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El expresidente Mauricio Macri deberá declarar como acusado el próximo jueves 7 en una causa sobre el supuesto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur. El juez federal de Dolores, Martín Bava, lo citó a indagatoria y le prohibió a Macri la salida del país.

La causa por la que Macri será indagado se inició por una denuncia radicada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en septiembre del año pasado. La primera parte de la investigación la llevó adelante el fiscal Daniel Adler en Mar del Plata, hasta que el caso cambió de jurisdicción y pasó a Dolores.

De acuerdo con el fallo de Bava, mientras el submarino aún permanecía desaparecido, durante la gestión de Macri, la AFI hizo seguimientos en las manifestaciones realizadas en Mar del Plata por parientes y amigos de los tripulantes.

En la misma resolución en la que Bava dispuso la citación de Macri y su prohibición de salida del país fueron procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, extitulares de la AFI. Ambos habían prestado declaración indagatoria en Dolores en julio de este año y habían negado los cargos que les imputaban.

Según Bava, la responsabilidad de los hechos investigados no puede endilgársele solo a “los agentes de base” ni tampoco a los exjefes de la AFI, porque las acciones de espionaje “partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena respondía al entonces Presidente”.

En su fallo, el juez escribió: “No solo las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata, sino que además, le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación (...). El entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se encontraba en pleno conocimiento del especial interés y el seguimiento que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia respecto los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan”.

Bava relata en su fallo que los familiares de los tripulantes del ARA San Juan sospechaban que tenían sus teléfonos intervenidos y que así se lo hicieron saber al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, que radicó una denuncia para que eso se investigara. En juez explica que las intervenciones nunca se comprobaron porque el procedimiento para determinar si las líneas habían sido pinchadas requería que los familiares pusieran sus teléfonos a disposición del tribunal (la causa la llevaba el juez Daniel Rafecas) y ellos no accedieron. Bava afirma sobre este punto: “Mientras acontecían los delitos que aquí se investigan, el Gobierno nacional reconocía que había al menos serios indicios que indicaban un espionaje ejercido hacia los familiares de las víctimas del ARA San Juan. El hecho de que las máximas autoridades de la Agencia no hayan [tomado] medidas dirigidas a investigar y, llegado el caso, neutralizar ese espionaje es una prueba cabal de que todas estas acciones se realizaron en connivencia con las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.”

La denuncia con la que se inició la causa sostiene que la AFI, mientras buscaba material que había solicitado un juez, halló tres discos rígidos con los registros del espionaje ilegal a los familiares, a través de fotos, partes de inteligencia y la intrusión en redes sociales, principalmente en el primer semestre de 2018. Según Caamaño, las “tareas” ventiladas “no se encontraban ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado”. Lo mismo sostuvo Bava.

El juez escribió: “La subdirectora Silvia Majdalani fue la funcionaria que se nutría periódicamente con los documentos ilegales producidos por la Delegación de Mar del Plata y, de acuerdo con sus funciones específicas, fijaba los objetivos de inteligencia específicos y adoptaba las decisiones en base a la información recopilada por sus dependientes. Ambos, el Director y la Subdirectora, además, eran quienes determinaban ‘los objetivos’ programáticos de las acciones de inteligencia llevadas adelante o coordinadas también por sus subordinados. A la luz de todo lo expuesto, queda claro que dentro de esos ‘objetivos’, estaba el de investigar a los familiares de los tripulantes submarino ARA San Juan”.

La acusación contra Macri

En su fallo, Bava define cuál es en concreto la imputación de la que deberá defenderse Macri en su indagatoria. Sostiene que “desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018″ Macri “ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos”.

El juez detalla que “entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”. Y afirma: “Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”.LA NACION

Así lo dispuso la Anmat tras haberse realizado ensayos clínicos de las fases 1 y 2. El país ya cuenta con un stock de "10 millones Sinopharm" y entre el 4 y el 11 de octubre recibirá un lote de 1,5 millón más y otro de 1,6 millones, con lo que completará 12 millones de dosis a fin de este mes, aseguró la ministra de Salud.

El Gobierno anunció que fue emitida una autorización para vacunar contra el coronavirus a los niños de entre 3 y 11 años con dosis de la china Sinopharm, con el objetivo de completar la inmunización de esa franja etaria de la población antes de fin de año.

"La Argentina termina el 2021 con toda su población de más de tres años cubierta y protegida. Contamos con el stock para iniciar esa vacunación y completar los esquemas", dijo la ministra de Salud, Carla Vizzotti en una conferencia de prensa junto al ministro de Educación Jaime Perczyk.

Vizzotti precisó que completará los esquemas de vacunación de niños y adolescentes con vacunas Sinpharm y Pfizer.

"La Argentina termina el 2021 con toda su población de más de tres años cubierta y protegida"CARLA VIZZOTTI

Vizzotti confirmó que podrán aplicarse vacunas Sinopharm a niños de entre 3 y 11 años.
En el caso de las vacunas Sinopharm, explicó que su utilización fue autorizada por la ANMAT tras haberse realizado ensayos clínicos de las fases 1 y 2 y dijo que la Argentina ya cuenta con un stock de "10 millones", a las que se sumarán "entre el 4 y el 11 de octubre un lote de 1,5 millón más y otro de 1,6 millones, con lo que completará 12 millones de dosis a fin de este mes".

En cuanto a las Pfizer, Vizzotti adelantó que entre el 24 y el 27 de este mes llegarán dosis para ser aplicadas a un universo de 5 millones de adolescentes.

Foto: Diego Izquierdo.

En este marco, Vizzotti, anunció una convocatoria para el lunes del Consejo Federal de Salud para evaluar cómo siguen los pasos para la vacunación de niños y jóvenes contra el coronavirus, ya sea en las escuelas o en centros de inmunización.

Por su parte, el ministro de Educación Jaime Perczyk dijo que "la vacunación tiene que ver con recuperar presencialidad plena desde el nivel inicial, recuperar tiempos y aprendizajes en la escuela y la normalidad creciente en el campo educativo".

Agregó que la vacunación "aporta, también a recuperar a los chicos que se nos fueron del nivel educativo porque invitándolos a vacunarse van a volver a la escuela".

"La vacunación tiene que ver con recuperar presencialidad plena desde el nivel inicial, recuperar tiempos y aprendizajes"JAIME PERCZYK

Foto: Horacio Culaciatti.

Cecilia Moreau y Andrés “Cuervo” Larroque culparon a los supermercadistas por las subas. “Cuando el diálogo no funciona, no nos podemos quedar de brazos cruzados”, dijo el referente de La Cámpora.

La diputada nacional y vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, culpó a los supermercadistas por el aumento del precio de los alimentos y lanzó fuerte una amenaza: “Si siguen especulando habrá que clausurar sucursales”, advirtió la legisladora oficialista. El kirchnerismo duro presiona para que el Gobierno avance en el control de precios.

Este lunes, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, recibió a los CEO de las principales cadenas de supermercados. Luego de la derrota en las PASO, el Gobiernopidió a los supermercadistas contener aumentos en productosque no estén alcanzados por los programas oficiales.

Luego del encuentro, Moreau -número dos del bloque oficialista luego Máximo Kirchner- consideró “la falta de alineamiento entre el salario y la capacidad de compra de alimentos” como uno de los principales problemas a resolver tras la derrota electoral. Sin embargo, culpó a los supermercadistas por los precios.

“Tienen que dejarse de especular y ordenar los precios. No puede ocurrir que la misma leche de segunda marca esté 55 pesos en un supermercado y $73 en otro. Si ese señor sigue especulando con la leche, con el empobrecimiento de los argentinos, habrá que tomar acciones concretas y clausurar las sucursales que tengan precios por fuera de los que tienen que tener”, sostuvo, en FM La Patriada, Moreau.

En un mensaje interno, la diputada pidió garantizar el cumplimiento de la Ley de Góndolas: “Hay productos que realmente no los encontrás porque son productos más accesibles. Hay que ser firmes en eso”, agregó.

Andrés “Cuervo” Larroque también criticó a los supermercados por los precios y pidió al Gobierno avanzar con sanciones

El ministro de Desarrollo bonaerense y uno de los jefes de La Cámpora, Andrés Larroque, también se manifestó luego de la reunión que las grandes cadenas de supermercados tuvieron con Paula Español. “Haber especulado con el precio de los alimentos durante una pandemia y con los productos de primera necesidad, es un acto criminal”, dijo.

Como Moreau, Larroque pidió más firmeza al Gobierno nacional: “Alguien se va a tener que hacer cargo. El Estado tiene una responsabilidad ineludible, no creo que sea solo de una funcionaria, pero el Ejecutivo nacional tiene la potestad de intervenir en esta materia, hay que tener una postura definida”, sostuvo en AM 530 .

“El Gobierno ha tenido una actitud declamativa durante mucho tiempo, y con eso no alcanzó y, cuando el diálogo no funciona, no nos podemos quedar de brazos cruzados y, si no hay consenso, nosotros tenemos que ponernos del lado de la gente”, advirtió.

La Federación de Supermercados le contestó a Cecilia Moreau: “Esas amenazas no tienen sentido”

Víctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados, respondió a las amenazas de la diputada Cecilia Moreau: “Siempre explicamos que no somos el formador de precios, sino el último eslabón. Amenazas como la de Moreau no tienen sentido”, sostuvo en Radio Rivadavia.

“El industrial lo que dice es que son aumentos de costos operativos, caída de la producción, muchas variables que se conjugaron”, agregó Palpacelli y concluyó: “No nos queda alternativa y el precio lo debo trasladar a la góndola porque, si no, trabajaría a pérdida y en dos meses, tendría que cerrar mi negocio”, concluyó.

"Seguramente el cupo se va a ampliar", expresó el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. A partir de octubre también se podrían poner en funcionamiento más aeropuertos, entre los que se encontrarían Córdoba, Mendoza y Ushuaia.

El Gobierno analiza aumentar el número de vuelos que llega al país, al igual que el cupo de pasajeros habilitados a ingresar a la Argentina, además de poner en funcionamiento más aeropuertos a partir de octubre, adelantó el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

En declaraciones realizadas a los periodistas en Casa Rosada, el funcionario aseguró que se están "terminando de definir" los detalles de la flexibilización, luego del anuncio del Gobierno en cuanto al levantamiento de ciertas restricciones a los viajes.

"Seguramente el cupo se va a ampliar", expresó Guerrera y comentó que este miércoles analizó la cuestión con el jefe de Gabinete Juan Manzur.

"Seguramente el cupo se va a ampliar"ALEXIS GUERRERA
Luego de un acto en el que se firmaron convenios con municipios entrerrianos para la construcción de infraestructura para el transporte, el ministro también aludió a la posibilidad de que "haya algún otro aeropuerto que pueda operar de manera internacional, lo que nos va a permitir sumar mayor cantidad de pasajeros".

En esa hipótesis mencionó las pistas de Córdoba, Mendoza y Ushuaia, pero advirtió que para tomar una decisión en ese sentido "tiene mucho que ver que (los aeropuertos) estén preparados".

"Nosotros queremos que la gente pueda viajar; somos los primeros que queremos que el país se reactive en el tema turismo y que la gente pueda salir a hacer sus negocios adentro y afuera de la Argentina", remarcó.

El ministro también aludió a la posibilidad de que "haya algún otro aeropuerto que pueda operar de manera internacional".
Advirtió que, si bien se está "saliendo de la pandemia" -porque así "lo indican las estadísticas"-, los viajes deben realizarse "de acuerdo con lo que el sistema sanitario del país permita" y en base a las regulaciones que fijan los aeropuertos para evitar un "rebrote".

La última decisión administrativa 793/2021 del Gobierno nacional dispuso un cupo semanal de 11.900 plazas hasta el 5 de septiembre y de 16.100 hasta el 1 de octubre, que equivalen a 2300 ingresos diarios para argentinos que regresan al país, residentes y extranjeros no residentes que hubieran sido autorizados por la Dirección Nacional de Migraciones.

Esos límites podrían empezar a modificarse a partir del 1 de octubre, de cara a la apertura de fronteras anunciada para el 1 de noviembre próximo.

Desde el inicio del Plan Estratégico de Vacunación contra la COVID-19 que impulsa el Gobierno nacional junto a las 24 jurisdicciones, en todo el territorio ya se aplicaron más de 51 millones de dosis.

Arribó al país un nuevo cargamento con 549.600 vacunas de AstraZeneca contra la COVID-19 donadas por Canadá a través del Mecanismo COVAX, la iniciativa global para el acceso equitativo a las vacunas contra la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2. De esta manera, Argentina dispone de 68.257.645 dosis para continuar avanzando en la inmunización de la población.

El cargamento arribó anoche al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en el vuelo UC1101 de la compañía LAN Cargo y fue recibido por la Directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Moretti; el Embajador de Canadá en Argentina, David Usher, el Consejero Político de la Embajada de Canadá, Daniel Arsenault; el Asesor internacional en Sistemas y Servicios de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud, Dr. Javier Uribe y la representante adjunta de UNICEF Argentina, Olga Isabel Isaza.

Estas vacunas se suman a lote de 200.000 dosis de CanSino recibidas ayer, así como a las 3.072.000 de Sinopharm que llegaron al país entre viernes y el sábado, y a la partida de 183.625 unidades de Sputnik V componente 2 entregadas el viernes por el Laboratorio Richmond.

Así, Argentina incorporó en los últimos días más de 4 millones de dosis que permitirán seguir escalando el Plan Estratégico de Vacunación contra la COVID-19 que el Gobierno nacional impulsa en todo el país.

Desde el inicio de la campaña, el país lleva recibidas 68.257.645 vacunas. De ese total, 28.856.000 corresponden a Sinopharm, 14.234.820 pertenecen a Sputnik V (9.775.655 del componente 1, y 4.459.165 del componente 2), y 3.129.125 a Sputnik V producidas en Argentina por el Laboratorio Richmond (1.179.625 del primer componente, y 1.949.500 del segundo).

A la firma AstraZeneca corresponden 17.516.500 dosis (580.000 Covishield; 1.944.000 recibidas por el mecanismo COVAX, 13.200.500 de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 1.242.400 donadas por España y 549.600 por Canadá). En tanto, 3.500.000 corresponden a dosis de Moderna donadas por Estados Unidos, 600.000 a CanSino y 421.200 a Pfizer.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta esta mañana se distribuyeron 56.078.204 dosis en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan 51.223.138. A su vez, 29.530.369 personas iniciaron su esquema y 21.691.769 lo completaron.

Llegó al Gobierno durante la presidencia de Néstor Kirchner. Fue enjuiciada por administración fraudulenta.

Romina Picolotti llegó al Gobierno en 2006 de la mano de Néstor Kirchner como secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Cuando asumió Cristina Fernández se mantuvo en el cargo hasta 2008, cuando se alejó sospechada por administración fraudulenta. Finalmente, este lunes fue condenada a 3 años de prisión y a devolver $7 millones.

Entre sus tareas de gobierno, Picolotti era la encargada de sanear el Riachuelo, pero tras una investigación periodística en 2007 del diario Clarín se hicieron públicas irregularidades en el manejo de la caja. Su proceso judicial requirió de 14 años y ahora vendrán los tiempos de las apelaciones.

Picolotti es abogada especializada en derecho ambiental y fundadora del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y feroz crítica del modelo extractivista de minerales en la Argentina, incluso durante los gobiernos de los que formó parte.

La primera vez que fue procesada lo hizo la jueza federal María Servini de Cubría por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, al considerar que entre 2006 y 2008 utilizó fondos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para gastos personales, como regalos de lujo y vuelos en aviones privados para su desplazamiento entre distintas provincias.

Además, se comprobó el uso de más de 200 pasajes aéreos para familiares y amigos y consumos de uso personal rendidos como gastos de la Secretaría que encabezaba.

Un contrato laboral en Estados Unidos la llevó a radicarse en ese país en 2015, autorizada por la Justicia, desde donde siguió su proceso judicial por videoconferencia.

Su gestión al frente de Medio Ambiente: falta de aviones hidrantes y sin sanear el Riachuelo

Además de las denuncias sobre el manejo fraudulento de fondos públicos, la exfuncionaria protagonizó varias irregularidades en su gestión al frente de la Secretaría de Ambiente.

Una de ellas fue en junio de 2008 cuando se produjo una masiva quema de pastizales en la zona sur de Entre Ríos y el humo se instaló durante varios días en la ciudad de Buenos Aires. Picolotti no había previsto el uso de aviones para combatir fuego durante ese mes y el incendio quedó fuera de control.

También su gestión estaba al mando del saneamiento del Riachuelo argumento que utilizó para defenderse ante la Justicia, aunque no cumplió con el cometido.

Según dijo la causa fue causa armada por sus políticas en la Secretaría que incluyeron la clausura a la empresa Shell; la inspección a grandes compañías que contaminaban el Riachuelo; multas a la empresa Papel Prensa por contaminar el río Baradero; frenar la desforestación de bosques nativos y denunciar el avasallamiento de los pueblos indígenas.

FUENTE TN

La ex secretaria de Ambiente entre 2006 y 2008 fue encontrada culpable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública por haber utilizado fondos del Estado para gastos personales. Fue inhabilitada para ejercer cargos públicos.

La ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti fue condenada a tres años de prisión en suspenso y deberá devolver casi 7 millones de pesos. Estaba acusada de del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, por haber utilizado fondos del organismo para gastos personales y de familiares. También fue inhabilitada de por vida para volver a ejercer cargos públicos.

La decisión fue por unanimidad de los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel, quienes además le mantuvieron la obligatoriedad de presentarse en el consulado argentino en Miami una vez por mes entre los días 1 y 5.

El fiscal federal Diego Luciani había pedido que Picolotti fuera condenada a tres años y nueve meses de prisión y a devolver casi siete millones de pesos por el perjuicio al Estado nacional. Por su parte, el abogado de la ex funcionaria, Felipe Trucco, había reclamado la absolución.

“Lamento profundamente que el Estado haya gastado 14 años de recursos, sobre todo el tiempo de los magistrados aquí presentes, para lo que es evidente: que yo no cometí delito alguno”, había dicho Picolotti ante el Tribunal Oral Federal 6 antes de conocerse la sentencia.

La audiencia, virtual por la pandemia del coronavirus, comenzó a las 8 de la mañana con algunos problemas de audio y video de parte de Picolotti, quien se encuentra en los Estados Unidos, donde vive desde 2015 y trabaja para una asociación civil de medio ambiente, su especialidad como abogada. Apenas se conoció la decisión de la Justicia, el fiscal Guillermo Marijuan se mostró “muy contento de la condena a Picolotti, por todo el trabajo que realizó mi equipo de la Fiscalía Federal N° 9″.

El fiscal federal Guillermo Marijuan se mostró satisfecho por la condena aplicada por la Justicia, tras la investigación de su fiscalía. (foto Adrián Escandar)

“Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”, sostuvo Luciani en su alegato.

Entre los gastos, el fiscal detalló comidas en parrillas, desayunos, restaurantes de sushi, flores, productos de farmacia, alimento balanceado para perros, carga de combustible, lavado de auto, servicio de lavado de ropa, compra de piedras aromatizadas, sahumerios. En su alegato expuso las facturas de varios de ellos. Uno de los tickets que expuso fue uno de los gastos que más llamó la atención. Es de 77,50 pesos en “Hooters”, un bar que era atendido por mujeres semidesnudas y lleva escrito un “Muchas gracias”. Otro gasto, en el local Pigmento, dice “regalo Flor y Sofi de cumpleaños”.

La Fiscalía sostuvo que el monto actualizado de esos gastos es de 6.941.170,25 de pesos que pidió que los devuelva como parte de la condena.

La defensa de Picolotti pidió la absolución. Sostuvo en su alegato que “las pruebas demuestran la inexistencia del hecho” porque no está comprobado que la firma de los comprobantes de los gastos sea de Picolotti. “Ella negó expresamente que esas firmas le correspondieran y en la causa no se hizo una pericia caligráfica a pesar que lo solicitamos. ¿”Qué pueden probar facturas en las que no se entiende la letra? No hay pericia contable, ni caligráfica”, sostuvo el abogado.

La audiencia del juicio en la que se mostró la factura de Hooters

La defensa también pidió la absolución por la “duración irrazonable del proceso” que lleva 14 años y la nulidad de la indagatoria y de la elevación a juicio del caso. El fiscal pidió que se rechace ese planteo. La causa se inició en 2007 y fue investigaba por la jueza federal María Servini y el fiscal Guillermo Marijuán. El caso fue elevado a juicio oral en 2015 y el proceso comenzó en febrero de este año.

Durante el juicio, que comenzó en febrero, Picolotti defendió su accionar y afirmó que no cometió ningún delito: “Niego rotunda y categóricamente la acusación en mi contra. No realicé ni autoricé los gastos relatados en la acusación. Se me acusa de comer bifes de chorizo y sándwiches de milanesa pero los que me conocen saben que soy vegetariana. También de comprar vinos y cervezas cuando no tomo alcohol”.

La ex funcionaria agregó se trata de un “proceso injusto y absurdo” por haber tomado medidas cuando estuvo al frente de la Secretaria como una clausura a la empres Shell, la inspección a grandes compañías que contaminaban el Riachuelo, multas a la empresa Papel Prensa por contaminar el río Baradero, frenar la desforestación de bosques nativos y denunciar el avasallamiento de los pueblos indígenas.

Por la implementación, el Estado nacional pagará una parte del sueldo de la trabajadora durante 6 meses, mientras la parte empleadora deberá registrarla y pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante.

El presidente Alberto Fernández encabezará este lunes a las 11.30 en la Casa Rosada el anuncio del Programa "Registradas (Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social)", que promueve la reducción de la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares y garantiza su acceso y permanencia a un empleo registrado.

Por la implementación de este programa, el Estado nacional paga una parte del sueldo de la trabajadora durante 6 meses, mientras la parte empleadora debe registrarla y pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante.

Además, se abre una cuenta sueldo gratuita a nombre de la trabajadora en el Banco Nación y allí se transfiere el sueldo, detalló Presidencia.

Por otro lado, a las 8.30, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, mantendrá una reunión de trabajo con el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

En qué consiste el programa

•Es un programa para reducir la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares y garantizar su acceso y permanencia a un empleo registrado.

•El Estado nacional paga una parte del sueldo de la trabajadora durante 6 meses. La parte empleadora debe registrar a la trabajadora y pagar sus aportes, contribuciones, art y el porcentaje del sueldo restante.

•Se abre una cuenta sueldo gratuita a nombre de la trabajadora en el banco nación y allí se transfiere el sueldo.

La iniciativa tiene por objetivo dar asistencia económica para el mejoramiento y ampliación de viviendas de mujeres que residen barrios populares.

Más de 19.000 preinscripciones se registraron en las primeras 48 horas del lanzamiento del programa "Mi Pieza" que tiene por objetivo dar asistencia económica para el mejoramiento y ampliación de viviendas de mujeres que residen barrios populares, informó este sábado el Ministerio de Desarrollo Social.

En total se recibieron 19.300 preinscripciones, que se materializaron a través de la página www.argentina.gob.ar/mipieza

La iniciativa está orientada a mujeres, mayores de 18 años, argentinas o con residencia permanente y residentes en barrios populares que figuren en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap).

Se podrán realizar obras de mejoramiento de techo, pared, pisos o aberturas, división de interiores, refacciones menores de plomería y/o electricidad y ampliación de viviendas.

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El ministro Juan Zabaleta afirmó que este programa representa “una rueda virtuosa entre el derecho a la vivienda y el hábitat y el derecho al trabajo, porque enciende el consumo en los corralones de materiales y hay más albañilas y albañiles trabajando en los barrios”.

El programa se financia por medio del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que se compone con el 15% del Aporte Solidario Extraordinario a las grandes fortunas y el 9% del impuesto PAIS.

La secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, sostuvo que el programa forma parte del plan de urbanización de barrios populares.

“Este programa viene a complementar los proyectos de integración socio urbana. Es para la casa, para las familias, para dividir una habitación, para cambiar un techo, para poder solucionar temas de humedad, poner pisos, cambiar la ventana, poner la puerta, las conexiones eléctricas”, especificó.

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La funcionaria nacional expresó que el programa consiste en una asistencia económica para “mejorar viviendas, para proyectos que han quedado truncados muchas veces por la situación económica, y más en este tiempo de pandemia, y con la imposibilidad de muchas de las mujeres de los barrios populares de acceder a créditos. Por eso este programa va dirigido a ellas”.

Para acceder al programa las mujeres deben contar con Certificado de Vivienda Familiar y es compatible con cualquier otra prestación social, pero si no se verifica el avance de obra "quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica".

El sistema de inscripción es ingresando a argentina.gob.ar/mipieza pero si hay más de 25 mil inscriptas, la selección se realizará mediante sorteo.

La asistencia, que es entre 100 y 240 mil pesos, es para realizar mejoramiento de techo, pared, piso, aberturas división de interiores, refacciones menores de plomería y/o electricidad y ampliación de vivienda.

El cobro de la asistencia será a través de Anses en dos cuotas del 50%. La segunda luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación en el celular.

Se trata del fondo federal "Volvé a la Escuela". Cada provincia argentina procurará identificar y buscar a los estudiantes en esta situación y darán los contenidos educativos faltantes de acuerdo a la realidad de cada alumno.

El Ministerio de Educación administrará el fondo federal "Volvé a la Escuela" de 5.000.000.000 de pesos para buscar a todos las alumnas y alumnos que abandonaron la escuela o hayan visto interrumpido su trayectorias por efectos de la pandemia.

La decisión fue tomadadurante la 111 Asamblea del Consejo Federal de la que participaron todos los ministros de educación del país que resolvieron distintas acciones para la revinculación de los alumnos con la escuela.

En cada provincia se procurará identificar y buscar a los estudiantes en esta situación y darán los contenidos educativos faltantes de acuerdo a la realidad de cada alumno.

El Ministerio de Educación suscribirá en los próximos días acuerdos con las provincias para cumplir con estos objetivos.

El 14 de septiembre pasado, durante la presentación de los avances del programa Acompañar-Puentes de Igualdad se anunció que 1.800.000 alumnos presentaron dificultades ya sea por haber perdido contacto con la escuela, o por haber discontinuado su proceso de aprendizaje durante la pandemia.

De ese total, el 54% pertenece al nivel secundario (1.014.414 adolescentes y jóvenes); el 40%, al nivel primario (751.446 niños/as); y el 6%, al nivel inicial (104.746 niños/as).

De acuerdo con los últimos datos, de diciembre de 2020, 450.000 estudiantes del secundario habían tenido una nula o insuficiente participación escolar, de los cuales 190.000 tuvieron nulo contacto con el colegio.

A fin de año, el Ministerio de Educación, junto a otros organismos que trabajarán como Unicef, piensa terminar el proceso de nominalización de cada alumno, un programa que fue interrumpido en el 2002, y así saber cuáles son sus necesidades y qué es lo que requieren para mejorar sus trayectorias educativas.

Actualmente, más de 10.900 docentes, maestros comunitarios, docentes interculturales bilingües, articuladores sociocomunitarios, talleristas, coordinadores de mesas locales, promotores socioeducativos, asistentes técnicos-pedagógicos territoriales, tutores institucionales, trabajan en más de 16.000 escuelas y más de 2500 sedes de organizaciones de la sociedad civil con este fin.

En la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor matrícula del país con casi cuatro millones de alumnos, se implementó el programa ATR+ que propone clases a contraturno y los días sábado para reforzar los contenidos para los alumnos que están en una etapa más crítica del aprendizaje a raíz de la pandemia.