispositivos del expresidente, categorizados como “terrorismo psicológico” y “reconoce violencia”.
• Testimonios de médicos, personal de Olivos, familiares y allegados.
• Registros clínicos, videos y comunicaciones desde 2016.

La fiscalía sostiene que Fernández ejerció violencia psicológica “de manera sistemática”, aprovechándose de una situación de vulnerabilidad. La querella adelantó que no aceptará acuerdos económicos ni suspensión del juicio.

📍 Si el pedido prospera, será el primer expresidente argentino en afrontar un juicio por violencia de género.

En una jornada legislativa cargada de tensión, la Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría un proyecto que busca garantizar el financiamiento de las universidades nacionales. La iniciativa, impulsada por bloques opositores y rectores universitarios, propone actualizar automáticamente por inflación los gastos de funcionamiento, convocar a paritarias docentes y reforzar las becas estudiantiles. El oficialismo, que intentó sin éxito bloquear el quórum, anticipa un posible veto presidencial, como ya ocurrió con una ley similar en 2024.

🔍 Qué propone el proyecto

• Actualización automática por inflación de los gastos operativos de universidades, hospitales universitarios e institutos de investigación.
• Convocatoria obligatoria a paritarias para docentes y no docentes en un plazo de tres meses.
• Incremento en becas estudiantiles y partidas de investigación.
• Reconocimiento del sistema universitario como inversión estratégica, no como gasto.

🗳️ Cómo fue la votación

La oposición logró 158 votos afirmativos, frente a 75 rechazos y 5 abstenciones. Aunque no se alcanzaron los dos tercios por apenas un voto, el respaldo fue contundente. Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de la UCR conformaron el bloque mayoritario.

💬 Voces del recinto

• Danya Tavela (Democracia para Siempre): “El Gobierno lleva dos años sin presentar presupuesto. La educación es una obligación constitucional que no se está cumpliendo”.
• Gabriela Brouwer de Koning (UCR): “El orden fiscal no puede ser un fin en sí mismo. La universidad pública es una inversión estratégica”.
• Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal): “Invertir en educación no contradice la responsabilidad fiscal, sino que la fortalece”.

⚔️ La postura oficialista

Desde La Libertad Avanza, los diputados defendieron el superávit fiscal como prioridad. Santiago Santurio acusó a la oposición de “pensar con el bolsillo” y Nadia Márquez advirtió que “no hay respuestas mágicas” para sostener la educación pública sin déficit.

🧩 Curiosidades y ausencias

• Tres diputados tucumanos del bloque Independencia votaron a favor, desafiando la línea del gobernador Osvaldo Jaldo.
• El PRO tuvo ausencias notables, como Silvia Lospennato.
• Algunos gobernadores jugaron a dos puntas, influyendo en la ausencia de sus legisladores.

🏛️ ¿Y ahora qué?

El proyecto deberá pasar por el Senado, donde la oposición buscará consolidar su mayoría. En caso de veto presidencial, el amplio respaldo en Diputados deja abierta la posibilidad de insistir con la ley. Mientras tanto, el debate por el rol del Estado en la educación pública vuelve a ocupar el centro de la escena política

Tal como lo había anticipado, el presidente Javier Milei firmó este sábado el veto a la ley sancionada por el Congreso que establecía mejoras en los haberes jubilatorios, un incremento en los bonos sociales y refuerzos presupuestarios para políticas de discapacidad. La medida será oficializada el próximo lunes en el Boletín Oficial, según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo.

La ley vetada contemplaba una recomposición del 7,2% en jubilaciones y pensiones, el aumento del bono mensual de $70.000 a $110.000, y su actualización automática según la inflación. Además, restituía por dos años el régimen de moratoria previsional, permitiendo a personas sin los 30 años de aportes requeridos acceder a la jubilación mínima.

Durante el debate legislativo, Milei había calificado el proyecto como “fiscalmente irresponsable”, y su decisión de vetarlo se mantuvo firme pese a la amplia aprobación que recibió en ambas cámaras. El veto fue firmado este fin de semana para cumplir con los plazos legales y evitar que el Congreso pudiera insistir rápidamente con la norma.

Desde la Casa Rosada informaron que continúan las negociaciones con gobernadores y bloques aliados, a quienes se les habrían ofrecido contraprestaciones como recursos del Tesoro Nacional (ATN) y acuerdos políticos de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Ahora, el foco está puesto en si la oposición logrará reunir los dos tercios necesarios en Diputados y el Senado para rechazar el veto presidencial. Aunque el objetivo parece difícil, no se descarta la posibilidad de que se articule una mayoría especial, dada la sensibilidad social del tema y el respaldo legislativo que tuvo la ley.

Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli pidieron priorizar la unidad y advirtieron que la fragmentación del peronismo debilita sus chances en las legislativas frente al avance de Milei.
En medio de una nueva escalada de tensión dentro del peronismo, con fuertes cruces entre Juan Grabois y referentes del massismo, dos altos dirigentes de La Cámpora salieron este jueves a reclamar que se priorice la unidad para evitar una ruptura de cara a las elecciones legislativas.

“No le encuentro ningún sentido a tirotearse en Twitter o hacer declaraciones polémicas de uno u otro, cuando la gente la pasa cada día peor”, expresó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, al salir al cruce de la interna.

“Nuestro horizonte es transformarle la vida a la gente”, agregó, en referencia a los últimos cruces entre Grabois y dirigentes massistas, que incluyeron acusaciones cruzadas y chicanas en redes sociales.

El jefe del bloque de diputados bonaerenses del peronismo, Facundo Tignanelli, también camporista, apuntó en el mismo sentido: “Todos los cierres de listas son complejos, pero no tiene sentido entrar en disputas públicas que nos debilitan”.

Las declaraciones se produjeron luego de que Grabois, referente del Frente Patria Grande, ratificara su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y disparara contra Sergio Massa. En una entrevista televisiva, el dirigente social cuestionó la presunta hegemonía del Frente Renovador en el armado de listas y lo definió como “la derecha del peronismo”.

“Massa mide ocho puntos menos que yo”, afirmó Grabois. Y fue más allá: “No puedo aceptar dócilmente que hoy el espacio peronista lo hegemonice alguien que le hizo daño a (Jorge) Bergoglio”.

La respuesta no tardó en llegar. Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia y cuñado de Massa, lo tildó de “mentiroso, delirante e inútil” a través de la red social X. “Nunca ganaste ni una sociedad de fomento”, lo chicaneó, y lo acusó de “dividir el voto” para favorecer a Javier Milei.

Mendoza y Tignanelli buscaron descomprimir el clima de confrontación. “Hay que ver bien cuál es la propuesta, sentarse en una mesa y tomar la mejor decisión para los que buscamos representar”, sostuvo el legislador bonaerense. Y recordó que, cuando Cristina Kirchner definió las listas en 2021 y 2023, “ninguno de los diputados nacionales que entraron por la Provincia traicionó a su electorado”.

Tignanelli también cuestionó que se pongan en duda las decisiones del espacio: “En el resto de las provincias, donde quizá no estuvo esa famosa birome definiendo candidatos, sabemos que traicionaron. En cambio, los que entraron por la Provincia siempre votaron contra las políticas de Milei”.

Grabois, por su parte, no dio señales de retroceder. “Voy a ser candidato sí o sí”, dijo, y dejó abierta la posibilidad de competir con lista propia si no hay acuerdo en Fuerza Patria. “Depende de los genios de la política que manejan las cosas”, ironizó.

Desde el Frente Renovador también se sumaron al contraataque. Diego Giuliano, presidente del espacio, sostuvo que Grabois “está desenfocado” y que su actitud pone en riesgo la unidad del peronismo. “Debería releer a Francisco. Francisco decía que la unidad es superior al conflicto, y eso no lo ha comprendido”, afirmó en declaraciones radiales.

En paralelo, advirtió que una posible división en las elecciones nacionales “es hacerle el juego a un gobierno que tiene un ministerio de desmantelamiento del Estado y destrucción”.

En la provincia de Buenos Aires, el cierre de listas ya tuvo lugar bajo el formato de lista sábana. A nivel nacional, en cambio, se utilizará Boleta Única de Papel y aún queda margen para definir alianzas. Es en ese terreno que La Cámpora intenta mostrarse como factor de contención ante la creciente tensión entre sectores que compitieron bajo el paraguas de Unión por la Patria en 2023, pero que ahora parecen dispuestos a reeditar viejas fracturas.

“Hay diferencias tácticas, pero el objetivo tiene que ser común”, sintetizó Tignanelli. Mendoza, más directa, dejó una advertencia: “La gente está cada día peor. No podemos estar tirándonos tiros entre nosotros mientras el país se cae a pedazos”.

FUENTE TODO NOTICIAS -TN

El vocero presidencial, Manuel Adorni, realizó un contundente comentario acerca de la relación de Victoria Villarruel con el resto del Gobierno.
Este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, realizó un contundente comentario durante su conferencia de prensa diaria, acerca de la relación de Victoria Villarruel con el resto del Gobierno.

El comentario de Manuel Adorni sobre la relación de Victoria Villarruel con el Gobierno

Así fue como expresó que la vicepresidente “No es parte de la gestión desde hace muchísimo tiempo”, y que a pesar de esa situación: “Hace un año medio que trabajamos con resultados bastante prominentes”.

Incluso indicó: “Siempre se le dio demasiado valor a determinadas definiciones sobre la vicepresidenta, o sobre otras personas, no importa. Simplemente no forma parte del Gobierno, de la gestión y del día a día, y no es parte de este proyecto”.

“Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla la lealtad no es una opción: es una condición", comentó después.

Para luego afirmar: "Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado, está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”.

Qué dijo Manuel Adorni sobre la relación de Victoria Villarruel y el Gobierno nacional

Comentó también: “Es que los cargos no importan, que quienes están en una lista, en un puesto, en una función no importan y que lo que importa, que es lo que ocurre, es que estemos todos juntos en el mismo barco, yendo hacia la misma dirección”.

También afirmó que: “(El de Karina Milei) fue un mensaje para todos de ‘¡vamos para adelante!’. Es razonable que en los armados de listas y en cuestiones partidarias algunos tengan pretensiones, los lugares son limitados".

"No ha pasado nada que uno considere anormal, atípico, más allá de que somos nuevos en estas cuestiones de armado“, expuso luego acerca de la situación.

El diputado presentó su declaración jurada de 2024, en la que se dio a conocer la millonaria cifra que declaró como patrimonio.

El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, presentó su declaración jurada correspondiente al período fiscal 2024 ante la Oficina de Anticorrupción.

En el documento, se informó que el legislador posee un patrimonio millonario, lo que representa un incremento del 76% en comparación con el año anterior.

Máximo Kirchner declaró un patrimonio de más de $8.300 millones y creció un 76% en un año

El diputado nacional Máximo Kirchner presentó su declaración jurada de bienes correspondiente al período fiscal 2024 ante la Oficina Anticorrupción (OA).

En ella, informó un patrimonio total de $8.311.567.011,23, lo que representa un incremento del 76% en relación con la presentación del año anterior, cuando había declarado cerca de $4.719 millones.

Entre los bienes detallados, consignó 27 inmuebles y participaciones en empresas que estuvieron bajo la lupa de la Justicia en causas vinculadas al presunto lavado de activos.

Además, declaró una tenencia en dólares superior a los 2,8 millones, convirtiéndose en el rubro más importante de su fortuna. Buena parte de su patrimonio proviene de la herencia de su padre, el expresidente Néstor Kirchner, y de donaciones realizadas por su madre, Cristina Fernández de Kirchner, quien aún enfrenta procesos judiciales por enriquecimiento ilícito y corrupción.

También figuran en su declaración vehículos, cuentas bancarias y acciones en sociedades anónimas. La evolución de sus activos patrimoniales, según se desprende del informe presentado, muestra un aumento sostenido en los últimos años, incluso por encima de la inflación acumulada del mismo período.

El contraste con la crisis: cuestionamientos y vínculos societarios investigados

El crecimiento exponencial del patrimonio de Máximo Kirchner se da en un contexto de profunda crisis económica, con inflación elevada, devaluación del peso y recortes en el gasto público, lo que genera un fuerte contraste con la situación que atraviesan millones de argentinos.

Además de su rol como diputado nacional, el líder de La Cámpora mantiene vínculos societarios con empresas familiares como Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., ambas investigadas por presuntas irregularidades en su administración y posibles vínculos con contratistas del Estado.

NOTA RADIO MITRE

Aseguran que el Banco Nación le adjudicó un contrato de casi 4 mil millones de pesos a Tech Security SRL, la empresa que hasta 2023 era del presidente de la Cámara de Diputados y referente de La Libertad Avanza.

Este jueves se desató una polémica contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. «El Banco Nación le adjudicó un contrato de casi 4 mil millones de pesos a Tech Security SRL», aseguró el periodista Manu Jove en sus redes sociales y argumentó sus dichos con base a una licitación pública publicada el 4 de julio en el Boletín Oficial.

Jove explicó que se trata de la «empresa que era hasta diciembre de 2023 de Martín Menem y que le dejó a su hermano Adrián». Y resaltó: «Es un escándalo y la confirmación del revivir de los noventa. Volvió la corrupción menemista».

De acuerdo a la denuncia del periodista, el Banco Nación adjudicó un contrato de casi 4 mil millones de pesos a la empresa Tech Security SRL para prestar servicios de seguridad privada en sus principales establecimientos, incluyendo la Casa Central y el Aeropuerto Jorge Newbery.

Tech Security SRL, la empresa de los Menem que ahora custodia al Banco Nación

La polémica surge porque esta empresa, dedicada a la seguridad en eventos deportivos y con servicios previos para el propio presidente Milei, era hasta diciembre de 2023 propiedad de Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados.

Según señaló Jova, Martín Menem transfirió su participación accionaria a su hermano, Adrián Menem, antes de asumir su cargo legislativo.

De acuerdo a la información periodística y los documentos publicados en el Boletín Oficial, el contrato tiene una duración inicial de 24 meses y es prorrogable por dos períodos anuales adicionales, alcanzando un valor total de $3.933.026.507,98.

Tal como se muestra allí, lo llamativo es que otra empresa preseleccionada, Briefing Security, había presentado una oferta considerablemente menor, de $237.537.036.

Los socios de Tech Security SRL incluyen a Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián Menem, hermanos de Martín, siendo Adrián quien recibió la participación de Martín en diciembre de 2023. El socio mayoritario y gerente general es Pablo Ariel Vázquez, exjefe de seguridad de River Plate.

Tras el fallo de la Cámara Electoral, se presentaron cuatro iniciativas que apuntan a prevenir y castigar la difusión de noticias falsas

El fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que confirmó el procesamiento de una persona por divulgar dos videos falsos para perjudicar a un precandidato a senador que competía en las primarias de 2021 abrió el debate en el Congreso sobre la necesidad de legislar sobre el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA) y, eventualmente, penalizar a quienes incurren en estos delitos.

En el Congreso se presentaron cuatro proyectos de ley que, en líneas generales, proponen adaptar el marco legal para enfrentar el problema de la desinformación y la manipulación digital en la era de la inteligencia artificial (IA). Dos de ellos, elaborados por Silvana Giudici (Pro) y Juan Brugge (Córdoba Federal) se focalizan en la penalización del uso de deepfakes (videos, audios o imagenes manipuladas con inteligencia artificial para que parezcan auténticos) y la manipulación de identidad con IA.

En tanto, la iniciativa del senador Sergio Leavy (Unión por la Patria) se enfoca en la regulación y sanción en la difusión de noticias falsas en un contexto electoral, mientras que la de Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) propone un mecanismo de “fact-checking” (chequeo de datos) como herramienta preventiva para evitar la desinformación.

Los distintos proyectos advierten que nuestro país carece de una regulación específica y suficiente para hacer frente al uso indebido de IA para manipular identidades biométricas o crear deepfakes, de allí la necesidad de avanzar en una ley. Si bien el tema aún no está en la agenda en ninguna de las dos cámaras, los legisladores creen que más temprano que tarde el Congreso deberá abocarse a la problemática ante el uso cada vez más frecuente de la IA para la propagación de contenidos falsos.

“En un contexto en el que la proliferación de noticias falsas debilita la confianza en las instituciones y el sistema democrático, resulta imperativo impulsar medidas que incentiven a medios de comunicación, redes sociales, periodistas y creadores de contenidos a implementar la verificación sistemática de datos y hechos”, señala Agost Carreño.

Su proyecto tiene un enfoque más bien preventivo y se orienta a facilitar la detección de noticias falsas para contrarrestar su propagación. Para ello propone la creación de un Consejo Nacional de Verificadores de Datos y Hechos (CNVDH) como organismo autónomo, cuyo objetivo es evaluar y acreditar los sistemas de verificación de hechos que funcionan en los medios de comunicación y periodistas, aunque sin involucrarse en el contenido periodístico ni en la línea editorial.

“El proyecto no busca penar ni perseguir opiniones, sino alentar el chequeo de información y dotar a las comunicaciones verificadas de un elemento identificatorio transparente”, fundamenta Agost Carreño.

Los diputados Giudici y Brügge ponen especial acento en la penalización. El proyecto del cordobés propone penalizar con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años a quien “utilice inteligencia artificial, genere o modifique videos, audios, rostros de personas, grabaciones de voz y/o escenarios ficticios, con la intención de hacerlos parecer como reales”. Se exceptúa de la pena cuando exista una identificación clara y visible de que el contenido ha sido generado o modificado con IA.

Por su parte, la diputada de Pro propone, en su proyecto, castigar con una pena de un mes a un año de prisión a quien de manera dolosa utilice sistemas de inteligencia artificial para generar, manipular y/o publicar, a través de cualquier medio, imágenes o videos que contengan réplicas del rostro o la voz de una persona sin su autorización.

“Estamos frente a un vacío legal que buscamos subsanar con esta iniciativa, cuyo objetivo es asegurar que las tecnologías emergentes no sean utilizadas para infringir derechos fundamentales, como el derecho a la imagen, la privacidad, el honor, la dignidad y la integridad de las personas, la libertad de expresión, el derecho a la información y el patrimonio”, fundamentó.

Por último, el proyecto del senador Leavy penaliza la difusión de noticias falsas en el ámbito electoral. Propone a la Cámara Nacional Electoral como autoridad de aplicación y establece penas de multa no solo a los responsables de la desinformación, sino también a los medios de comunicación que se presten para a la propagación de noticias falsas.

fuente DIARIO LA NACION

El régimen fundamentalista distribuyó un informe en Naciones Unidas, adonde cuestiona la posición geopolítica del Presidente ante la ofensiva israelí destinada a terminar con la iniciativa nuclear de los ayatollahs

(Desde Washington, Estados Unidos) A pocos días del aniversario 31 del ataque terrorista a la AMIA, ejecutado por Hezbollah bajo las órdenes directas de Irán, el régimen chiita distribuyó un documento oficial en Naciones Unidas apuntando a Javier Milei y la Argentina por su apoyo a Israel durante la guerra que libró contra Teherán para destruir su iniciativa nuclear.

Irán es responsable por los atentados contra la embajada israelí en Buenos Aires, la sede de la AMIA y los ataques terroristas cometidos en Israel a principios de octubre de 2023.

En los casos de la Embajada de Israel y la AMIA, el régimen chiita utilizó a Hezbollah como proxy, mientras que para los ataques en Israel se apoyó en Hamas, una organización terrorista palestina que opera desde Gaza.

En todos estos casos, Milei respaldó a Israel y ratificó que Argentina será aliada incondicional de Jerusalén y Estados Unidos.

En este contexto, Milei apoyó la ofensiva israelí para destruir el proyecto nuclear de los ayatollahs, destinado a fabricar al menos 10 bombas nucleares.

“La Oficina del Presidente condena el vil ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel, mediante el lanzamiento masivo de misiles y drones dirigidos contra población civil", sostuvo un comunicado oficial en plena Guerra de los 12 Días.

Y días después de ese comunicado,Milei llamó por teléfono a Benjamín Netanyahu -premier israelí- para ratificar su respaldo a la ofensiva militar que había desplegado para enterrar la iniciativa atómica de Irán.

Cuando concluyó la Guerra de los 12 Días, Irán desplegó un movimiento diplomático en Naciones Unidas para cuestionar la ofensiva de Israel y Estados Unidos.

El regimen chiita que es responsable del ataque terrorista del 7 de octubre y que está violando todas las normas vigentes sobre armamento nuclear, se presentaba ante la ONU con un dossier que pretendía ocultar sus sistemáticas violaciones al derecho internacional.

Ese informe redactado en la cancillería iraní bajó las instrucciones del líder religioso Ali Khamenei fue distribuido en todas las representaciones extranjeras de las Naciones Unidas.

A la embajada de Argentina llegó una copia, que fue girada sin dilaciones al Palacio San Martín. Milei conoció el contenido del informe iraní, y ratificó en la intimidad de la Casa Rosada que no cambiará su posición frente a Irán.

Hoy un hubo una ceremonia oficial en el Capitolio de los Estados Unidos en tributo a las víctimas del ataque a la AMIA, y el embajador argentino Alejandro Oxenford leyó una carta del Presidente que reafirmó su perspectiva sobre el regimen chiita.

El dossier iraní se titula: “El descarado ataque al derecho internacional por parte del régimen israelí contra la República Islámica de Irán, desde el comienzo de la agresión de ese régimen el 13 de junio de 2025 - Informe inicial”.

El documento de Irán se divide por párrafos y fue escrito en inglés.

En el párrafo 92 se lee textual: “Otros países también han declarado su apoyo a las agresiones del régimen sionista contra Irán. Entre ellos se encuentran Canadá, Argentina, República Checa y Paraguay".

No es un hecho casual que en la nómina de países aparezcan Argentina y Paraguay. Milei y Santiago Peña -presidente paraguayo- fueron los dos únicos mandatarios de América Latina que viajaron a Israel para trasmitir su solidaridad ante los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023.

A continuación, en el párrafo 94, el regimen iraní apunta directamente al Presidente.

“El 13 de junio de 2025 (inició la Guerra de los 12 Días), el presidente de la República Argentina, Javier Milei, respaldó las acciones militares del régimen sionista contra Irán y condenó los ataques defensivos iraníes contra el régimen sionista, expresando su apoyo a las acciones militares previas de Israel".

La Cancillería no hará una réplica diplomática en la ONU, pero Milei ya decidió cómo contestará a la amenaza encubierta de Ali Khamenei.

El proximo 18 de julio, cuando se cumplan 31 años del ataque terrorista financiado por el regimen de los ayatollahs, concurrirá a la sede de la AMIA para recordar a los 85 inocentes que asesinó Hezbollah por orden de Irán.

FUENTE DIARIO INFOBAE

Tres legisladores le hicieron una presentación a la ANSES para suspender el beneficio del expresidente de la Nación.

Alberto Fernández fue procesado el pasado jueves en la causa que lo investiga por favorecer a intermediarios privados dentro de la centralización de pólizas de organismos públicos en Nación Seguros. Tras eso, tres legisladores de la Ciudad de Buenos Aires le hicieron una presentación a la ANSES para que le saquen la jubilación de privilegio que percibe.

Qué dice el documento firmado por los legisladores sobre la jubilación de privilegio de Alberto Fernández

Graciela Ocaña, María Sol Méndez y Sebastián Nagata firmaron la petición dirigida a Fernando Bearzi, titular del organismo, y solicitaron “la suspensión de la asignación mensual vitalicia” que tiene el expresidente.

En el documento, ponen en contexto la situación de Fernández y justifican: “Debe ser suspendida a fin de no perjudicar el erario público que vuestro gobierno tanto defiende“. Además, aclararon que la suspensión debe ser extendida ”hasta que se resuelva definitivamente la culpabilidad o no en los hechos que se le imputan".

“Es sabido que los beneficios que otorga la ley 24.018 son un privilegio para quien desempeño una de las funciones públicas más importantes del país, pero si esa persona utilizó ese lugar de privilegio para beneficio propio y cometió delitos desde ese lugar, no pueden obtener ni mantener este beneficio", profundizaron en el escrito.

“¿Qué mensaje está dando el Gobierno Nacional si un jubilado que trabajo toda su vida tiene que elegir entre comer o comprar medicamentos? En cambio, un expresidente -procesado por corrupción y violencia de género- cobra casi 9 millones de pesos por mes, es decir, más de 24 jubilaciones mínimas”, sentenciaron.

Las declaraciones de Alberto Fernández respecto de su implicancia en la causa Seguros

En su última presentación ante la justicia, la abogada del expresidente Mariana Barbitta aseguró que Fernández “no tiene ninguna relación con la imputación y que se trata de una imputación genérica”.

Además, el exmandatario aseguró que las facturas que demostraban que él le habría facilitado contratos al broker de seguros Hector Martínez Sosa valuados en más de $4,2 millones, en realidad correspondían a informes políticos y económicos elaborados para varios clientes. “Martínez Sosa no era el único”, explicó.

Finalmente, defendió el decreto 823/21 firmado durante su gestión, que eliminó el sistema de coaseguros y estableció que el Estado solo podría contratar pólizas de seguros con Nación Seguros, y manifestó que se trató de una medida legal que no mencionaba a intermediarios privados específicos. Por otro lado, sostuvo que los beneficios a ciertos intermediarios “no generan una erogación del erario público”, es decir, que el Estado no sufrió una pérdida económica directa por estos negocios.

RADIO MITRE