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El proyecto de “sellos negros” ya cuenta con dictamen de las comisiones y solo resta ser sometido a votación en la Cámara baja.

El proyecto de ley de Etiquetado Frontal de Alimentos obtuvo este martes dictamen favorable en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. La iniciativa, impulsada por el oficialismo pero con apoyo de la oposición y el aval del Ejecutivo, se acerca así a convertirse en ley. Solo resta la votación en la Cámara Baja.

El Senado le dio media sanción a fines del año pasado, con 64 votos a favor y tres en contra, y pasaron casi 9 meses de ese primer "sí".

Este martes, en la reunión de comisiones el proyecto votado en la Cámara Alta obtenía 91 acompañamientos, sin cambios, contra 2 votos al rechazo; 12 a un dictamen alternativo de la diputada Carmen Polledo y 5, a otro alternativo del legislador Pablo Yedlin. La votación está abierta hasta el miércoles a las 10 para los que no pudieron manifestarse, aunque ya obtuvo el despacho de comisión.

La iniciativa busca concientizar a la población sobre los componentes nutricionales de la comida procesada y ultraprocesada, a partir de etiquetas negras que dirán "Alto en grasas", "Alto en sodio", "Alto en azúcares", entre otros indicativos al frente de los paquetes, latas y botellas.

Cada advertencia –que oficiaría como una "notificación" de alerta– vendrá acompañada de un consejo: "Evitar su consumo excesivo" o, directamente, "Evitar su consumo". Esto, según los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quienes este martes, en un comunicado oficial, recomendaron "apoyar sin cambios y sin más dilaciones la sanción del proyecto de ley que establece el etiquetado frontal de alimentos".

La industria está en contra y pedía cambios en el texto. La norma también busca regular las publicidades de estos alimentos y su venta en entornos escolares.

La ley de etiquetado frontal cuenta con el respaldo de la OPS.

En el caso de los productos envasados que choquen con esa vara nutricional, ese sello adoptará la forma de octógonos de color negro con borde y letras de color blanco en mayúsculas. El tamaño del sello no podrá ser nunca inferior al 5 % de la superficie de la cara principal del envase ni estar cubierto (parcial o totalmente) por ningún otro elemento.

Pero hay excepciones: no habrá sello en la cara principal del al azúcar, la sal de mesa, aceites vegetales y frutos secos.

Los productos con edulcorantes deben contener, inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia, la leyenda: "Contiene edulcorantes, No recomendable en niños/as".

En los últimos años se han desplegado iniciativas similares en Chile, Perú, Uruguay, Colombia y México.

El proyecto también prohíbe que los alimentos y las bebidas sin alcohol que contengan algún sello de advertencia, incorporen información nutricional complementaria, como logos o frases con el aval de sociedades científicas o asociaciones civiles, personajes infantiles, animaciones, o incluso celebridades y deportistas.

Un proyecto, varios dictámenes

Todo comenzó pasadas las 15 en la sala 2 del anexo C, sobre la calle Mitre, en un mix entre la presencialidad y la virtualidad. Quienes no se sentaron in situ , además del aforo de Diputados, lo hicieron por cuestiones de edad, salud o campaña en sus respectivas provincias.

Pablo Yedlin, diputado del Frente de Todos (FdT) y presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, tomó la palabra cedida por Cecilia Moreau, fue el primero de los oradores en hablar y por problemas de conexión, adelantó su votación: presentó un dictamen de minoría. Para "enmendar errores –dijo– del proyecto del Senado que no pueden subsanarse con la reglamentación". Aunque siempre remarcó que está "en total acuerdo" con un etiquetado frontal negro y la preocupación por el sobrepeso, sobre todo en niños.

"Propongo cuatro modificaciones. La primera, es que la etiqueta de advertencia es 'para alimentos procesados y ultraprocesados', excluyendo de esta condición a fórmulas para bebés de hasta 36 meses, alimentos para propósitos médicos específicos, suplementos dietarios, endulzantes y edulcorantes. La segunda, que los límites que definen las etiquetas deberían adecuarse (a Argentina) y no cumplir los límites de la OPS. Tercero, los plazos para que la industria se adecúe a la ley deberían ser más amplios, sobre todo en las Pymes, con un límite de entre 12 y 24 meses. Y, cuarto, que el Ejecutivo armonice esta ley con las normas de los tratados de comercialización vigentes con el Mercosur", enumeró el diputado, oriundo de Tucumán, la provincia azucarera que el año pasado marcó los únicos votos en contra.

Daniela Vilar, diputada del FdT, defendió el proyecto tal como llegó desde el Senado, marcó su importancia "en un país con índices alarmantes de malnutrición" y dijo que el acceso a la información sobre lo que comemos "tiene que ser un derecho". También dio un ejemplo personal, desde una iniciativa en Lomas de Zamora en comedores dependientes del Estado: "Cambiamos el jugo en polvo por agua, para que los niños y las niñas tomen más agua. Y al principio las madres se opusieron".

Carmen Polledo, diputada del bloque PRO de la Ciudad, también presentó un dictamen propio. "Hay cuestiones centrales del proyecto que no me permiten acompañarlo", dijo. Respetando la estructura del texto, sostuvo que, "nadie ignora que la obesidad y el sobrepeso deben prevenirse" y que "todos estamos de acuerdo con la información en el envases", pero" ¿Nos conformamos con informar, promover y educar o a prohibir, con herramientas de regímenes autoritarios". En alusión a las etiquetas negras.

"Hay una posición, desde el fanatismo, que dice que hay una sóla forma de hacerlo, con octógonos negros. Eso prohíbe que se informe sobre nada positivo que contenga ese alimento. Hay otros métodos, con respaldo científico, menos estigmatizantes y con información más precisa y útil, que en el largo plazo modifique conductas." Propuso la Guía Básica de Alimentación (GBA). Con categorías como "medio", "alto" y "bajo", y asigna colores rojo, amarillo y ver, con límites establecidos para los cuatro nutrientes críticos. Es el modelo que usa el Reino Unido, desde el 2018.

"Todos coincidimos con la cuestión de fondo. Una ley para le consumo saludable. Pero el modelo de etiquetado que viene del Senado, no es el único. La propuesta es mala", dijo Alejandro García, diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO y presidente de la Comisión de Industria, quien presentó un dictamen de rechazo y alegó no haber encontrado sustento científico en la efectividad de las etiquetas negras.

"Con este proyecto hay alimentos recomendados por la Comisión Nacional de Alimentación que van a quedar etiquetados con el sellos negros. Y prácticamente no va a quedar ningún producto quede sin etiquetar, Había una postura fijada de antemano, que no dio lugar a lo alternativo", agregó.

"Hay cuestiones que deben revisarse, como los plazos, a lo que son las pequeñas y medianas empresas en Argentina y el tema de la armonización con el Mercosur. No podemos supeditar las etiquetas al perfil de nutrientes de la OPS", dijo Graciela Camaño. Alejandro Rodríguez, de Consenso Federal, por la provincia, apoyó el proyecto de mayoría y coincidió con las revisiones de Camaño.

Sellos negros de advertencia. Se utilizan en Chile desde 2016. Foto AP

Florencia Lampreabe, del FdT y la casi la "cara" oficialista del proyecto, aclaró que la norma sí contempla al Mercosur que no contempla aclarar las cuestiones de la leche, porque "ya está implícito en la ley". También marcó que, de aprobarse, la ley devolverá el derecho a las personas a elegir lo que comen. "No hay lobby que pueda frenar la fuerza de una sociedad organizada", cerró.

Carla Carrizo, diputada de la UCR e interbloque de Juntos por el Cambio, apoyó el dictamen que llegó del Senado pero presentó tres disidencias. "Debe decir cuáles son los alimentos procesados y ultraprocesados, para que la ley no se judicialice. También proteger a la cadena de productos de primera infancia y médicos, debe decirse que están exceptuados. El tercer cambio es que se deben fijar los plazos para la adecuación de los productores", marcó.

Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, apuntó a que su bloque está en contra "de cómo se vende este proyecto", porque dice que "va a combatir la malnutrición y va camino a la soberanía alimentario", cuando no es así. Señaló que la industria que se opone "es la misma que aumenta los precios en pandemia".

Algunos consideraron una fortaleza que haya más de un dictamen –en total fueron cuatro los presentados–, otros, una debilidad.

La denuncia sostiene que existe 'una palmaria discrepancia entre la finalidad específica para la cual fue autorizada la exportación del material y su aparente posterior uso en el país de destino por parte de una fuerza armada extranjera'".

La denuncia por contrabando agravado, entre otros delitos, contra el expresidente Mauricio Macri y otros exfuncionarios de su gobierno por el envío de "material represivo" a Bolivia tuvo, entre otras bases, una investigación de la Dirección General de Aduanas, que depende de la AFIP, sobre "exportación temporaria" de armas.

Fuentes oficiales dijeron que la pesquisa de Aduanas "identificó evidencia que, junto con el resto de la producida por el Gobierno, permitió sustanciar la denuncia conjunta firmada por Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad y la AFIP por contrabando agravado en la 'exportación temporaria' de las armas de fuego y otros materiales controlados que comenzará a investigar la justicia".

Los voceros precisaron a Télam que "una 'exportación temporaria' permite que las mercaderías exportadas permanezcan con una finalidad y por un plazo determinado fuera del territorio, sujetas a la obligación de reingresarlas al país".

"La 'exportación temporaria' de las armas y municiones fue formalmente solicitada y autorizada con la finalidad específica de brindar seguridad a la Embajada Argentina en Bolivia", según la explicación del Gobierno de Macri, pero "esta situación no habilita la entrega de las armas o municiones a fuerzas militares bolivianas para su uso a discreción", añadieron.

La denuncia, resaltaron los voceros, "sostiene que existe 'una palmaria discrepancia entre la finalidad específica para la cual fue autorizada la exportación del material y su aparente posterior uso en el país de destino por parte de una fuerza armada extranjera'".

"Esta discrepancia, sumada al resto de la evidencia aportada en la denuncia, permite sostener la hipótesis del desvío de armamento para un fin no declarado que ahora investigará la justicia", resaltaron las fuentes oficiales.

Fuente TELAM