El juez que tramita la quiebra de la compañía ordenó que se subasten sus activos para pagarle a los acreedores. Pero el tribunal oral que tiene el caso “Hotesur-Los Sauces”, en el que también está acusada Cristina Kirchner, reclamó mantenerlos embargados para decomisos en caso de condena. Ante la diferencia intervendrá el máximo tribunal

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrá la palabra final sobre el destino de los bienes de “Austral Construcciones”, la compañía insignia del empresario Lázaro Báez. El máximo tribunal deberá definir si continúa la subasta para pagarle a los acreedores o si ese proceso se suspende para que todo quede bajo resguardo para un eventual decomiso en caso que sea condenado en el caso “Hotesur-Los Sauces”, donde está elevado a juicio oral y público junto a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner.

Esa es la diferencia que hoy existe entre el juez comercial que tiene la quiebra de Austral y el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de Comodoro Py que lleva la causa “Hotesur-Los Sauces”. La disputa no se pudo zanjar entre las partes y por ahora pasa a la Corte Suprema de Justicia, integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

No es el único planteo que el máximo tribunal tiene vinculado a Báez, hoy detenido en prisión domiciliaria. La Corte también tiene que resolver el futuro de “Hotesur-Los Sauces”. Se trata de una causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de esas sociedades, propiedad de la familia Kirchner, en el alquiler de sus hoteles e inmuebles. La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que las empresas de Baez recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Junto con la ex presidenta también está imputado su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.

El TOF 5, con otra integración a la actual, sobreseyó a todos los acusados en noviembre de 2021 pero la Cámara Federal de Casación Penal en septiembre del año pasado revocó esa decisión y ordenó que se haga el juicio oral. El fallo fue apelado a la Corte Suprema que también deberá resolver.

Parte de los autos y maquinarias embargadas a Lázaro Báez (Foto: OPI Santa Cruz)

“Austral Construcciones” fue la empresa que Báez creó a fines de 2002 y obtuvo la aprobación de la Inspección General de Justicia (IGJ) dos meses antes que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, en mayo de 2003. Fue la compañía que más obras públicas recibió para la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobierno de Néstor y Cristina. Por 51 de esas obras, Báez y Cristina Kirchner -entre otros- fueron condenados en diciembre del 2022 a seis años de prisión. El fallo está bajo revisión de la Cámara de Casación.

Cuando Báez comenzó a ser investigado sus bienes y los de sus compañías quedaron embargados por la Justicia federal. Y en junio de 2018 se decretó la quiebra de “Austral Construcciones”. Desde entonces corrieron en paralelo dos destinos de los bienes de la compañía pero desde el año pasado comenzaron a ser rematados. Hasta ahora, según las constancias judiciales, por esos remates se obtuvieron 2.600 millones de pesos, según el informe del abogado de la sindicatura que lleva la quiebra. Ese dinero sirvió principalmente para pagar la deuda con AFIP y el Banco Nación -las más importantes- y para abonar los gastos de honorarios de la quiebra.

Pero el TOF 5 quiere que las subastas se frenen. Los jueces Adriana Palliotti, José Michilini y Nicolás Toselli le enviaron el 20 de marzo un oficio al juez comercial Máximo Astorga con ese pedido. Los magistrados -en su resolución a la que accedió Infobae- basaron su postura en que no solo la ley argentina le permite a la justicia federal dictar embargos sino que hay “parámetros internacionales dictados para causas en las que se investigan delitos” de corrupción.

Los jueces citaron la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a las que el país adhirió, y resaltaron que “su incumplimiento podría llegar a ocasionar una responsabilidad internacional del Estado”.

“Asimismo, dado que el Congreso de la Nación ha aprobado todos los instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción suscriptos, debe tenerse en especial consideración que el Estado Argentino se encuentra obligado a dar cumplimiento a todas las clausulas incluidas en aquellos instrumentos”, agregaron.

El tribunal oral también citó el fallo “El Estribo” de la Corte Suprema que resolvió un caso similar y en el que concluyó que debe darse prioridad a la causa penal. Los jueces señalaron que están embargados “más de quinientos rodados -vehículos y maquinaria vial-, gran cantidad de herramientas y bienes de uso, como así también numerosos inmuebles”. Para eso entendieron que corresponde que los vehículos y las maquinarias sean entregadas a la “Dirección Nacional de Vialidad para la mantención de los caminos de la Patagonia para la estación invernal que se avecina o bien al Ministerio de Seguridad de la Nación para su afectación a la lucha contra los diversos flagelos que asotan a nuestro país, o a cualquier otra institución que cumpla fines de utilidad social”. El objetivo es mantener su operatividad y valor.

“Así las cosas, y atento al presente estado de situación, habiéndose cancelado parcialmente la deuda que Austral Construcciones registra con sus acreedores, entendemos que corresponde suspender la enajenación de sus bienes y que estos permanezcan cautelados en el ámbito de la Justicia Criminal Federal”, resolvieron y le pidieron al juez comercial “se abstenga, en lo sucesivo, de adoptar cualquier decisión que torne inoperantes las medidas cautelares trabadas en este proceso”, es decir que suspenda los remates. Y sino que sea la Corte Suprema la que resuelva.

El juez comercial Astorga no compartió el criterio. Explicó, en otra resolución del 27 de marzo a la que accedió este medio, que hay acreedores de Austral Construcciones “que tendrían derechos a ejercer sobre los bienes desapoderados y embargados en sede penal”. El magistrado reconoció el derecho de la justicia federal a mantener los embargos para futuros decomisos. “Empero, es en este proceso de quiebra -cuya finalidad es la liquidación del activo falencial y la protección de los acreedores del concurso-, el ámbito en dónde eventualmente deberían reconocerse los derechos patrimoniales dictados como consecuencia de la condena penal”, explicó.

Lázaro Báez en una de las audiencias por el juicio de lavado de dinero (Gustavo Gavotti)

Astorga señaló que una vez que se paguen todas las deudas “nada obstaría a que en lugar de entregarle el remanente al deudor, el mismo pudiera ser entregado al Estado Nacional, Provincial o Municipal en razón del decomiso penal”, ya que así lo establece la ley y recordó que eso mismo ocurrió en la causa por lavado de dinero -la conocida como la ruta de dinero k- en la que fue condenado a 10 de prisión y que el tribunal oral del caso hizo el mismo reclamo.

El magistrado también citó un antecedente de la Corte Suprema en el caso “Hope Funds S.A.” en la que resolvió a favor del juzgado comercial frente a una disputa con la justifica federal.

Sobre el planteo de los tratados internacionales en materia de corrupción firmó Argentina, Astorga no los desconoció pero señaló que “los jueces concursales también tiene un rol impuesto por la Constitución Nacional y obligaciones de tutela sobre los derechos de los acreedores impuestos por el propio texto constitucional -arts. 14, 18, 19 y 22- como por Tratados Internacionales”.

Ante la falta de acuerdo entre los dos tribunales, el juez comercial aceptó que la disputa por la competencia sea resuelta por la Corte Suprema y elevó el conflicto a la Cámara Comercial para que lo remita al máximo tribunal. Astorga aclaró que mientras está en trámite la competencia continuará con el remate de los bienes.

INFOBAE

El hecho ocurrió en Santiago del Estero durante el fin de semana largo. Los delincuentes también se llevaron juegos y elementos electrónicos

“Espero nos perdones”, es la última oración de la nota con corazones dibujados que se encontraron las autoridades de un jardín de infantes este miércoles, cuando regresaron al establecimiento después del fin de semana largo y descubrieron que los habían desvalijado. El mensaje fue hallado en “Los Changuitos”, ubicado en la localidad de El Puestito de San Antonio de Santiago del Estero. Y lo escribió uno de los delincuentes que ingresó a robar en los últimos días a la institución, de donde se llevaron desde materiales hasta varios kilos de comida.

El hecho fue descubierto por la persona encargada de abrir el establecimiento, la primera en arribar al domicilio después de los cuatro feriados consecutivos en los que no hubo clases. Apenas unos minutos después de su llegada, detectó una irregularidad. Se trataba de las rejas de las ventanas, que estaban rotas. Una razón por la cual rápidamente se contactó con la directora para comentarle lo sucedido.

Ante esta advertencia, la mujer que está al frente del jardín -llamada Verónica Geréz- se hizo presente en el establecimiento y notó que, tal como le habían adelantado, una de las aberturas se encontraba forzada. Además, en el interior, había claros indicios de un robo. En consecuencia, llamó a la policía local e hizo la correspondiente denuncia por el episodio.

De acuerdo a lo consignado por medios locales, en la inspección al jardín de infantes -ordenada por la fiscal de turno, que pidió que se lleven adelante las pericias de rigor en el lugar, a cargo de la División Criminalística- se constató que los delincuentes habían sustraído diversos elementos de varias de las salas.

Entre los objetos mencionados, los sospechosos se llevaron dispositivos electrónicos -como una notebook y un parlante chico-, además de una pava eléctrica y dos recipientes plásticos: uno con una gran cantidad de lapiceras y otro con diferentes elementos de oficina. También se llevaron varios juegos didácticos que utilizan a diario los niños.

Además, de la cocina se robaron alimentos: tres cajas con 10 paquetes de galletitas cada uno, 8 kilos de azúcar, una caja con 21 paquetes de budín, once paquetes de leche en polvo, dos cajas de saborizantes, cajas con cereales y cajas con fideos y arroz.

Según informaron fuentes policiales a El Liberal, la secuencia habría ocurrido a lo largo del fin de semana aprovechando la extensa ausencia de las autoridades educativas en el domicilio. Lo único que violentaron fue la reja de la ventana de la dirección, la cual utilizaron para entrar. Para irse, en cambio, tomaron un manojo de llaves y se retiraron por la puerta.

Lo que llamó la atención tanto de los inspectores como del personal del establecimiento fue que los involucrados en el ilícito dejaron una nota en la que explicaron su accionar y pidieron disculpas por haberlo cometido. “Lo siento mucho por las cosas que nos llevamos, pero sepan entendernos que las cosas no están bien, no nos llevamos cosas de más valor porque no somos malas personas y de verdad lo siento mucho. Espero nos perdones”, escribieron en un papel que dejaron pegado en el interior del jardín. Esta termina con tres corazones dibujados.

En cuánto a la investigación para esclarecer lo sucedido, se indició que los agentes de la Brigada de Robos Hurtos ya iniciaron las averiguaciones de rigor para tratar de obtener alguna pista que los acerquen a los autores del hecho. Con este mismo fin, ya entrevistaron a varios vecinos de la zona para obtener datos al tiempo que realizaron un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para hallar alguna imagen de los sospechosos.

INFOBAE

El año pasado hubo un avance en la causa luego de que un hombre se presentó en la fundación que preside su madre y dijo que existe una carpeta con fotos de su cuerpo.

Este miércoles se cumplen 22 años del secuestro y desaparición de María de los Ángeles Verón, más conocida comoMarita Verón, la joven tucumana víctima de trata de personas, cuyo caso es un emblema nacional. En un nuevo aniversario del horror, su mamá, Susana Trimarco, la recordó con una emotiva carta.

“Mi querida hija: hoy tu luz sigue brillando en cada rincón de nuestros corazones. Tu madre, tu hermano y tu hija llevamos el peso de tu ausencia con la certeza de que tu amor nos sostiene desde algún lugar más allá de nuestras miradas”, se lee en un texto que posteó en sus redes sociales.

Junto a un collage de fotos, Trimarco añadió: “Cada recuerdo es un abrazo tuyo, cada lágrima, una caricia de tu alma. Tu belleza, tu alegría y tu amor perduran en cada latido de nuestras vidas. No hay distancia que pueda separarnos, porque tu presencia se hace sentir en cada momento, en cada suspiro”.

“Hasta que nos volvamos a encontrar, nos aferramos a la certeza de que tu espíritu vive en nosotros, guiándonos, protegiéndonos y amándonos sin medida. Con amor eterno, tu mamá Susana”,completó.

El caso Marita Verón: 22 años de un secuestro y desaparición que conmovió al país

María de los Ángeles Verón desapareció en la capital tucumana el 3 de abril de 2002, cuando se dirigía desde la casa de su madre hacia la maternidad Nuestra Señora de la Merced, para realizarse un estudio.

La investigación, que se puso al hombro la propia madre de la víctima, permitió a la Justicia concluir que la víctima había sido captada por una red de trata de personas que operaba en La Rioja para ser explotada sexualmente.

El año pasado hubo un avance en la causa: un testigo se presentó a declarar ante la Justicia y afirmó que existen fotos del cuerpo de la mujer. “La carpeta es real porque con eso se amenazaban entre los gremios involucrados”,confirmó Susana Trimarco.

Tras ello, explicó que la investigación de la pista comenzó cuando esta persona se acercó hasta la Fundación María de los Ángeles asegurando tener información sobre la presunta muerte de su hija. Además, involucró al gremio Luz y Fuerza.

En aquel momento trascendió que el fallecido Julio Luna, dirigente del gremio tucumano y responsable del centro de salud, sabía que el cuerpo de la joven estuvo en la morgue y que esas fotos fueron utilizadas para extorsionarlo.

Después de más de dos décadas, la búsqueda todavía sigue abierta.

FUENTE TN

En el regreso del fin de semana extralargo, la Asociación de Trabajadores del Estado realiza protestas en todo el país que incluyen posibles tomas de edificios públicos. Es en rechazo a los más de 11.000 despidos en la administracion nacional

En el primer día hábil tras el fin de semana extralargo por Semana Santa y el Día del Veterano y los caídos en la Guerra de Malvinas, comenzó la protesta nacional impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en rechazo a los más de 11.000 despidos en la administración nacional. La medida comenzó pasadas las 9 e incluye, además de un paro nacional, un ingreso masivo a distintas oficinas públicas.

Los primeros momentos de tensión se vivieron en la sede del Inadi, cuando minutos después de las 10, el grupo de trabajadores despedidos lograron vencer la valla policial que habían fromado un grupo de agentes y lograron ingresar al edificio. Más tarde, a las puertas del lugar llegó la Infantería para reforzar la custodia. La misma situación se vive en otros edificios donde funcionan distintas dependencias estatales.

Tanto la Policía Federal como efectivos porteños se encuentran apostados en cada uno de los edificios públicos como la Cancillería, el Servicio Meteorológico Nacional, el ex Ministerio de Trabajo y la sede central del Conicet, entre otros. Las protestas también se replican en algunos puntos del resto del país.

En medio de las protestas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que “el número ronda los 15 mil contratos que no se han renovado” y aseguró que “es parte del trabajo para achicar los gastos del Estado, personal que no es necesario que no siga cobrando un ingreso del Estado, del otro lado hay un contribuyente que lo paga”.

Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero advirtió a quienes protestan: “Lo que sea fuera de la ley tendrá las consecuencias correspondiente de cada caso”.

En la previa, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, aseguró: “El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos”. Según el recuento realizado el fin de semana por el gremio, los despidos ascienden a 11.000 en toda la administración pública, un número que se aproxima a los 15.000 que el Presidente Milei aseguró haber alcanzado durante su gestión.

“Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales de las personas y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”, argumentó el dirigente sindical.

Luego, prosiguió: “Vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces, a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad. Y nuestro Código Penal, en su artículo 226, da penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales”.

Aguiar describió cómo se desarrollará la jornada. “Mañana a las 16 hs convocamos un Plenario Federal con más de 1.000 delegados para profundizar el plan de lucha. Tenemos que demostrar que es el Gobierno el que actúa al margen de la Constitución y de la ley. Por la mañana, los trabajadores con nuestros ingresos masivos y simultáneos estaremos ejerciendo nuestros derechos de huelga, manifestación y reunión. Si hay violencia y represión, la única responsable será la Casa Rosada”, cerró el dirigente en su perfil de X.

En la previa de la protesta, el secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, señaló a FM La Patriada: “Nuestros compañeros son compañeros de laburo, no es la guardia pretoriana. No vamos a entrar a romper. El imaginario social que tiene la ministra Bullrich es de alguien muy fantasioso; tiene la necesidad que haya una acción bélica y la desarrollarán ellos, nosotros no vamos a provocar una acción que pueda poner en riesgo a nuestros compañeros”.

“Esta ministra es una showman que necesita mostrar sangre. Mis compañeros no necesitan que los caguen a palos y los metan presos”, agregó.

Personal de Policía Federal en la sede central del INADI (Maximiliano Luna)

El otro sindicato del sector, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), eligió una estrategia diferente para reclamar contra el ajuste y los despidos en el Estado: realizará protestas específicas en las dependencias afectadas por los recortes, como la ANSES y las secretarías de Trabajo y de Salud, entre otras, con asambleas y batucadas para exteriorizar sus reclamos. Fuentes del gremio que lidera Andrés Rodríguez anticiparon que podrían concretar paros de 2 o 4 horas, aunque no está previsto por el momento una huelga de 24 horas ni mucho menos la ocupación de los edificios, como ATE.

Ante esa situación, el Gobierno nacional, junto al de la Ciudad de Buenos Aires, preparan un operativo de seguridad para impedir la toma de oficinas públicas ubicadas en la Capital. Además, en las últimas horas, el ministro de Defensa, Luis Petri, advirtió que el Ejecutivo denunciará penalmente a quienes intenten tomar edificios.

“Los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente y los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”. “Que se hagan responsables, llegó el momento que quienes cometen delitos se hagan responsables. El imperio de la ley es para todos”, agregó durante una entrevista en TN.

0 seconds of 1 minute, 5 secondsVolume 0%"Los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Que se hagan responsables", dijo el ministro de Defensa

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, miles de agentes de la administración pública nacional perdieron sus puestos de trabajo. El Gobierno de La Libertad Avanza atribuye esos cargos a la retribución de favores a militantes políticos de espacios peronistas como La Cámpora. Además, argumentan que su presencia en el Estado no se sustentaba en una necesidad de brindar un servicio concreto.

Móviles policiales frente al Ministerio de Desarrollo Social. Foto: Franco Fafasuli

Además, el jefe de Estado señaló que el recorte de estos tres primeros meses de gestión es sólo el principio de una política que se profundizará hasta eliminar 70 mil puestos de empleo que actualmente figuran en la nómina de distintas áreas del Poder Ejecutivo nacional.

ATE niega esos argumentos y señala que no ha sido posible demostrar que se trata de “ñoquis”, sobrenombre que reciben popularmente las personas que cobran un sueldo sin presentarse a trabajar. “Lamentablemente, estamos en ese número con compañeros que tiene más de 20 años de antigüedad. No encontramos criterio para poder despedir”, lamentaron desde el gremio.

INFOBAE