Organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares se presentaron ante distintos fueros judiciales para reclamar que se impida la puesta en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica presentado por el Gobierno de Javier Milei.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica, dictado por el Gobierno de Javier Milei, comenzó a regir este viernes sin que la Justicia haya dado aún un curso de manera favorable a reclamos de medidas cautelares que lo suspendan, en el marco de una treintena de amparos presentados por organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares.

En el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires había hasta el mediodía del jueves al menos 25 amparos y otros dos de la CGT y la CTA ante la justicia del Trabajo, según un relevamiento hecho por Télam.

El DNU 70 fue firmado por el presidente Javier Milei e integrantes del Gabinete nacional y publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último y por Ley entró en vigencia ocho días más tarde, es decir, desde este viernes 29, salvo medida cautelar judicial que lo suspenda.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari rechazó disponer una precautelar de suspensión de los efectos del DNU en el proceso colectivo iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad porque "al día de la fecha, las disposiciones del DNU 70/2023 no han entrado en vigencia (cfr. arts. 5º y 6º CCyCN)", según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

Por su parte, la CGT apeló este jueves la decisión del juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet que desestimó el dictado de una medida cautelar "interina" que suspenda el capítulo IV del Decreto vinculado a la reforma laboral porque aún no entró en vigencia.

El magistrado concedió la apelación, habilitó días y horas inhábiles del 28 y 29 de diciembre y ya giró el expediente a la sala ocho de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En el escrito de apelación, firmado por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña como secretarios generales de la CGT. se advirtió que "se trata de conjurar un acto de autoridad que impone una reforma laboral peyorativa sin recurrir al Congreso y que los afecta en los aspectos individuales y colectivos", según el texto al que tuvo acceso Télam.

Con esta presentación intervendrá por primera vez unTribunal de Apelaciones en relación al DNU, aunque sólo en lo referido a las normas de índole laboral.

"Debe tenerse en cuenta, asimismo, que el DNU 70/23, pretende introducir modificaciones permanentes y no de coyuntura o de emergencia temporal (en derecho individual del trabajo y derecho colectivo) y esta circunstancia es relevante porque no se trata de implementar remedios temporales para una alegada crisis, lo que constituye otro motivo de invalidez ostensible", argumentaron los sindicalistas al reclamar una medida cautelar de "no innovar" y la suspensión de la puesta en vigencia del Título IV del DNU 70.

Ramonet concedió la apelación ante "la innegable trascendencia de la presente causa" y también a raíz de fallas del sistema judicial LEX registradas este jueves que "no permiten que la causa sea despachada con la premura que requiere" por lo cual habilitó "días y horas inhábiles para la tramitación de la misma los días 28 y 29 de diciembre del corriente año, debiendo estarse a lo ya dispuesto en cuanto a la posibilidad de habilitar la feria judicial", si alguna de las partes lo requiere.

En tanto, en el fuero Contencioso Administrativo Federal, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez reclamó el dictado de una medida precautelar para suspender el DNU en su totalidad, mientras tramita su amparo contra esa norma.

Como hecho novedoso, explicó ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 7 que al presentar el miércoles el proyecto de Ley para sesiones extraordinarias, el Gobierno incluyó "una cláusula de ratificación" del DNU, algo que implica el "reconocimiento" por parte del Poder Ejecutivo de que no hay motivos para que las reformas propuestas no se traten en el Congreso Nacional.

En ese mismo fuero ingresaron durante la jornada otras dos demandas contra el DNU, uno del CELS y otro de la Confederación Argentina de Deportes, que resultaron sorteados en diferentes juzgados.

El Centro de Estudios Legales y Sociales reclamó la inconstitucionalidad del DNU porque "se aparta del principio de división de poderes, así como suprime y restringe derechos, garantías individuales y colectivas de amplios sectores sociales".

En otro de los amparos iniciados esta semana, la demandante Betina Stein presentó un recurso de revocatoria ante el rechazo por parte del juzgado interviniente, el Contencioso Administrativo Federal 8, a dictar la medida cautelar de suspensión a la espera de un informe "sobre la existencia de otro proceso colectivo".

Stein reclamó que revoque esa decisión y "se ordene en forma urgente la suspensión".

El proceso colectivo en cuestión es el iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad junto a Hugo Godoy, Claudio Lozano y Rodolfo Aguiar, aceptado por el juez Furnari e inscripto así en el Registro de Procesos Colectivos.

Finalmente, en La Plata, el juez federal Alberto Recondo rechazó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el DNU

 al argumentar que "solo el carácter de ciudadano no otorga legitimación activa".

TELAM

La denuncia de incompatibilidades fue realizada por el fiscal Guillermo Marijuan. La erogación irregular sería de más de siete mil millones de pesos. Trece provincias y CABA aún no aportaron la base de datos de sus dependientes

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, prepara una resolución para dar de baja a los 8.538 empleados públicos de diez provincias que cobran, a la vez, el Potenciar Trabajo, una violación a la norma del mayor programa social que estaba bajo la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Social y que era administrado por el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández. La denuncia sobre esas incompatibilidades, que generaban una erogación anual superior a los siete mil millones de pesos fue realizada por el fiscal federal Guillermo Marijuan y sus detalles revelados por Infobae.

De esta manera, Pettovello decidió conducirse por un carril distinto al de la ex ministra Victoria Tolosa Paz que fue imputada junto a Pérsico por el fiscal Marijuan en al menos dos causas anteriores, por no dar de baja a los beneficiarios que cobraban ese plan social por fuera de las normas establecidas, por ejemplo, las 160 mil personas que viajaron al exterior en aviones privados, yates, autos y aerolíneas. La funcionaria de Javier Milei también ordenó una “auditoría de cero” para saber dónde está parada, ya que la información que dejaron en la Secretaría de Economía Social, que estaba a cargo del dirigente del Movimiento Evita es, como mínima, muy escasa, y poco confiable.

La denuncia del titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, abarca a solo las 10 provincias que enviaron la base de datos de sus dependientes, más Buenos Aires que respondió de manera parcial. Solo lo hicieron tres de sus ministerios.

Marijuan solicitó en noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. Hasta ahora solo diez distritos respondieron. Los otros fueron intimados por segunda vez.

En su investigación preliminar el fiscal los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública” también acusa a los funcionarios públicos nacionales y provinciales que " sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.

Durante la administración Fernández el programa social, que era administrado desde el área de Pérsico dependió de manera directa de los ministros Daniel Arroyo, Juan “Juanchi” Zavaleta, y Victoria Tolosa Paz. El dirigente del Evita estuvo a cargo del Potenciar Trabajo a lo largo de todo el gobierno del Frente de Todos.

Emilio Pérsico administró el programa Potenciar Trabajo durante el gobierno del Frente de Todos. Victoria Tolosa Paz estuvo a cargo de Desarrollo Social antes de Juan Zabaleta y Daniel Arroyo

Según reconstruyó Infobae de varias fuentes directas, la ministra se habría comunicado con la fiscalía para ponerse a disposición y solicitar el listado de presuntas incompatibilidades para comenzar a trabajar en una resolución para dar las bajas que correspondan.

El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de esas diez provincias y solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”, en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como “Caso Coirón Nro. 234746/2023″

El listado involucra a las siguientes provincias y beneficiarios que, a la vez, son empleados públicos: Tucumán con 1.145 empleados provinciales que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy 652; Corrientes 518; Salta 434; Río Negro 198; Córdoba 194; Formosa 180; y Santa Cruz 128.

La provincia de Buenos Aires es un caso particular. La decisión del reelecto gobernador Axel Kicillof, fue que cada uno de sus ministros cumpla con la manda judicial. Pero lo hacen de manera lenta. Hasta ahora lo hicieron el Ministerio de Seguridad, 809; Cultura y Educación, 858 y Jefatura de Gabinete, 576. Solo en esa tres áreas ya se identificaron 2.243 personas que cobran el Potenciar Trabajo y son, a la vez empleados públicos.

A este ritmo, la cantidad de incompatibilidades solo en las gobernaciones -sin contar los municipios- pueden superar largamente a las 20.000 personas.

Entre las preguntas que la justicia y las nuevas autoridades deberían responder es si, por ejemplo, si punteros políticos cobran las tarjetas de los beneficiarios; si todos ,los beneficiarios, saben que están incluidos en el Potenciar Trabajo.

Otro de los interrogantes que surge es: ¿hay uno o varios “Chocolate” Rigau que se quedaba con ese cobro que subía por el ascensor del poder?

En épocas dónde se pretende ajustar el gasto público, resulta indispensable cerrar canillas de ayuda social que va a persona que no lo necesitan y otras, en cambio, quedan afuera.

El monto no es despreciable. Uno de los ejemplos tomados por la fiscalía federal fue la provincia de Jujuy, que con sus 652 incompatibilidades el gobierno de Alberto Fernández “destinaba en este caso, tal como se pone en evidencia en la descripción de los hechos, los beneficiarios involucrados ocultaron su condición de empleados del Gobierno de la Provincia de Jujuy, ya sea al momento de la solicitud del plan o durante la vigencia del mismo, a fin de acceder o mantener indebidamente el cobro del Programa Potenciar Trabajo”, describe la fiscalía y resalta que: “A través de la maniobra desplegada se provocó un error en el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, creyendo que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por la normativa, otorgó los beneficios solicitados o mantuvo la vigencia de los ya vigentes, generándose así un desprendimiento de fondos indebido que asciende a la suma aproximada de $50.800.000 mensuales”. Esto es $609.600.000 anuales.

El fiscal Guillermo Marijuan realizó la denuncia sobre incompatibilidades en el Potenciar Trabajo (Adrián Escandar)

Siguiendo con la misma lógica, y redondeando las cifras, el presupuesto mensual derivado a los 8.535 empleados de las 10 provincias que hasta el momento aportaron los datos asciende a $650.000.000 mensuales, esto es más de $7.800.000.000 anuales sin contar con el aguinaldo.

Pasados al dólar oficial el Gobierno habría destinado casi nueve millones y medios de dólares anuales a beneficiarios de manera irregular.

Marijuan solicitó a los fiscales y magistrados de cada distrito “hacer cesar los efectos del delito, me veo compelido a requerir que, una vez impulsada la acción penal, se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa. De tal suerte se impone, de manera inmediata, la necesidad de hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.

Hasta ahora 14 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no respondieron los requerimientos de la justicia a pesar de las dos intimaciones que recibieron por parte del fiscal Marijuan.

Se trata de CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Mendosa, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Como se explicó, la provincia de Buenos Aires respondió de manera parcial.

En la fiscalía los investigadores evalúan dos posibilidades “o no quieren dar a conocer los datos porque es un hecho escandaloso y que va contra la normativa del Potenciar Trabajo - que establece que la persona que consigue trabajo mientras lo está cobrando queda automáticamente suspendido en su cobro” -, o “están atrasados por el cambio de gobernadores”.

El programa tiene como objetivo “promover la inclusión social de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica” según lo establece las resolución que creó en 2020 el Potenciar Trabajo, y sus modificatorias 1625/2021 y 1868/2021 del entonces Ministerio de Desarrollo Social.

La normativa destaca que una de las incompatibilidades para recibir el plan es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.

A su vez, se puntualiza como incompatible “el ingreso y la permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.