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A raíz del avance del coronavirus, el Gobierno dispuso el cierre total de las fronteras de la Argentina hasta el 31 de marzo. Así lo estableció mediante un Decreto, a publicarse en el Boletín Oficial de este viernes, que sólo contempló algunas excepciones.

En primera instancia, la normativa estableció la ampliación “de los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso dispuesta por el Decreto N° 274 del 16 de marzo de 2020, a partir de la entrada en vigencia del presente, a las personas residentes en el país y a los argentinos y las argentinas con residencia en el exterior" y aclaró que "estará vigente hasta el 31 de marzo, inclusive, del corriente año”.

El Decreto 274 había establecido la misma prohibición, pero para “personas extranjeras no residentes en el país”. Es decir, la imposibilidad para ingresar al país se hizo extensiva a todos los residentes de la Argentina, nativos o extranjeros, y también a los compatriotas que viven en el exterior.

Por otra parte, la Resolución N° 567 del Ministerio de Salud ya había determinado la prohibición de ingreso al país, por un plazo de 30 días “de las personas extranjeras no residentes que hubieren transitado por zonas afectadas en los 14 días previos a su llegada”.

En cuanto a la nueva medida, el artículo 2° determinó las excepciones para:

- Las personas que se encuentren comprendidas en las excepciones dispuestas por el Decreto N° 274 del 16 de marzo de 2020 (personas que estén afectadas al traslado de mercaderías, transportistas y tripulantes de buques y aeronaves y personas afectadas a la operación de vuelos y traslados sanitarios).

- Las personas que, al momento de la entrada en vigencia del presente decreto, se encuentren en tránsito aéreo hacia la República Argentina con fecha de ingreso comprobada dentro de las 48 horas siguientes.

“Sólo van a poder ingresar quienes tengan situaciones excepcionales”, había adelantado este miércoles Alberto Fernández, en una entrevista cedida a Telefé.

“Por ahora hemos decidido no ingresar más gente. Le he instruido al Canciller (Felipe Solá) para que ayude con recursos a los que están en el exterior para que podamos ordenar este tema”, había agregado el Presidente, aclarando que los argentinos que se vean imposibilitados de regresar al país contarán con la asistencia del Estado.

“En lo inmediato, salvo algún caso excepcional que lo justifique, van a tener que quedar esperando el momento del regreso. Por ahora los regresos están suspendidos, y la entrada por las fronteras también.Estamos tratando de reglamentar el ingreso de los mayores de 65 años. El resto que esperen un poco. Los iremos a correr cuando el riesgo argentino sea manejable”, completó el mandatario, en alusión a uno de los grupos de mayor riesgo.

Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi se refirió este jueves a los argentinos varados en el exterior. “Vamos a ir regulando los que entran a medida que se vaya evaluando la situación en el país. Su ingreso dependerá de si el sistema de salud pública puede absorberlos. No queremos que esto genere que tengamos que enfrentar a la pandemia con complicaciones”, explicó en declaraciones a C5N.

En tanto, entre los considerandos del nuevo Decreto se recordó que “se estableció para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio en los términos allí indicados, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica”.

Asimismo, se destacó que, si bien “la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el inciso 5 del artículo 22 que nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo”, ese mismo organismo dictaminó que “en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del EstadoParte, este podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esa Convención”.

En la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó este jueves que son 87 los nuevos casos positivos de COVID-19 y que la cifra de infectados aumentó a 589 en todo el país. Asimismo, hasta la fecha se registraron 12 muertes.

De los nuevos contagios confirmados, 30 son de la Ciudad de Buenos Aires, 27 de la Provincia de Buenos Aires, 12 de Santa Fe, 3 de Chaco, 3 de Córdoba, 3 de Tierra del Fuego, 3 de Neuquén, 2 de Jujuy, 2 de Santa Cruz, 1 de Mendoza y 1 de San Luis.

Las únicas excepciones son:

- El traslado de mercaderías por operaciones de comercio internacional de transporte de cargas de mercaderías, por medios aéreos, terrestres, marítimos, fluviales y lacustres.

Los transportistas y tripulantes de buques y aeronaves.

Vuelos y traslados sanitarios.

Estaba internada en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires.

La Argentina registró su séptima víctima por coronavirus. Se trata de una mujer de 81 años que estaba internada en el Sanatorio Otamendi, en la ciudad de Buenos Aires.Según pudo saber TN.com.ar,la paciente tuvo un contacto estrecho con una persona que había viajado a los Estados Unidos y que también está internada en el Sanatorio Agote. Se trata de un hombre de 82 años.
De esta forma ya son tres las víctimas fatales por Covid-19 en el territorio porteño.
En este marco, el miércoles las autoridades sanitarias de la Ciudad informaron que desde el inicio de la pandemia hospitalizaron a 174 personas por coronavirus, de los que 119 aún permanecen con atención médica.
Por otra parte, en la Ciudad hay 348 casos sospechosos en estudio y se sigue conatención a 914 personas que tuvieron contacto con los casos confirmados.

El último reporte del Ministerio de Salud de la Nación informó 86 nuevos casos en el país, lo que elevó la cifra de infectados a 387 en toda la Argentina.

El martes perdieron la vida por Covid-19 un hombre de 71 años, que estaba internado en la Clínica 25 de Mayo, en la Ciudad de Mar del Plata, y un hombre en el Chaco.

La medida fue tomada a través de un DNU. Es por tres meses y apunta a beneficiarios de la AUH, jubilados y pensionados y electrodependientes.

El Gobierno resolvió que las prestadoras de servicios de energía eléctrica, gas por redes, agua corriente, telefonía fija o móvil, Internet y televisión por cable no podrán suspender los servicios por mora o falta de pago durante los próximos tres meses a los sectores más vulnerables, cooperativas y pymes. La decisión se tomó en línea con las medidas adoptadas ante la emergencia por el coronavirus.

Según el decreto publicado este miércoles, los tres meses comenzarán a correr con retroactividad al 1° de marzo pasado, con lo que por ahora esta medida se cumplirá hasta el 31 de mayo.
La norma dispone que quedarán alcanzados por este beneficio los usuarios que integran los sectores más vulnerables y con aviso de corte en curso.

Si se trata de servicios de telefonía fija o móvil, Internet, televisión por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, las prestatarias quedarán obligadas a mantener un servicio reducido conforme se establezca en la reglamentación.

¿Quiénes son alcanzados?

De acuerdo con el decreto publicado este miércoles, los beneficiados por esta norma serán:

- Los beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

- Los beneficiarios y beneficiarias de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

- Los usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

- Los jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

- Los trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

- Los usuarios que perciben seguro de desempleo.

- Los electrodependientes, beneficiarios de la Ley N°27.351.

- Los usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (26.844).

- Los exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) afectadas en la emergencia, según lo disponga una reglamentación a definirse.

- Las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación.

- Las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación.

- Entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos.

Otras medidas

Por otra parte, se decidió suspender hasta el 30 de abril (inclusive) la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias y a la inhabilitación a los clientes que no puedan cumplir con sus compromisos con el pago de cheques por falta de fondos.

También determinó la suspensión de la obligación establecida en el artículo 12 de la Ley N° 14.499, respecto de que las instituciones crediticias requieran a los empleadores, en forma previa al otorgamiento de crédito, una constancia o declaración jurada de que no adeudan suma alguna en concepto de aportes y/o contribuciones, o que, habiéndose acogido a moratoria, se encuentran al día en el cumplimiento de la misma.

Estas decisiones son parte de la batería de medidas implementadas por el Gobierno nacional para morigerar los efectos económicos de la pandemia, que tiene 387 infectados en el país y seis muertos.

En el Decreto de Necesidad y Urgencia que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial se sostiene que la situación económica actual "hace prever que el rechazo de cheques por falta de fondos, habrá de incrementarse por efecto de esa situación y no necesariamente por un inadecuado uso del instrumento por parte de los libradores".

Y que "en tales circunstancias, la aplicación de las multas previstas para el caso de rechazo de cheques no solo no cumpliría su finalidad, sino que agravaría la situación de sujetos ya afectados por la coyuntura económica descripta, y el cierre de la cuenta e inhabilitación que impone el artículo 1° de la Ley N° 25.730 privaría a los agentes económicos afectados por estas de un elemento esencial para poder desarrollar sus actividades, perjudicando la posibilidad de realizar y recibir pagos, con el consecuente daño al conjunto de la economía".

FUENTE TN