Caso Agostina. Por el escándalo de Barrelier, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, exigirá el control de antecedentes penales a todos los empleados municipales
Deberán presentar certificados y además, someterse a narcotest. La medida acompañó a la decisión de que Raúl La Cava regrese al Concejo Deliberante para ocupar la banca que dejará Ricardo Moreno.
En paralelo a la salida de Ricardo Moreno del Concejo Deliberante, el intendente Daniel Passerini anunció que decidió endurecer los controles sobre todo el personal municipal y que, a partir de ahora, será obligatorio para todos los empleados presentar certificados de antecedentes penales y someterse a narcotest, requisitos que hasta ahora alcanzaban únicamente a los funcionarios de la administración.
Las medidas fueron anunciadas en medio de la crisis política generada por el femicidio de Agostina Vega y por las revelaciones sobre el vínculo que existió entre Moreno y Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen.
Desde la Municipalidad de Córdoba informaron que el intendente impulsará un proyecto de ordenanza para extender los controles a la totalidad de los trabajadores municipales. La iniciativa ingresará para su tratamiento en la próxima sesión del Concejo Deliberante.
Según se informó oficialmente, todos los empleados y funcionarios dispondrán de 30 días para presentar certificados de antecedentes penales y de 60 días para someterse a narcotest destinados a acreditar que no consumen drogas ilegales. Quienes no cumplan con esos requisitos perderán sus cargos.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Passerini sostuvo que los controles serán ampliados a todo el personal municipal tal como ya ocurre con los funcionarios de la administración.
La salida de Moreno
La decisión se conoció mientras el oficialismo intentaba encontrar una salida política para la situación de Moreno, cuya continuidad en el Concejo Deliberante se había vuelto cada vez más difícil de sostener.
El concejal quedó en el centro de la polémica luego de admitir públicamente que había recomendado el ingreso de Barrelier como becario municipal. También reconoció que había promovido la incorporación de entre 10 y 15 militantes de su agrupación política, Las 62 Organizaciones Peronistas, aunque dentro del peronismo capitalino sostienen que la cantidad real sería mayor.
Las declaraciones generaron cuestionamientos sobre los mecanismos de incorporación de personal bajo modalidades precarias dentro de la Municipalidad de Córdoba.
El caso adquirió una dimensión aún mayor cuando se conoció que Barrelier cobraba una beca municipal mientras acumulaba antecedentes judiciales.
Moreno también reconoció haber intervenido en la defensa de Barrelier cuando el ahora acusado de femicidio enfrentó una denuncia por presunta privación ilegítima de la libertad presentada por otra joven. Esa investigación continúa abierta.
A ello se sumó otro dato que profundizó la controversia. Jorge Sánchez del Bianco, socio y yerno de Moreno, ejerció la defensa legal de Barrelier hasta pocas horas antes de que fuera encontrado el cuerpo de Agostina Vega.
Con ese escenario de fondo, durante toda la jornada del martes se desarrollaron negociaciones dentro del oficialismo para resolver el futuro político del concejal.
Sobre la mesa aparecieron distintas alternativas. Entre ellas figuraban una eventual renuncia, una licencia por razones de salud o el regreso al Concejo de alguno de los funcionarios municipales que actualmente se encontraban de licencia en sus bancas.
Finalmente, Passerini tomó una decisión de fuerte impacto político. El secretario de Desarrollo Social, Raúl La Cava, dio por terminada su licencia y reasumirá esta semana como concejal.
La medida implica que Moreno perderá automáticamente su banca y que la oposición se quedará sin la posibilidad de impulsar formalmente un proceso de expulsión durante la sesión prevista para este jueves.
Según distintas fuentes del municipio, Moreno mantuvo reuniones en las últimas horas con el viceintendente Javier Pretto y con otros referentes políticos del oficialismo. En esos encuentros habría planteado la posibilidad de solicitar una licencia por cuestiones de salud.
El concejal argumentó que debe someterse a una intervención cardíaca programada desde hace varios meses. Algunos dirigentes oficialistas estaban dispuestos a acompañar esa salida. Sin embargo, la alternativa no terminaba de resolver el problema político generado por su permanencia dentro del bloque.
Además de mantener abierto el conflicto con la oposición, una licencia también habría afectado la mayoría propia que el oficialismo posee en el Concejo Deliberante.
La decisión de Passerini tuvo consecuencias directas en la estructura de gobierno municipal. La Cava dejará la Secretaría de Desarrollo Social, una de las áreas más sensibles de la gestión.
La dependencia tiene actualmente un papel central en la organización de las cooperativas que participarán en el nuevo sistema de estacionamiento medido. Desde el municipio señalaron que la transición será ordenada porque Andrea Ledesma, designada para reemplazarlo, venía desempeñándose como una de las principales colaboradoras del funcionario saliente.
Fuentes del Palacio 6 de Julio aseguraron que la decisión fue adoptada exclusivamente por Passerini, aunque previamente fue comunicada al gobernador Martín Llaryora debido a las implicancias políticas e institucionales del caso.
La crisis también amenaza con abrir otro frente de discusión para el oficialismo. La oposición ya anticipó que buscará conocer con precisión la cantidad de becarios y monotributistas que actualmente trabajan para la Municipalidad de Córdoba.
Dentro del propio oficialismo reconocen que existen entre 2.500 y 2.800 becarios. Se trata de trabajadores que no forman parte de la planta permanente y que perciben ingresos que oscilan entre los $ 300 mil y los $ 570 mil por jornadas de cuatro horas diarias.
Ese último monto era el que cobraba Barrelier como becario de la Escuela de Tránsito Municipal.
