La ciudad de Río Tercero decidió “no adherir al duelo nacional”
CÓRDOBA.- Exactamente en diez días -el 24 a las 9 de la mañana- el expresidente Carlos Menem debía sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado como “autor mediato” de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero. Un cuarto de siglo después de aquel drama, la Justicia había resuelto que hubiera un juicio. Su muerte, ahora, cierra la causa. Río Tercero es la única ciudad del país que no adhirió al duelo nacional de tres días dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.
El proceso que debía enfrentar Menem complementaría el juicio de 2014, que terminó con las condenas a los exmilitares que ocupaban cargos jerárquicos al momento de las explosiones: Edberto González de la Vega, Carlos Franke y Jorge Antonio Cornejo Torino fueron condenados a 13 años de prisión, en tanto que Marcelo Diego Gatto recibió la pena de 10 años. En todos los casos, por el delito de “estrago doloso agravado por la muerte de personas”.
Menem no fue parte de ese juicio, ya que había sido beneficiado por la Cámara de Apelaciones de Córdoba con una falta de mérito. En 2013, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, procesó al expresidente. Para Ochoa, en esa planta se concentraba el armamento que enviaban los cuarteles del Ejército antes de ser contrabandeado a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995, y en la explosión se intentó eliminar pruebas del contrabando en momentos en que la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires avanzaba en la investigación de ese delito. Contra lo sostenido por el juez, la Cámara de Apelaciones benefició al expresidente.
En 2017, sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento y en 2019 pidió que se elevara a juicio la causa.
“Cumpliendo con lo dispuesto, se informa que se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995”, señaló la Municipalidad de Río Tercero en su cuenta oficial de Twitter.
En noviembre pasado, cuando se conmemoraron los 25 años de la explosión, el intendente Marcos Ferrer (UCR) firmó un decreto ad referendum del Concejo Deliberante en el que se declaró a Menem persona no grata. “Estamos convencidos de su participación; todo el proceso fue muy escabroso. La Justicia no depende de nosotros, pero queremos que la memoria colectiva tenga bien claro qué pasó”, dijo a LA NACION.
A las 8.55 del 3 de noviembre de 1995, una lluvia de proyectiles y pedazos de metal se desató sobre la ciudad de Río Tercero. Nadie tenía información, pero por intuición miraron a la fábrica. El saldo fue de siete muertos, 300 heridos y múltiples daños materiales. Desde hace tiempo, las autoridades locales y los vecinos piden que se hable de “atentado”.
Las explosiones fueron tres: las dos primeras en la planta de descarga de la fábrica y la tercera, y más importante, en el depósito de expedición y suministros. Conforme detonaban, los proyectiles de los polvorines se esparcieron por los barrios de Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino, los más dañados de la ciudad. Al comienzo, la investigación se orientó hacia la hipótesis de un accidente por un desperfecto en la manipulación de un montacarga. Años más tarde, pericias técnicas determinaron la intencionalidad de la voladura con trotyl.
Menem llegó a Río Tercero a las 5 de la tarde de aquel 3 de noviembre. En conferencia de prensa, afirmó que el hecho era “un accidente” y que había que descartar un atentado. “Ustedes tienen la obligación de difundir esa palabra”, dijo el entonces Presidente.
La única querellante de la causa, la abogada Ana Gritti, viuda de una de las víctimas, logró en soledad recoger pruebas y testimonios que señalaban, sin lugar a dudas, que se trató de un atentado y consiguió que se realizara un peritaje decisivo en 2003, en Serrezuela, que confirmó el hecho intencional.
Gritti falleció antes del primer juicio, pero sus dos hijas continuaron la querella con los abogados Ricardo Monner Sans, Aukha Barbero y Horacio Viqueira. Para Viqueira, todas las pruebas apuntan a que el expresidente tuvo “directa intervención en los ilícitos cuyo ocultamiento fue el motivo deliberado de la explosión”.
Los riotercerenses no sólo no pudieron ver que la Justicia avanzara hasta dar con el máximo responsable de las explosiones, sino que los 12.000 vecinos que iniciaron una demanda civil contra el Estado todavía no cobraron las indemnizaciones fijadas.
Por: Gabriela Origlia
