El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime recibió hoy la libertad en la causa por la tragedia ferroviaria de Once, pero seguirá detenido con prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza por otros dos casos de corrupción en los que todavía está siendo juzgado. Su condena por la tragedia ferroviaria en la que murieron 52 personas todavía no fue confirmada por la Corte Suprema, que sí confirmó la semana pasada las penas de los demás involucrados.

La decisión de dejarlo en libertad fue tomada por el Tribunal Oral Federal 2, que lo juzgó en la causa "Once 1" y lo condenó a siete años de prisión, aunque luego esa pena fue unificada por la Cámara de Casación con las de otros delitos y quedó en ocho años.

En un fallo firmado hoy, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Enrique Méndez Signori, revocaron la prisión preventiva que ellos dictaron en octubre de 2018 cuando la Casación confirmó la condena de Jaime.

El exfuncionario kirchnerista está detenido en el marco de la causa por la compra de trenes usados a España y Portugal desde abril de 2016 -causa cuyo juicio oral está en trámite ante el TOF 6-, y también tiene una prisión preventiva por la causa de los cuadernos de las coimas, que está en manos del TOF 7.

La semana pasada la Corte Suprema confirmó las condenas del exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, y de una veintena de involucrados en la Tragedia de Once, pero el caso de Jaime, según resolvió el máximo tribunal, fue enviado a la Cámara de Casación en busca de un doble conforme.

Después de ese fallo los abogados de Jaime, Darío Vezzaro y Eduardo Gómez Cami, se presentaron ante el TOF 2 que lo condenó por la tragedia ferroviaria y pidieron su excarcelación, bajo el argumento de que el plazo de la prisión preventiva se encuentra vencido y de que su pena no está siendo ejecutada.

El fiscal ante el TOF 2, Patricio García Elorrio, dictaminó a favor de que se le conceda la libertad en el Caso Once por considerar que la sentencia "no se encuentra en condiciones de ser ejecutada".

Sin embargo, antes del pronunciamiento de la Corte, la Cámara de Casación había determinado en un fallo que las penas por la Causa Once estaban en condiciones de ser cumplidas. La defensa de Jaime siempre utilizó como argumento para pedir su excarcelación o su arresto domiciliario que su cliente, en la causa por la Tragedia de Once, cumplía prisión preventiva.

Algo similar ocurrió con el caso del exvicepresidente Amado Boudou; mientras la Cámara de Casación ordenó la ejecución de la pena, su defensa sostiene que como la condena no está firme por la Corte Suprema Boudou cumple con prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Ricardo Jaime había pedido la prisión domiciliaria cuando comenzó la pandemia por coronavirus y como le fue denegada por el TOF 6 anunció que iniciaría una huelga de hambre en la cárcel y acudió a la Cámara de Casación.

En ese contexto el Gobierno pidió a la Justicia que se le concediera la prisión domiciliaria. El pedido lo formuló el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti ante la Cámara de Casación en su carácter de amicus curiae ("amigo del tribunal"), pero por la polémica que causó la presentación, desde el entorno del Presidente aclararon que no tenían conocimiento del tema.

Jaime tiene 65 años. Además de la condena por la Tragedia de Once, en la que se lo acusó de administración fraudulenta y estrago culposo, fue condenado en otras dos causas. En una de ellas confesó haber cobrado coimas de empresarios del transporte a los que él debía controlar, y en la otra fue condenado por sustracción de pruebas durante un allanamiento.

En un segundo juicio por la tragedia de Once fue condenado el exministro y exdiputado Julio de Vido a 5 años y 8 meses de prisión, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Pero ese fallo dictado en diciembre de 2018 está recurrido ante la Sala III de la Cámara de Casación que lo tiene a estudio desde hace un año y medio y aún no lo confirmó o revocó. La audiencia para revisar la sentencia de De Vido está programada para el 21 de octubre.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando un ferrocarril de la línea Sarmiento chocó contra el andén de la estación Once y provocó la muerte de 52 personas y heridas a más de 780.

La abogada feminista Claudia Perugino, coordinadora de Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MGyD), brindó detalles sobre cómo se implementará la iniciativa.

El programa Acompañar, oficializado el viernes por el presidente Alberto Fernandez, que brindará ayuda económica y acompañamiento a mujeres y población LGBTIQ+ en situación grave de violencia de género, no requerirá de denuncia judicial, no será burocrático, será compatible con otras asistencias estatales y seguirá el proceso de autonomía de las víctimas, destacó la coordinadora de la iniciativa.

"Se cierra una larga lucha y se inicia un nuevo capítulo en el reconocimiento de un derecho para las mujeres y personas de las diversidades sexuales que atraviesan situaciones graves de violencia de género", dijo a Télam la abogada feminista Claudia Perugino, coordinadora de Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MGyD).

La profesional es además docente de amplia trayectoria en la militancia política, de derechos humanos, acompañando a familiares de víctimas de femicidios y a niñas y niños abusados.

Perugino viene trabajando en distintas áreas nacionales vinculadas a la violencia de género como el programa Las Víctimas contra las Violencias, coordinado por Eva Giberti y es abogada del programa institucional contra la violencia de género de la Universidad Nacional de Quilmes, donde es docente en el diplomado de abordaje a las violencias.

"Se cierra una larga lucha y se inicia un nuevo capítulo en el reconocimiento de un derecho para las mujeres y personas de las diversidades sexuales que atraviesan situaciones graves de violencia de género"

Los ejes del programa
Acompañar "tiene dos eslabones: el económico y el de acompañamiento, porque si solo fuera económico y lo demás no lo potenciamos, quedaría trunco", definió la funcionaria.

El programa otorgará una ayuda económica equivalente a un salario mínimo, es decir que será de 16.875 pesos, durante un plazo de seis meses para "gastos esenciales" de personas en situación de violencia extrema y de riesgo.

Quiénes acceden
Para definir el riesgo, la cartera de MGyD "ya elaboró un programa informático que permite integrar datos de todo el país y posibilita definir si el riesgo es bajo, medio, alto, altísimo", explicó la abogada.

Serán las unidades ejecutoras que funcionarán en provincias y municipios las que cargarán los datos de las personas que soliciten ingresar al programa.

"Revisamos cada situación con el equipo, cruzamos información con Anses para ver incompatibilidades, y luego avisamos a la unidad respectiva que se aprobó el ingreso y se le comunica a la persona. Queremos evitar la burocracia, sabemos que quien está en situación extrema de violencia no puede pensar en papeles y trámites", destacó.

No podrán acceder al programa las personas que trabajan en relación de dependencia, que son monotributistas o autónomas, jubiladas, pensionadas, que cobren prestación por desempleo o reciban otra asistencia estatal por situación de violencia.

El apoyo económico será compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), con la asignación familiar por embarazo para protección social (AUE), con la destinada a personas con hijas e hijos con discapacidad, a quienes tienen monotributo social, son trabajadoras de casas particulares y cobran el Ingreso Familiar de Emergencia.

Seguimiento
La funcionaria resaltó "el cambio de paradigma" que significa que no se solicite denuncia judicial a quienes accedan a Acompañar porque "somos conscientes de la complejidad de la denuncia y no siempre las situaciones son judiciables".

Una vez que la persona ingresa al programa, la unidad ejecutora local "debe realizar un seguimiento y acompañamiento, y finalizado los seis meses brindar una evaluación, para saber si esa persona pasa a otro programa o si pudo acceder a un trabajo registrado".

Sin contraprestación
Acompañar "no requiere de una contraprestación, porque se trata de estar al lado de las personas que atraviesan situaciones de violencia, que tienen que ver con la violencia física, pero también con el control de su autonomía y de la propia vida, y estos procesos en soledad son imposibles", aseguró Perugino.

El programa comenzará en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe y Chaco.

Presupuesto
En el presupuesto presentado esta semana por el Ejecutivo Nacional al Congreso, contempla fondos por $6.205 millones para el Ministerio de MGyD, y del total asignado cobra especial relevancia el programa Acompañar, al contar con la partida de $4.500 millones.

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El presidente de la Cámara de Diputado volvió a referirse al ahora ex diputado. “No me arrepiento de nada”, afirmó. Ademas, ratificó el trabajo remoto. Y anticipó que se realizará “una revisión de las designaciones y un programa de despidos en la biblioteca del Congreso”

Luego del escándalo erótico que protagonizó en plena sesión el ahora ex diputado Juan Emilio Ameri, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, volvió a referirse al hecho cuestionando la actitud del ex legislador y contó además que están haciendo una revisión de las designaciones y evaluando despidos en el área de la biblioteca del Congreso.

Tras destacar la medida que él mismo tomó a principio de año junto a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, a partir de la cual se estableció que las designaciones del personal de gabinete no gozarán de estabilidad y concluirán con la finalización del mandato de la autoridad que lo nombró, Massa reveló: “Estamos procediendo a generar una situación de revisión de lo que algunos llaman el archivo de capas geológicas en la bibliteoteca del Congreso. Estoy firmando una resolución que establece por 90 días la revisión de todas las designaciones y un programa de despidos en esa área”.

Massa se refirió a la cuestión tras negar que la mujer con la que se vio a Ameri en la polémica sesión sea empleada de la Cámara de Diputados. En diálogo con radio Mitre, el funcionario repasó la incómoda situación del jueves pasado y ahondó sobre el mensaje que le envió al ex legislador salteño.

“Estaba presidiendo la sesión, veo en la pantalla del recinto lo que estaba sucediendo con el diputado Ameri. En ese momento me levanto de la presidencia y le pido al vicepresidente que me reemplace en el ejercicio. Después les pido a los secretarios que bajen la conexión del diputado y que lo echen del recinto de manera virtual. Me voy a mi despacho, convoco a las autoridades del Frente de Todos y les cuento. Volví al recinto y les comuniqué a los diputados que se conforme la comisión para su expulsión inmediata. No podía dejar pasar una cosa de tamaña gravedad", comenzó a contar.

Y continuó: “En un momento se ve que le avisaron al diputado Ameri de la situación y me acercan el teléfono porque me quería hablar. Yo dije que no lo iba a atender 'que renuncie o que lo íbamos a expulsar”.

“No me arrepiento para nada -aseguró Massa-. En un momento especial de la Argentina en pandemia, donde tenemos una situación muy difícil de resolver, no puedo admitir en un momento de sesión haya un tipo que haga eso. Ese diputado se burló de la gente, que con sus impuesto paga el funcionamiento democrático argentino. Lo volvería a echar una y mil veces".

El titular de la Cámara baja habló también sobre la charla que mantuvo con el presidente Alberto Fernández: “Me felicitó por la resolución. Le transmití la decisión de que no iba a permitir que termine la sesión sin que el tema estuviera resuelto. Me dijo que le pareció bárbaro”.

En otro pasaje de la entrevista, ratificó las sesiones remotas en Diputados. “El sistema no deja de funcionar porque un imbécil hace lo que no debe en el recinto. Lo puede hacer en su casa o en una banca, la inconducta y la inmoralidad no son condición desde donde uno hace sino lo que uno lo hace y lo que hicimos fue sancionarlo. Tenemos que entender que en la era de la democracia digital, de las comunicaciones a la distancia, el trabajo remoto acelera el funcionamiento, de las empresas, de las instituciones. Este año la Cámara de Diputados tuvo más sesiones que en la era Macri en el mismo período”, sostuvo.

“Hay dos millones de argentinos trabajando de manera remota en el marco de la pandemia. Con el funcionamiento remoto, la Cámara de Diputados se está ahorrando mucho dinero; solo en pasajes se ahorraron 280 millones de pesos. Mucha de esa plata se está donando al sistema sanitario argentino”, agregó.

Igualmente, indicó que a futuro habrá sesiones presenciales. “Cuando un tema por la envergadura o por la necesidad se debe discutir de manera presencial, como por ejemplo el presupuesto o el aporte solidario extraordinario, lo que va a suceder es que de acuerdo a la cantidad de diputados que informen que lo van a ser de manera presencial o remota, se definirá cuál es el ámbito que reúne las mejores condiciones sanitarias para la sesión presencial, y se les va a exigir que presenten el hisopado”, finalizó.

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