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espués de que el Gobierno anunciara la decisión de intervenir y expropiar la empresa , Vicentin expresó en un comunicado que "el camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación".

¿Cómo se enteró Vicentin de la noticia?

La empresa, que está en concurso preventivo por un pasivo declarado de casi $100.000 millones, más de US$1350 millones cuando se presentó a la Justicia en febrero pasado , remarcó que se enteró por los medios de la decisión oficial. La firma está en default desde diciembre último.

"Desde diciembre de 2019 el Directorio de Vicentin viene explorando distintas alternativas para refinanciar su deuda y recobrar el nivel de operación que supo tener en el pasado, que de ninguna manera se remonta a los últimos 4 años, sino que puede medirse en décadas de esfuerzo e inversión. Vicentin tiene 90 años de historia en la Argentina. Noventa años de cumplir siempre con nuestros trabajadores, nuestros proveedores y nuestros clientes", dijo.

"Entre las alternativas en análisis siempre estuvieron la venta de activos y la posibilidad de asociación con compañías nacionales. Dentro de esas opciones estuvo siempre contemplada YPF Agro. Todos sabemos lo que representa YPF para Argentina en el negocio de hidrocarburos, y también su muy importante vinculación con nuestro agro, por lo cual en ningún momento descartamos que puede ser un actor importante en el futuro de Vicentin", agregó.

Luego, la firma remarcó en relación a la medida oficial: "El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación. Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas. Por último reivindicamos la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas, de origen familiar y del interior del país, que se encuentra ajustada al marco legal vigente, dentro de un concurso preventivo de acreedores y que ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos".

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Se lo dijo al Juez de Garantías Marcelo Nieto Di Biase durante la audiencia donde se ratificó el acuerdo de juicio abreviado. ¿Por qué es importante escuchar a las víctimas?

“Necesito cerrar porque necesito seguir viviendo”, dijo la joven que fue violada por un grupo de jóvenes en Chubut, tras la audiencia con el Juez de Garantías Marcelo Nieto Di Biase (Foto ilustrativa / Shutterstock).

Como estaba previsto, esta mañana tuvo lugar la audiencia que encabezó el juez de Garantías Marcelo Nieto Di Biase, en la que participaron los imputados de haber abusado de una menor de 16 años en Chubut (Ezequiel Quintana, Leandro del Villar y Luciano Mallemaci) y sus abogados defensores; un psicólogo especializado en victimología; la denunciante y su terapeuta; y el fiscal Fernando Rivarola.

Finalmente, las partes ratificaron el acuerdo de juicio abreviado que tomará estado público en los próximos días.

Debido a la notoriedad que cobró el caso, tanto a nivel político como en la comunidad de las organizaciones civiles, el Ministerio Público Fiscal de Chubut brindó algunas precisiones del accionar de la Justicia. Según indicaron desde su página web, la joven manifestó que está totalmente conforme con el acuerdo y que fue aliviador, porque le permitió dar un cierre definitivo a este hecho. “Necesito cerrarlo porque necesito seguir viviendo”, sostuvo.

Además, contó que cuando comenzó la causa, el fiscal Fernando Rivarola le explicó que iba a investigar hasta donde ella aceptara y que cuando no quisiera seguir se lo informara. “El Fiscal siempre me mantuvo al tanto de cada una de las pruebas que se iban recolectando y me explicaba cuan valiosas eran o no. Nunca me sentí presionada”, dijo la chica ante el juez.

De acuerdo con su terapeuta, quien la atiende desde 2015, la joven se encontró en posición de “sujeto activo” capaz de tomar decisiones en torno a este proceso judicial. “Tiene un fuerte deseo de sanar a partir de que los imputados reconozcan que este hecho sucedió y que ellos fueron partícipes”, explicó la licenciada en Psicología y contó que, tras el acuerdo de juicio abreviado, su paciente sintió “una inmensa tranquilidad” y “empezó a retomar su vida cotidiana”.

Acerca de la decisión de la joven de no querer afrontar un juicio oral, la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), sostiene que es importante que las víctimas tengan un rol activo en la toma de decisiones ya que es parte del ejercicio de sus derechos.

“En los delitos sexuales y de género esto tiene una particular importancia porque todavía estamos frente a un escenario donde el sistema de la Justicia responde de manera revictimizante y expulsiva con las mujeres y con las víctimas de delito. Las hacen atravesar situaciones incómodas, sometiéndolas a tests psiquiátricos, dudando de su palabra y, a veces, el camino se vuelve arduo y sinuoso y no todas quieren atravesarlo”, explica la fiscal Labozzetta a Infobae.

En sintonía con ella, la abogada feminista Sabrina Cartabia sostiene que un juicio oral es revictimizante (“Muchas veces, las mujeres pasan a ser las que están en el banquillo de los acusados”) y hace hincapié en que las alternativas a esa instancia son tan válidas como necesarias.

"Lo que se demostró con este caso es que es clave preguntarse qué es lo que necesitan las víctimas. La mayoría de las mujeres que denuncian delitos de violencia de género no quieren que los victimarios vayan presos, sino que buscan un reconocimiento de lo que les pasó o poder hablar libremente del tema sin miedo a que les hagan un juicio. Cuestiones que, muchas veces, el sistema penal no contempla”, apunta la letrada en diálogo con este medio.

Para Natalia Gherardi, abogada y directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), este juicio abreviado responde a lo que la adolescente quería de la Justicia. “Enfrentar un juicio oral para una mujer que atravesó una situación de violencia sexual no es gratuito. ¿Por qué? Porque implica enfrentarte a los agresores y a los interrogatorios y eso tiene sus consecuencias. Si ella decide que no es lo que quiere, merece ser escuchada. ¿Quiénes somos nosotros para decir si esa chica decidió bien o mal?”, reflexiona.

Por otro lado, Gherardi pone en duda la utilización del término “víctima”. “Fue víctima de un delito, pero eso no la define. No me parece bien que en nombre de la Justicia se le quite ese lugar de autonomía desde el cual, si es que tiene suficiente acompañamiento y las herramientas para procesar lo que quiere para sí misma, ella decida lo que quiere", apunta.

El debate por el término “desahogo sexual”

En su dictamen, el fiscal Fernando Rivarola modificó la calificación legal de “abuso con acceso carnal” por la de “abuso sexual simple, agravado por la participación de dos o más personas”, y argumentó el pedido de juicio abreviado utilizando la definición “accionar doloso de desahogo sexual”. Según se explicó, la modificación de la calificación legal se debió a la falta de pruebas en el expediente, la dificultad de probar una violación siete años después y la decisión de la adolescente a no “exponerse” en un juicio oral.

De acuerdo con lo expuesto por la terapeuta de la adolescente, cuando la resolución de Rivarola cobró status público, la joven volvió a sentirse una víctima. “El caso reapareció en las redes sociales y la televisión sin su consentimiento”, dijo la licenciada en psicología.

Según Natalia Gherardi, la velocidad de las redes sociales atentó contra la posibilidad de reflexión y de escucha. “Se armó una gran marea alrededor de la frase de ‘Desahogo sexual’, que generó estupor, pero no se leyó más allá. Según se consignaba, y ahora se refuerza, esto es lo que esta joven estaba dispuesta y quería de la Justicia”, explica la directora de ELA.

Para Mariela Labozzetta y Sabrina Cartabia el mensaje que se trasladó fue un retroceso en términos de los avances que se vienen haciendo durante los últimos años para incorporar una mirada de género en el sistema de Justicia.

“Creo que el lenguaje es reflejo de la realidad y, al mismo tiempo, genera realidad. El Ministerio Público Fiscal de Chubut sostuvo que el término ‘Desahogo sexual’ era correcto, como si el uso de la expresión fuera un problema de los que no entienden Derecho, cuando en verdad el problema es su falta de perspectiva de género”, advierte Cartabia.

“Más allá de que este término está en la doctrina jurídica no se puede seguir usando porque es seguir perpetrando un estado de cosas que ya no existe, es naturalizar la violencia sexual como si fuera una necesidad biológica”, concluye Labozzetta.

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Un hombre de 37 años fue atacado por su perro raza pitbull el último sábado en el barrio Villa Corina de la ciudad de Cordoba y sufrió la amputación de la mitad de su brazo derecho y una fractura expuesta en el izquierdo.
El violento episodio ocurrió a las 2 de madrugada en la calle José Melián al 2100 y trascendió por los desgarradores gritos de dolor de la víctima, que puso en alerta a los vecinos, que al instante llamaron a la policía.

Los agentes llegaron al lugar de los hechos y se encontraron al hombre tirado en el suelo, bañado en sangre e intentaron controlar a la mascota, pero el animal estaba incontrolable.
Esperaron unos segundos más y cuando uno de los uniformados intentó salvar la vida del agredido, el pitbull los intentó morder y no dudaron en sacar el arma y dispararle.
El sujeto fue trasladado inmediatamenal al Hospital de Emergencias donde fue atendido de urgencia.